Académicos en el proceso constitucional: cuatro miradas a una tarea trascendental
Doctores en Derecho que participan en el desafío de elaborar una nueva propuesta de Carta Fundamental hablan sobre sus motivaciones y expectativas, el anteproyecto y la desafección.
De los nueve profesionales de la Región de Valparaíso o vinculados a la zona que participan en los órganos del proceso constitucional, ocho son abogados y una periodista completa la nómina. Y de los juristas, cuatro son académicos que se desempeñan o lo hicieron hasta hace poco en universidades porteñas.
El órgano que inició el proceso es la Comisión Experta, que elaboró el anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, y de ella forma parte, patrocinado por el Partido Socialista, Flavio Quezada Rodríguez (36), doctor en Derecho y profesor de Derecho administrativo en la Universidad de Valparaíso, miembro de la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales.
La fase que comenzó el 7 de este mes corresponde a la discusión y redacción de las normas de la propuesta de nueva Carta Magna, sobre la base del anteproyecto elaborado por los expertos, tarea que lleva a cabo el Consejo Constitucional.
Entre sus miembros elegidos por la 6ª Circunscripción, Región de Valparaíso, está María Soledad Pardo Vergara (34, Convergencia Social), abogada y doctora en Derecho por la Pontificia UCV, quien ha sido profesora de Derecho Constitucional en esa institución y en la Universidad de Playa Ancha, y hace clases en la Universidad Católica del Norte, quien se integró a la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos.
Académico de larga trayectoria es el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle Acevedo (67, independiente-PS), doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica en la Universidad de Valparaíso, de la que fue rector por tres periodos, así como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, quien se sumó a la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
El doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de esa misma casa de estudios, Juan Carlos Ferrada Bórquez (54) forma parte del Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 abogados nombrados por la Cámara y ratificados por el Senado, cuya misión consiste en resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan las bases institucionales establecidas para el proceso.
Aquí se refieren al anteproyecto de la Comisión Experta, sus expectativas respecto del proceso, la desafección de la ciudadanía al mismo que vienen registrando las encuestas y la significación que tiene para ellos trabajar, en distintas funciones, en la elaboración de la propuesta constitucional.
Valoración y ausencias
En lo que respecta al anteproyecto sobre el que trabaja el Consejo, María Soledad Pardo destaca especialmente que sea producto de un acuerdo transversal y en muchos aspectos -como mecanismos de participación ciudadana, regulación de la Corte Constitucional y de la relación de los partidos entre sí y con el Congreso- implique una profundización del carácter democrático del país.
Pero hubiera querido "incorporar, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo de cuidado, para mí una cuestión fundamental que creo es el gran ausente del proyecto"; le gustaría mejorar lo atingente a la regla de paridad y cree que hay que "poner mucha atención a todas las esquinas del texto constitucional que se refieran a derechos y participación de las mujeres", pues asegurarlos "no es sólo para ellas, es para el país".
Flavio Quezada, integrante de la Comisión que lo redactó, plantea que "para mí lo más valioso es la amplitud y transversalidad del acuerdo que sustenta ese texto". Como quizás todo ciudadano, agrega, "yo quisiera más cosas y si escribiera solo la Constitución de seguro sería bastante distinta en varios temas. Pero hacer un ejercicio político y técnico de este tipo, evidentemente que exige ponerse de acuerdo entre personas que piensan muy diferente".
Habría preferido, dice, una fórmula más decidida en materia de paridad y, en lo que respecta a derechos sociales, la consagración del derecho al cuidado. También opina que "podríamos haber sido más vanguardistas" en lo que se refiere a medio ambiente.
Calidad y equilibrio
Aldo Valle, en tanto, valora el alto nivel del trabajo en términos jurídicos, políticos y del ámbito constitucional, porque en todas las materias tratadas se hizo un aporte. "No quiero decir con esto que el texto esté terminado, ni que haya que omitir la reflexión crítica y una revisión exhaustiva, pero es un texto que reúne muchas cualidades, lo que va a facilitar el trabajo del Consejo Constitucional".
En cuanto a las materias que le gustaría que se incorporaran, menciona la negociación colectiva por rama en la producción, un mayor control de la efectividad de las políticas públicas y determinar también las responsabilidades políticas del Estado y sus autoridades ante la sociedad, para que las respuestas de aquél sean más oportunas y efectivas, en el marco de una modernización "que a mí me parece requiere más desarrollo en la Constitución".
Juan Carlos Ferrada complementa: "Creo que es una propuesta bastante equilibrada. Quizás uno podría decir que es poco ambiciosa, porque no aborda algunos temas que podrían ser relevantes, pero yo diría que abre es un espacio para que la discusión política se produzca en el futuro en igualdad de condiciones, con la posibilidad de que cualquier grupo político pueda gobernar, y pienso que eso es lo más importante".
BASES institucionales
También los académicos se plantean acerca de si las bases institucionales han implicado o implicarán limitar en demasía la elaboración de la propuesta constitucional.
Flavio Quezada puntualiza que las bases son "elementos desde los cuales se construye, no definiciones decantadas, y más que limitar, yo diría que más bien enmarcan la tarea, considerando también las visiones muy distintas que concurrieron al acuerdo que dio origen a este proceso".
María Soledad Pardo refiere que si bien en un primer momento, desde su postura académica, fue crítica de las bases, hoy piensa que constituyen "un gran marco de confianza y que no establecen grandes definiciones en términos de fondo, sino que eso lo dejan a la decisión de los órganos constituyentes, que son la Comisión Experta y el Consejo Constitucional". Agrega que los consejeros tienen que trabajar sobre la base del texto emanado de la primera, y le parece "que hay bastante espacio para dar la discusión democrática y para llegar a consensos, en torno a lo que se señala en el anteproyecto".
Juan Carlos Ferrada plantea que las bases habilitaban un proceso constitucional, a la vez que lo limitaban en el sentido que "daban algunas pautas que eran bastante generales, pero determinaban lo que se podía discutir y lo que no", al fijar por ejemplo la existencia de los tres poderes del Estado o un Legislativo bicameral. El anteproyecto también contiene una serie de opciones, observa, pero puede ser revisado por el Consejo Constitucional, que tiene las facultades para hacerlo, siempre que no transgreda las bases institucionales.
Aldo Valle no cree que las bases limiten las posibilidades de contar con una Constitución
Rosa Zamora Cabrera
rosa.zamora@mercuriovalpo.cl