Abrir espacios para el diálogo y dibujar las bases de un sistema que permita al país retomar una senda de desarrollo son algunas de las principales expectativas que tienen los gremios empresariales de la Región frente al trabajo del Consejo Constitucional, que está a punto de cumplir sus primeras dos semanas de funcionamiento. Y más allá de sus intenciones, las agrupaciones dan pasos concretos para que sus ideas sean escuchadas en la instancia que sesiona en los salones del ex Congreso Nacional. La Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, realizó hace algunos días un diálogo autoconvocado, con el objetivo de fomentar la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la propuesta que deben redactar los consejeros. Con colaboración, apuntó el presidente de la entidad, Gabriel Benavente, se puede construir un camino que beneficie al país. La Asociación de Empresas Región de Valparaíso (Asiva) también trabaja en las ideas que quiere transmitir al órgano constituyente. En conversaciones con otros gremios y entidades, busca identificar puntos en común que orienten la discusión y la materialización de acuerdos que representen a la ciudadanía. Un proceso similar desarrolla la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), cuyo titular, Javier Torrejón, dice que velarán para que el Consejo apoye ideas como la libertad de iniciativas y emprendimiento, las reglas claras en temas de inversión y la defensa de la propiedad privada.

Con mucho menos ruido que su predecesora, la instancia que preside Beatriz Hevia y tiene de vicepresidente al exrector Aldo Valle, enfrenta un escenario con poca tensión en el ámbito público, una oportunidad para abordar los temas con profundidad y ánimo conciliador. Además, hay cuatro caminos abiertos para la participación de ciudadanos y asociaciones interesadas. En esa línea, sería un buen ejercicio que el Consejo alcance algunos acuerdos rápidos en aquellas materias que son de consenso absoluto. Como señal, permitiría cerrar brechas de incertidumbre, haría más eficiente la utilización del corto tiempo que le resta y ayudaría a socializar con tiempo el horizonte del texto final de la nueva Constitución Política de la República de Chile.

Quizás uno de los mayores retos para los distintos gobiernos, junto con la activación de la economía, la seguridad pública, la salud y educación, es el acceso a la vivienda y a una indispensable calidad en las ciudades.

Por eso resulta relevante analizar los progresos y los pendientes a la luz de la Cuenta Pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregada hace unas semanas.

El déficit habitacional sigue siendo apremiante, por lo que el Gobierno se autoimpuso la meta de construir 260 mil viviendas en cuatro años. Este plan de emergencia registra un 16% de avance, es decir, se han concretado 42.597 viviendas a marzo de este año. Otras 134.182 están en ejecución y 67 mil ya tienen financiamiento para iniciar las obras.

Para dar impulso a estas tareas, la alianza público-privada resulta clave. Se requiere seguir disponiendo del banco de suelo público -el reporte oficial indica que se sumaron 243 terrenos durante el último año-, para emplazar nuevos proyectos habitacionales. Ello se logra con la transferencia de suelo fiscal que hoy no se utiliza, o bien con la adquisición a privados, proceso que debe continuar.

No hay que perder de vista que no sólo se deben entregar soluciones habitacionales, sino que una generación de proyectos de infraestructura más amplios. Es decir, nuevos barrios que cuenten con reales índices de accesibilidad, integración, equipamiento, centralidad y mejores estándares de diseño, incluyendo áreas comunes y espacios naturales. Se ha avanzado en el relato, pero se requiere que sea una política pública consolidada.

En el marco del plan "Ciudades justas" y para alcanzar las metas comprometidas, también se deben seguir adoptando medidas como la "Ley miscelánea", que busca facilitar los trámites para llevar adelante iniciativas, acelerar los permisos en las direcciones de obras y poner en marcha la ley de aportes al espacio público.

Además, la Ley de Fondo de Garantías Especiales, que busca dar impulso al sector de la construcción, facilitó el acceso a créditos hipotecarios a quienes buscan adquirir por primera vez una vivienda. También es valioso que se entregue apoyo a las firmas por el alza del precio de las materiales, lo que puede afectar a las empresas y paralizar obras.

Otra línea de trabajo corresponde a subsidios de arriendo. La cartera ya adquirió un primer edificio en el Biobío y hay otro proyecto en Santiago. En otras partes del mundo, esta medida ha sido eficaz para bajar los déficits y permite dar movilidad social, en especial a los jóvenes.

Los desafíos son enormes si agregamos que nuestras urbes requieren mayor sustentabilidad, infraestructura amigable con el medioambiente en todos los niveles; formas de movilidad donde las redes de ciclovías seguras deben ser consideradas, al tiempo que el transporte con energías limpias y electrocorredores dejen de ser proyectos piloto. Las metas en vivienda y en las ciudades siguen siendo ingentes; trabajemos por aportar a todas ellas.