A nueve meses de que el Consejo de Ministros aprobara el plan de saneamiento presentado por la Inmobiliaria Las Salinas para su predio en Viña del Mar, queda pendiente que la instancia ambiental entregue el texto definitivo de su resolución, que permite a la empresa del grupo Copec usar un innovador sistema de bacterias para reducir y eliminar los restos de hicrocarburos aún presentes en el terreno de 14 hectáreas ubicado frente al mar, en la avenida Jorge Montt.

Aunque el terreno fue usado por más de 70 años por varias empresas petroleras -de ahí la necesidad de sanearlo completamente-, su actual propietario es Copec, que lleva adelante hace más de una década distintos intentos por transformarlo en un activo urbano de Viña del Mar. El interés de la firma es lograr un desarrollo inmobiliario que cumpla varios requisitos favorables a la ciudad, como aumentar la presencia de áreas verdes y abrir espacios comunitarios de uso gratuito, aunque también tiene como objetivo la construcción de edificios que otorguen rentabilidad a la habilitación del extenso predio. En su aspecto más relevante, la decisión del Comité de Ministros establece que el saneamiento del terreno y desarrollo inmobiliario son procesos distintos, que requieren tratamientos diferenciados y procesos aprobatorios individuales. Separados formalmente ambos caminos, resulta incomprensible que persistan obstáculos para un proceso que consiste en dejar libre de contaminantes uno de los terrenos más importantes del borde costero viñamarino. Cualquier postura razonable exige que, en paralelo al proceso de limpieza, avance una instancia de diálogo abierto y transparente entre el municipio de Viña del Mar, el dueño del proyecto y la comunidad, para dar viabilidad a las distintas ideas que existen sobre el sector. Una ciudad de marcada vocación turística no puede dilapidar la oportunidad de usar todo el potencial urbano de lo que hoy es un sitio eriazo.

Entre 2000 y 2009 mirábamos con optimismo la evaluación de la OCDE que analizaba las tendencias de los resultados y destacaban el caso chileno por su mejora explícita en 40 puntos en el período y 51 puntos en los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo.

Parece que íbamos por el camino correcto, aunque sin resultados estelares; sin embargo, obtener peores o similares resultados que en 2008, evidencia que el conjunto de políticas públicas que hemos impulsado en más de una década no han logrado situar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en el centro. La destrucción de condiciones basales, tales como la convivencia escolar, el clima de respeto, la autoestima y la salud mental de toda la comunidad educativa, han incidido en esta baja.

Las continuas reformas que situaban los cambios estructurales, con un posterior marcado acento en una lógica refundacional, nos han sepultado; las banderas ideológicas han superado la búsqueda de la formación integral y el bien común en materia educativa.

Este año no sólo preocupa la disminución general, sino la distribución de los resultados: el 45% de los estudiantes está en un nivel insuficiente en matemática en 4° básico y esta cifra es de un 54% en 2° medio. Las diferencias por nivel socioeconómico ponen en cuestión la política pública educativa de la última década que ha apuntado más a lo estructural que al aprendizaje.

El problema principal es el carácter permanente de la brecha. Por ello, hay que entender que la realidad no es homogénea y que cada escuela o liceo tiene un contexto social, económico y cultural específico. Esto implica permitir focalizaciones dependiendo del tipo de escuela, rural o urbana, de centros altamente poblados con carencias estructurales, nivel de escolaridad de la madre, redes de colaboración, violencia de contexto, capacidades docentes y de personal de apoyo instaladas, infraestructura y salud mental.

Llevamos décadas detrás de la ingenuidad curricular, pensando que al cambiar el currículum tendremos mejores resultados. Las brechas de aprendizaje y desempeños se relacionan con las maneras de enseñar. Por ello, es fundamental situar en el centro a los profesores, profesoras y educadoras; esto implica mejorar sus remuneraciones, pero principalmente sus condiciones de ejercicio, como el acceso a salud mental, acompañamiento y la existencia de un equipo de apoyo efectivo no sólo para las familias y estudiantes, sino también para los docentes con trabajadores sociales y psicólogos.

Requerimos de formación docente con perspectiva global, incorporando tecnología no sólo a nivel instrumental, sino mediante un cambio pedagógico. Es esencial potenciar el liderazgo educativo, un punto central para movilizar una organización a una meta con sentido compartido.

Estos resultados, más allá de la coyuntura, ponen en cuestión la política pública que ha implicado un tremendo esfuerzo de diseño e inversión y no ha estado a la altura de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, que al final del día son quienes importan.