"La urgencia de hoy es reactivar la economía y la construcción es una palanca que puede mover al país de forma importante", plantea el presidente de la Cámara Chilena de la actividad, Juan Armando Vicuña Marín.

El ingeniero comercial y expresidente regional del gremio remarca que la entidad estima que a nivel nacional el déficit de viviendas públicas y privadas se acerca a un millón. "Ese es el gran problema que existe, que nadie toma el toro por las astas y lleva adelante la reactivación del país", subraya.

"BUROCRACIA RETRóGRADA"

El dirigente empresarial también califica como "pésimo" que el ministerio del ramo aún no llame a licitación para concesionar obras públicas, porque se trata de proyectos largamente esperados por la comunidad -desde consultorios hasta carreteras- cuyo retraso "por tramitología, permisología o trabas burocráticas" afecta directamente a las personas.

Duro crítico de las paralizaciones de obras dispuestas por algunos municipios a proyectos de viviendas, y de lo que califica como "burocracia retrógrada" que golpea al sector, dice que eso perjudica fuertemente la inversión en el área de la construcción, mientras se dispara el déficit de viviendas.

Asimismo, plantea que la mejor forma de desincentivar las tomas de terrenos es el acceso expedito a la vivienda, y es partidario de ir con todo el peso de la ley contra las usurpaciones, que hacen que miles de familias que cumplen las reglas vean frustrados sus sacrificios cuando los predios donde tenían asignadas sus viviendas son ocupados ilegalmente.

Permisos se desploman

- Usted señaló que se estima que este año la inversión en construcción caerá 5,9% y que en el primer trimestre se perdieron más de 46 mil empleos a nivel nacional. ¿Cómo puede repuntar la situación?

- Hay que cerrar el tema de las reformas y dedicarnos a crecer como país. Que las reformas tengan incentivos a la inversión, no sólo pública, sino también privada, que está muy golpeada. Es urgente. Estimamos que si se sigue retrasando, por ejemplo, la licitación de obras, va a aumentar el desempleo y el descontento de la gente que las necesita. Por otra parte, la inversión privada, que es el gran motor de la economía, no está siendo activada porque hoy estamos sujetos a tal cantidad de burocracia y de tramitología, que desincentiva fuertemente que las personas puedan llevar proyectos a cabo. En nuestra industria hay que sacar 400 permisos en 53 instituciones distintas. Para hacer un edificio se necesitan, en general, 147. Eso es tiempo y mayor lentitud en la generación de proyectos. Y luego no contamos con la certeza jurídica de que los podamos ejecutar con tranquilidad sin que surjan otras cosas. Es tal el nivel de problemas que ya no se está invirtiendo. Hay una burocracia absolutamente retrógrada.

- En la Región de Valparaíso los permisos de obra nueva se desplomaron de casi 227 mil metros cuadrados en el primer trimestre de 2022 a 132.424 m2 en igual lapso de este año, un 42%.

- Estamos en los niveles más bajos de los últimos 30 años en materia de permisos en el país. En Valparaíso podemos mencionar la dificultad que existe para hacer cualquier proyecto; hay ciertos alcaldes y gobernadores que no están de acuerdo con el desarrollo, y hay proyectos, incluso sociales, como el de Borinquen, que la alcaldesa Ripamonti paralizó por seis meses. Yo vengo de la Región de Valparaíso, fui presidente regional de la Cámara, y veo cómo se van las empresas. El caso más patético es Valparaíso que está absolutamente abandonado y donde no hay inversión pública ni privada. Va a pasar lo mismo en Viña del Mar porque en el fondo la alcaldesa no quiere que se construya nada y pone restricciones o manda a hacer paralizaciones de obras sin tener fundamentos correctos para hacerlo.

Déficit habitacional

- En esta zona la construcción de viviendas, tanto sociales como privadas, bajó un 23% en el mismo periodo, cuando se estima un déficit de 70 mil. ¿Cómo se entiende?

- Es difícil. Eso quiere decir que no les importa que la gente viva hacinada, en malas condiciones. Tenemos el campamento más grande de Chile ¿y quién está trabajando en eso? Nosotros estamos preocupados al igual que el Ministerio, pero vemos que a nivel local no hay una preocupación honesta y cualquier iniciativa de construcción o de proyecto es básicamente apaleada por la municipalidad.

- La Cámara de la Construcción de Valparaíso lo califica como un verdadero drama y lo atribuye principalmente al alza de precios del suelo por las restricciones de los planos reguladores y los problemas de acceso al financiamiento.

- En parte sí. El financiamiento está difícil, los bancos no están muy abiertos a respaldar proyectos justamente porque una obra que debería durar un año y medio o dos años, demora tres o cuatro. Con eso los intereses se van al cielo, las garantías no van a responder por el préstamo, y vemos que muchas empresas constructoras e inmobiliarias han quebrado por esta tramitología excesiva y esta intención de ciertas autoridades de no querer inversión en su zona. Hoy uno puede sacar los 150 permisos que se requieren, pero eso no le da certeza de que pueda cumplir con el proyecto.

Las usurpaciones

- Usted dice que la mejor forma de desincentivar las tomas es el acceso expedito a la vivienda, pero hay que esperar ocho años en promedio para una solución con apoyo del Estado. ¿Qué le falta a esta política pública?

- Hay que empezar a buscar soluciones distintas a las habituales. Tenemos el arriendo protegido. ¿Por qué una persona no puede ser susceptible de recibir un subsidio de arriendo y salir de la marginalidad a una vivienda digna? Eso se puede hacer a través de un arriendo. Está la producción de nuevas viviendas industrializadas, de las que el ministro Montes ha sido un paladín. Ese tipo de iniciativas ayudan a ampliar la cartera de soluciones que pueden ser factibles para disminuir el déficit y creo que van por el buen camino, no así las paralizaciones de obras ni el hostigamiento por parte de algunas municipalidades. Eso no incentiva que se hagan más proyectos.

- Cómo simplificar y agilizar los procesos que median entre la asignación de un subsidio habitacional y la entrega de una vivienda, para evitar los ocho años de espera?

- Yo creo que ahí el ministro Montes se ha jugado, ya que, por ejemplo, hacer vivienda industrializada permite saltarse varios permisos, porque quien certifica es la fábrica que la construye. El ministro ha hecho un gran esfuerzo para agilizar los trámites referidos a esa vivienda, pero creo que también hay que hacerlo en la vivienda tradicional, la que se construye en la misma obra. Pienso que vamos bien encaminados. Y entiendo que el Ministerio de Economía va a ingresar en septiembre un proyecto de ley donde propone muchas simplificaciones de permisos y autorizaciones para hacer una obra. Eso agilizaría la actividad, podría significar retomar la inversión y tener la certeza jurídica que se necesita, no sólo para vivienda, sino para cualquier tipo de obra.

- También planteó que miles de familias que siguen las reglas para acceder a vivienda son las más perjudicadas con las tomas de terrenos e incluso con la usurpación de las que les estaban asignadas.

- Por supuesto, hay gente que cumple la ley, que sigue el proceso, que lleva seis u ocho años esperando su vivienda, y lo que hemos visto es que muchos de los terrenos tomados tenían asignados proyectos Serviu. Eso hace que las personas queden nuevamente en la fila y no se cumpla la ley. Tenemos un aumento en un 81% en las causas de usurpaciones de terrenos, eso es brutal y es una bofetada a las personas que siguen las reglas. Es lo que están produciendo las tomas y usurpaciones de terrenos, aparte de todo el problema de las mafias que están detrás, porque finalmente los únicos que se enriquecen con esto son mafias. Aquí no se trata de criminalizar a la pobreza, es al revés, hay que dar soluciones a la pobreza.

- Piden que el delito de usurpación se considere de ejecución permanente, que rija para terrenos fiscales y privados, que incluya penas de cárcel por lucrar, incitar y/o liderae este tipo de delitos, así como costos para quienes los habiten. Las penas del infierno, ¿no le parece?

- No, para nada, es sólo cumplir las reglas porque las personas que se toman un terreno están perjudicando a otras, y quienes se ven beneficiadas finalmente son las mafias y toda una red de narcotráfico detrás. El Estado y el Gobierno se tienen que hacer cargo de este problema, porque lo que ha pasado finalmente es que los terrenos que son del Estado son desalojados en menos de 24 horas -como lo vimos en el borde costero del norte-, pero los privados no lo son. Y eso es una desigualdad ante la ley. 2

Hay gente que cumple la ley, que lleva seis u ocho años esperando su vivienda, y hemos visto que muchos de los terrenos tomados tenían asignados proyectos Serviu. Eso es una bofetada para esas personas".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

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vicuña: tener los 150 permisos exigidos para edificar no garantiza que la obra se cumpla.