La diputada Catalina Pérez (RD) anunció ayer que había decidido suspender su participación como vicepresidenta de la Cámara, presionada por la polémica conocida el domingo debido a los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva, dirigida por su pareja Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuyo titular, Carlos Contreras, presentó su renuncia el lunes.

La legisladora reveló su decisión antes de que se iniciaran las sesiones de ayer como una forma de evitar la censura a la mesa dirigida por Vlado Mirosevic (PL), ya que la UDI, partido que había anunciado que llevaría adelante la acción con el fin de destituir a los dos máximos dirigentes de la Corporación (ya que Carlos Bianchi renunció hace una semana), retiró su iniciativa.

"Estos días han sido sumamente duros en que se me ha buscado endosar a mí, una responsabilidad que yo no tengo por actos que son de terceros, y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad", afirmó Pérez.

"El daño que a mí se me ha infligido, no puedo permitir que se le inflija al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en ésta ni en otras ocasiones. Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo", añadió.

Censura y 426 millones

Tras esto, el diputado de la UDI Jorge Alessandri, indicó que "puede seguir adelante con el término de su periodo el diputado Vlado Mirosevic, ya que la censura de hoy implicaba votar a toda la mesa, pues no existe el mecanismo para votar a uno u otro miembro. La oposición retira la censura de hoy y espero que entre todos cuidemos la institucionalidad".

El parlamentario gremialista apuntó que "vamos a seguir tras los 426 millones de pesos" que sumaban los convenios suscritos entre la seremi y la fundación en Contraloría y el Ministerio Público. "Desde la oposición vamos a buscar cada uno de estos pesos y se los vamos a devolver a la ciudadanía", añadió Alessandri.

Dejó la mesa "Catalina Pérez, ha renunciado el seremi de Vivienda de Antofagasta, ha renunciado la pareja de la diputada Pérez, que era asesor en el Ministerio de Defensa. Tres renuncias, ¿alguien todavía piensa que no ha pasado nada?", agregó.

Su par Juan Antonio Coloma planteó que "aquí puede haber eventualmente fraude al fisco, son parte de los temas que se tienen que investigar en tribunales y por eso, dentro de las próximas horas presentaremos estas acciones judiciales".

Sin embargo, Renovación Nacional y el Partido Republicano no se mostraron de acuerdo con el retiro de la censura. De hecho, el republicano Benjamín Moreno dijo que "nos tomó por sorpresa esto" y el jefe del comité RN, Frank Sauerbaum, solidarizó y apuntó que "nos cuesta entender el retiro de la censura".

Conflicto de interés

Esta situación generó duras críticas incluso dentro del Gobierno hacia los involucrados en los convenios. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, jefe del seremi renunciado en Antofagasta, dijo en radio Cooperativa que "con los datos que tengo, se trata básicamente de un descriterio, de haber hecho las cosas sin medir las consecuencias de lo que se hacía", aunque añadió que "irregularidad, hasta el momento, no tenemos detectada".

Pese a ello no descartó esa posibilidad: "Es un descriterio que se dé esta relación con esta empresa y eso es lo que estamos investigando. Aquí esto por cierto da la impresión de un gran conflicto de interés. Si el conflicto de interés tiene que ver con haber pasado a llevar otras instituciones, u otro, lo vamos a saber con el informe".

Investigación de oficio

El Ministerio Público comunicó anoche que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio sobre "los Convenios de transferencia de recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios".

El ente persecutor indicó que "la causa quedará asignada al fiscal jefe de la capital regional, Christian Aguilar".

Las dos cámaras del Congreso aprobaron ayer por vigésimo sexta vez la prórroga del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, totalizándose 28 extensiones.

La solicitud fue visada en la Cámara de Diputados por 104 votos a favor, 24 en contra y 12 abstenciones; el Senado le dio el visto bueno con 23 votos a favor, uno en contra (de Karim Bianchi) y 18 abstenciones.

Esta nueva extensión se dio en el marco de anuncios del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien de visita en Los Ríos (cuyos parlamentarios piden ser incluidos en el Estado de Excepción) informó de la creación de 11 nuevos puntos de control policial y la llegada de otros 96 funcionarios policiales, entre otras medidas.

"En la región han ocurrido este año, sumado el último ataque incendiario, 19 hechos de violencia rural. A la misma fecha del año anterior, habían ocurrido 24. Por lo tanto, a pesar de los graves hechos que han ocurrido durante el transcurso de este año, tenemos una disminución en torno al 25% de los hechos de violencia rural respecto al año 2022", justificó Monsalve.