democrática, "probablemente -y ese es mi anhelo- más democrática que la que todavía tenemos vigente, y obviamente más moderna que se dará el país a partir de este nuevo texto en relación a su historia".

ACOGIDA del texto Tres días antes de la instalación del Consejo Constitucional, el Presidente Gabriel Boric destacó el trabajo realizado por la Comisión Experta. "Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte su deliberación", sostuvo, a la vez que manifestó que ese es un logro "valioso para el país" y que él lo votaría a favor.

Acerca de la recepción que ha tenido el texto, el experto Flavio Quezada refiere: "Me deja tranquilo la buena acogida en general que ha habido por parte de distintos sectores, no solo por el Presidente, y se agradece sin duda ese reconocimiento. Ahora viene una nueva etapa y se acaba de impulsar, con la exposición de los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, la fase de la participación ciudadana, que espero ayude a conectar más a la ciudadanía con el proceso".

Aunque dificulta que a estas alturas haya en la ciudadanía un conocimiento exhaustivo del texto, Aldo Valle tiende a pensar que la buena acogida deriva de la forma de trabajar de los integrantes de la Comisión Experta, de sus planteamientos, "austeridad verbal" y ausencia de una "contienda vociferante", a pesar de que "hubo debates porque hubo diferencias". Le parece que todo esto es valorado, "aunque no se diga explícitamente, y se traduce en un juicio sobre el texto, pero yo creo que más bien lo que está revelando es cómo percibe la sociedad el desempeño de la Comisión".

"En el mundo político, yo creo que ha tenido buena acogida en general, pero tengo mis dudas respecto a la recepción de los ciudadanos de a pie", plantea Juan Carlos Ferrada. "No veo que genere algún tipo de adhesión aún, pero probablemente se debe a que la mayoría de las personas no ha leído el anteproyecto, y además hay una mala percepción del proceso anterior, en el sentido que dejó muchos heridos, decepciones y frustraciones".

El académico espera que en la medida que se acerque el plebiscito haya una mejor opinión respecto de este proceso constitucional, "pero eso va a depender de que los actores del Consejo estén a la altura de la discusión que se les plantee y de lo que los chilenos pretenden con un texto constitucional".

Para María Soledad Pardo, la valoración positiva se relaciona con que "es un texto muy de consenso y que calibra bien la distinción entre aquello que es y no es necesario decidir a nivel constitucional, porque sería rigidizar innecesariamente una cuestión que vale la pena dejar a la decisión del legislador", considerando que una de las críticas al texto de la Convención fue que se constitucionalizaban varias materias. Aun cuando "de todas maneras hay cosas que me parece podemos mejorar".

Desafección ciudadana

De acuerdo a la encuesta Cadem publicada el domingo 11, el 26% de los consultados votaría a favor en el plebiscito de diciembre, frente al 51% que lo haría en contra, el nivel de rechazo más alto registrado hasta ahora, lo que es revelador de la desafección ciudadana respecto del proceso constitucional.

"No conozco el detalle de la encuesta, pero probablemente buena parte de quienes rechazan no ha leído el anteproyecto, lo que es parte de los problemas que supone plebiscitar un texto constitucional", opina Juan Carlos Ferrada. "Aunque creo que ese es un problema, me parece necesario hacer un plebiscito del texto constitucional y hay que tratar de que los ciudadanos lo lean, lo discutan, por cierto lo critiquen también, pero que tengan una respuesta informada el día de la votación".

Para María Soledad Pardo "es una preocupación muy importante. Creo que no podemos soslayar que es un hecho que la ciudadanía está desafectada. Estamos trabajando, haciendo todos los esfuerzos para llegar de manera oportuna a las personas para poner de relieve la importancia de lo que está en juego, que es el futuro del país".

"No me gusta pronunciarme sobre las encuestas porque no es mi área, pero como ciudadano también tengo la impresión de que hay en general cierto desgano y apatía", comenta Flavio Quezada. Sin perjuicio de ello, complementa, es más probable que la propuesta constitucional logre conectar con la ciudadanía en la medida que responda a sus prioridades, plasmadas en un informe de sistematización de la participación ciudadana de los últimos años que recibieron los expertos, "que muestra que cuando la ciudadanía se abstrae de los problemas más cotidianos y urgentes, y piensa en términos constitucionales, la inmensa mayoría aspira a una debida consagración de derechos sociales, culturales y ambientales".

Aldo Valle se declara muy preocupado por esta situación y subraya que "todos tendríamos que preguntarnos muy seriamente qué ocurrió para llegar a esta desafección cívica con las principales instituciones del país", a la vez que espera "que todos contribuyamos en este tiempo a que la gran mayoría se forme un juicio de manera muy responsable y tenga interés en conocer este proceso, su resultado y la decisión que se adopte en diciembre".

El exrector recalca que "todos los ciudadanos tenemos que estar, a mi juicio, con las alertas encendidas porque los sistemas sociales necesitan normas estables que le den confianza a la mayoría de la ciudadanía, ojalá de un modo bastante plural y amplio".

Expectativas

Responsabilidad, honor y compromiso son conceptos que resumen la significación que tiene para los cuatro académicos haber sido convocados o elegidos para formar parte del proceso constitucional, del que esperan surja una Carta Fundamental que dé adecuada respuesta a las necesidades, aspiraciones y desafíos de la sociedad chilena.

"Que a uno se le escoja por su experiencia y conocimiento para ponerlo al servicio de la política democrática, sin duda es un gran honor, y también un gran desafío", señala Flavio Quezada. "Mi sensación final es de tranquilidad, porque hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí en el contexto que nos tocó, que no es fácil ni en Chile ni en el mundo democrático en general". Espera "que lleguemos a un texto mejor que lo que hay hoy, y que permita que lo apruebe un amplio y transversal grupo de la sociedad"-

"Independientemente de lo que pase en diciembre -remarca-, también tengo la certeza de que aquellos que abogamos por un constitucionalismo democrático y social vamos a persistir, porque alcanzar una Constitución elaborada democráticamente es irrenunciable".

Para Aldo Valle, su candidatura y posterior integración al Consejo se enmarca en el compromiso y consecuencia con una posición política que valora la democracia, y con la convicción de que ella requiere instituciones legítimas y sólidas.

"Vamos a vivir un proceso deliberativo que a veces va a tener momentos álgidos de controversia, pero eso no debe alarmarnos ni atemorizarnos, y en ningún caso inhibirnos de hacer cada día renovados esfuerzos por llegar a acuerdos, para que este proceso resulte finalmente en un texto que una gran mayoría del país apruebe", subraya.

Juan Carlos Ferrada dice que "uno no está en esta tarea por trabajo ni por dinero, sino porque es un honor hacerlo, porque entiendo que es una oportunidad única en la historia de nuestro país", y además siente que es un orgullo para la Facultad de Derecho de la UV que tres de sus profesores participen en el proceso constitucional, lo que conlleva "una valoración de la universidad como instancia de reflexión académica, de debate serio y de contribución de ideas para el país".

Su principal expectativa es que la propuesta constitucional se apruebe en diciembre. Si no ocurre así, lo sentiría como un fracaso, porque sería "un intento perdido de modificar la Constitución que tenemos, la que evidentemente no está a la altura de lo que requieren los nuevos tiempos".

Para María Soledad Pardo, integrar el Consejo Constitucional "significa una gran responsabilidad, un gran desafío que tomo con la mayor seriedad". Piensa que en esta etapa se debe dar "un diálogo abierto, horizontal, en el que yo me siento muy llamada a demostrar por qué las mujeres somos tan importantes en política, porque creo que hemos desarrollado una manera de discutir, de hacer política, que le hace muy bien a esa actividad".

Su principal objetivo es que al concluir el proceso "podamos presentarle a la ciudadanía un texto constitucional que, en comparación con el de 1980, sea de mejor calidad, más democrático, garantice una mayor eficiencia de los órganos del Estado y permita a las personas mejorar sus condiciones de vida". Cree que eso "es algo en lo que la Constitución puede ayudar, obviamente no puede resolver todos los problemas, pero por supuesto puede contribuir". 2

Tendríamos que preguntarnos muy seriamente qué ocurrió para llegar a esta desafección cívica con las principales instituciones del país".

Las discusiones que se han hecho públicas remiten más bien a opciones políticas, pero no afectan en general a las bases institucionales".

Hay bastante espacio para dar la discusión democrática y para llegar a consensos en torno a lo que se señala en el anteproyecto".

"Habría preferido una fórmula más decidida en paridad, la consagración del derecho al cuidado y ser más vanguardistas en medio ambiente".

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El académico Juan Carlos Ferrada, miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, cuya tarea es resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la Comisión o el plenario del Consejo Constitucional, o por la Comisión Experta, que contravengan las bases institucionales establecidas para el proceso, cree que el contenido del anteproyecto se ajusta bastante a ellas, por lo cual, "si la discusión se mantiene en esos términos, no debería haber gran conflictividad".

De hecho, el Comité aún no ha tenido intervención en el proceso. Podría haberlo hecho si 2/5 de la Comisión Experta lo hubiera requerido, pero eso no ocurrió y el anteproyecto terminó aprobándose por altos quórums, casi por unanimidad en muchos casos.

A la hora de proyectar los ámbitos en que se podrían producir conflictos durante el trabajo del Consejo Constitucional, Ferrada explica que la regulación para el Comité Técnico de Admisibilidad estableció también que los conflictos sobre omisiones en el desarrollo de las bases institucionales podrían llegar a este órgano.

Así, "se podría plantear que algunas de las bases no han sido suficientemente desarrolladas en el texto constitucional, y ahí podrían generarse discusiones", aunque cree que en el anteproyecto "las bases se desarrollaron y no hay espacio para sostener una omisión".

De requerirse la intervención del Comité, podría ocurrir entre septiembre y octubre, dado que -salvo el tema de la omisión- éste no se pronuncia sobre propuestas, sino sobre normas aprobadas.

Entonces, su actuación podría ocurrir durante la etapa de aprobación de normas que se añadan o modifiquen el anteproyecto por parte de las comisiones, y luego por parte del plenario. "Si es que se van a producir conflictos, probablemente se van a centrar en esos meses. Es muy difícil que se generen antes, porque en la fase previa recién se están discutiendo las normas", refiere.

En todo caso, Ferrada tiende a pensar que el Comité no debería tener una tarea muy ardua porque, por una parte, "las bases institucionales son relativamente sencillas, claras y de fácil comprensión" y, por otra, las discusiones que se han hecho públicas remiten más bien a opciones políticas, a política contingente, pero que no afectan en general a las bases institucionales, que es el ámbito en el cual puede actuar este órgano. 2