Sebastián Mejías O.

Tres actos de violencia ocurridos en tribunales de la región, en las últimas semanas, fueron suficientes para que la Asociación Nacional de Fiscales comience a presionar para mejorar la seguridad de las audiencias. De hecho, la vicepresidenta del gremio, Patricia Ibarra, mantuvo reuniones con fiscales de todo esta zona -a la vez que se realizaron reuniones en otras regiones- para activar los protocolos se seguridad necesarios y poner en marcha las medidas de seguridad más urgentes.

- ¿Por qué se ha reunido en las últimas horas con fiscales de la región, a nombre de la Asociación?

- Si en la Asociación Nacional de Fiscales estamos realizando estas gestiones es para hablar de nuestra seguridad, que es un tema que nos preocupa. Hemos visto cómo, lamentablemente, en nuestra sociedad está aumentando la delincuencia y la gravedad de los delitos, algo que también se ve esta región, y eso se traduce en conductas violentas en las audiencias, de parte de los imputados.

- ¿Temen que los fiscales se conviertan en enemigos de los grupos delictuales?

- En base a reportes, acá en la región, en las últimas semanas, ocurrieron en Calera, en San Antonio y Valparaíso actos de violencia contra fiscales, donde sujetos han ingresado a las audiencias a arrebatar a los detenidos, efectuando daños y lesiones. Audiencias son cada vez más violentas y los fiscales quedamos expuestos a situaciones de peligro. Ya hemos visto casos muy graves en América Latina, con fiscales asesinados, y es necesario actuar antes de llegar a ese punto.

- ¿Qué tipo de medidas exigen como Asociación Nacional de Fiscales para resguardar integridad de los funcionarios?

- Existe un protocolo de seguridad que establece varias medidas que se pueden solicitar, como que los fiscales tengan acceso diferenciado a los tribunales y que no ingresen con las demás personas vinculadas a los imputados. Queremos evitar los espacios comunes con personas involucradas en los procedimientos, a las que, evidentemente, no les gusta nuestro trabajo.

- Según un comunicado, también creen necesario que las audiencias de los casos más complejos se realicen a distancia.

- Efectivamente, es importante que determinadas audiencias, aquellas que se consideren más peligrosas, sigan tomándose por Zoom. En su oficina, el fiscal ejerce su labor mucho más reguardado que presentándose en tribunales, donde se exponen a incidentes como los ocurridos las últimas semanas en la región.

- ¿Esta preocupación es reciente por los hechos ocurridos en la región en las últimas semanas, o viene de antes?

- Desde hace tiempo nosotros tenemos una preocupación por la seguridad, trabajando intensamente no sólo por la integridad de los fiscales, sino de los operadores judiciales en general. Hemos estado hablando con representantes de la Corte Suprema para conversar de estos temas, ya que existe un convenio que hasta ahora no se ha respetado.

Fiscales en peligro

- ¿Puede contar más detalles de los actos de violencia producidos en audiencias en la región en las últimas semanas?

- Claro, por ejemplo, el mes pasado, al Juzgado de Garantía de San Antonio ingresó un grupo de sujetos, de 10 a 20 personas, durante una audiencia de control de detención, provocando daños en la sala, amenazando e intimidando a las personas que estaban dentro. O la semana pasada, cuando una fiscal de Valparaíso tomó una audiencia de control por homicidio en la que participó una mujer, conocida por ser de una banda de la ciudad. Al salir del tribunal, esta fiscal se dirige a una panadería siendo seguida por los familiares de la imputada, que ingresan al lugar para amedrentarla.

- ¿Hubo otro caso la semana pasada?

- Sí, el pasado viernes 16 de junio, en La Calera, mientras se realizaba una audiencia de robo con intimidación con armas de fuego, ingresó un grupo de personas que comenzó a golpear a los gendarmes para liberar al imputado. Afortunadamente, esa audiencia estaba siendo realizada por Zoom, por lo que el fiscal se salvó de ser agredido.

"En base a reportes, acá en la región, en las últimas semanas, ocurrieron en Calera, en San Antonio y Valparaíso actos de violencia contra fiscales".

Tras reunir 14 mil firmas que rechazan la idea de modificar el nombre del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca por el de Salvador Allende, dirigentes sociales y autoridades de la comuna de Quillota se juntaron con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que revalúe la determinación.

El senador Francisco Chahuán (RN), uno de los más férreos opositores a la medida, aseguró que "cuando se piensa en el nombre para un hospital, este debe tener una vinculación con el territorio". Por esa razón, explicó, "los dirigentes de la sociedad civil, el Cosoc, que estuvieron trabajando en el nuevo hospital, le dicen que no a este cambio de nombre".

"A lo menos debería haberse hecho una consulta ciudadana", subrayó el senador.

Por su parte, el doctor Patricio Cereceda, exdirector del Hospital San Martín de Quillota, cree que el mejor nombre que puede tener el hospital "es el que ya tiene".

A su juicio, "la autoridad de salud debe dedicarse a gestionar temas de salud, que por estos días por Dios que hace falta, y no priorizar cosas accesorias de segundo o tercer orden, más aún si ese nombre va a generar un elemento de división entre nosotros".

Por último, la concejala Regina Brito, de Quillota, contó sobre la oposición ciudadana al cambio de nombre, que de manera voluntaria los vecinos "han ido a firmar y en menos de un mes hemos logrado estas 14 mil firmas". "Nos sentimos pasados a llevar y, en representación de la comunidad de Quillota, es lo que venimos a decir al Gobierno, a la directora del Servicio de Salud y, a través de la ministra de Salud, al propio Presidente de la República", lamentó.

Desde la Corporación Amigos del Hospital y los dirigentes sociales indicaron que continuarán recolectando las firmas, debido a que la cifra de apoyos podría aumentar considerablemente. Lo que buscan, contaron, es "demostrar que un gran porcentaje de habitantes de Quillota no quieren el cambio de nombre del recinto hospitalario".