Juzgado rechaza demanda laboral del exdirector de la Casa del Deporte
VIÑA DEL MAR. Javier Aravena, esposo de la exjefa de gabinete de Virginia Reginato, pedía $216 millones por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales.
A través de una carta certificada con fecha 30 de julio de 2021, se le informó a Javier Aravena Segovia del término de su contrato. Hasta ese momento el marido de la jefa de gabinete de la exalcaldesa Virginia Reginato, María Angélica Maldonado (Manam), se desempeñaba como director de la Casa del Deporte de Viña del Mar, creada bajo la administración de la citada jefa comunal.
Ante esto, el exdirector presentó una denuncia en procedimiento de tutela laboral el 6 de septiembre del mismo año, debido a que, según indicó en el resumen del escrito, el caso "trata de vulneraciones a mis derechos fundamentales ejercidos por la parte demandada por motivación evidentemente política, importando mi despido un flagrante acto de discriminación, a la vez de una afectación al contenido esencial de mi derecho fundamental a la honra, tanto en su dimensión subjetiva como objetiva, y al relativo a la vida e integridad física y psíquica, situaciones que se generaron con ocasión de mi despido, el cual refiere imputaciones graves y falsas, formuladas además con publicidad".
Debido a ello solicitaba un pago de $216 millones al municipio viñamarino, argumentando despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales, lo que fue rechazado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.
Los hechos
En la carta de despido -firmada por Jorge Cea, gerente general de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social-, se indicaba que el organismo había resuelto el despido "por las causales establecidas en los numerales 1 letra a) y N° 7 del art.160 del Código del Trabajo, esto es, por falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato (...)".
En los hechos que se funda la acción está "el instruir por sí y a través de sus colaboradores más cercanos, a personas que prestaron servicios a honorarios a la casa del Deporte a responder a los cuestionamientos de las observaciones de la Controlaría General de la República respecto de la investigación desarrollada por dicho organismo relativa a verificar el cumplimiento efectivo de las labores que le fueron encomendadas al Sr. Gabriel Mendoza Ibarra en el marco de los contratos suscritos en los años 2014, 2015 y 2016, para el desarrollo del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas (...). A dichas personas les solicitó, bajo amenaza de poner término a su contrato de prestación de servicios, que buscaran apoderados que apoyaran la versión que daba cuenta que el Sr. Mendoza cumplía con sus obligaciones contractuales".
"Ante la negativa de los funcionarios de mentir en su declaración, luego de años de prestar servicios en la Casa del Deporte, se les comunicó mediante correo electrónico, el término de sus respectivos contratos", añade el escrito.
Otro punto expuesto en la carta de despido es "dar instrucciones a personas contratadas a honorarios que prestaron servicios en la Casa del Deporte para participar activamente en actividades políticas como constituirse como apoderado de mesa en elecciones, custodiar pancartas en horarios nocturnos (...)".
El fallo
En su resolución, el Juzgado rechazó "la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido", así como "la demanda subsidiaria de despido injustificado".
Esto último porque "este Tribunal concluye que los hechos de la carta de despido, en su primera parte, en cuanto a presiones y despidos indebidos por parte del actor son efectivos, existiendo claros antecedentes de los mismos en los elementos de prueba allegados al Tribunal".
El texto añade, respecto a la participación en instancias políticas, que "a diferencia de lo que sucede con el primer grupo de hechos, en que es incidente toda la documentación de la investigación llevada a cabo por la Contraloría General, aquí sólo contamos con la denuncia y la declaración del testigo. Lo que a juicio de esta magistrado es insuficiente para darlos por acreditados, sin perjuicio de existir indicios en cuanto a la existencia de los mismos".
En relación al tema de la "vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido", que derivaría por "una supuesta discriminación por estar casado con la Jefa de Gabinete de la ex Alcaldesa Virginia Reginato, y por razones de afiliación política", el Tribunal estimó que "no hay ningún antecedente que permita concluir que el despido ha sido discriminatorio. Es más, la conversación que el demandante relata haber tenido con ambos testigos de la demandada, el 06 de julio del 2021, de la que además el actor deja Constancia ante la Inspección del Trabajo el día 11 del mismo mes y año, en la que supuestamente se le habría señalado que su nombre se encontraba en un listado de gente vinculada con la administración anterior y que debían ser separadas del cargo, es abiertamente desmentida por las dos personas presentes en la reunión que declararon en estrados cuál fue el contexto de esa reunión".
El escrito también sostiene que "en lo que respecta al despido mismo, las causales y hechos invocados, los que a su parecer resultan deshonrosos, este orden argumentativo no puede ser considerado, ya que el primer grupo de los mismos fue plenamente probado, existiendo sólo indicios en relación al segundo. Lo anterior evidentemente descarta que exista una vulneración a la honra en la imputación que se hace al actor, y aunque los hechos no se hubieren acreditado, el despido no puede constituir una transgresión por sí solo".
Tras conocer el fallo, la alcaldesa Macarena Ripamonti expresó que "el exasesor de Virginia Reginato y esposo de su exjefa de gabinete, pretendía recibir $216 millones de indemnización a propósito de su despido por falta de probidad. El Tribunal en un fallo de más de 70 páginas desestimó todas y cada una de sus pretensiones y lo más relevante, señaló que el despido a causa de falta a la probidad se ajustaba perfectamente a derecho. Éste es un fallo de real trascendencia, que marca un hito para el resto de las causas y que brinda aires de justicia".
"Éste es un fallo de real trascendencia, que marca un hito para el resto de las causas y que brinda aires de justicia".
Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar
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