Coletazos de nueva crisis oficialista
El conflicto desatado en el Gobierno por los contratos entre el Minvu y Democracia Viva también tiene un impacto a nivel regional.
La dura fricción interna que vive el oficialismo debido a los convenios con fondos públicos cercanos a $426 millones entre la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez, y Carlos Contreras, exseremi del Minvu en la Región de Antofagasta, también militante RD y exasesor de la misma parlamentaria, parece no amainar y amenaza con alcanzar cotas que van más allá del partido fundador del Frente Amplio. La tensión se expandió a la Región de Valparaíso, debido a que el senador Juan Ignacio Latorre, también presidente de RD, defendió el actuar de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), en detrimento del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS), de quien dijo que supo del problema antes que se hiciera público. En salvaguarda de Montes salió el diputado PS por la zona Tomás de Rementería, quien no sólo dijo que "el señor Andrade es un sinvergüenza", sino que emplazó al senador Latorre a expulsar al representante legal de Democracia Viva, a riesgo de transformarse él también en un "cómplice" de las irregularidades detectadas. Esa fractura ocurrida entre el PS y RD a nivel regional puede afectar el engranaje del oficialismo en la zona y aleja la idea del mismo De Rementería, que es enfrentar en una sola lista la próxima elección de alcaldes. Sin embargo, el problema de Democracia Viva alcanza a nuestra zona en otros aspectos también. Uno de ellos es que la subsecretaria Rojas es la delegada especial del Gobierno para enfrentar la reconstrucción de casas tras el megaincendio de Viña del Mar. Su partida por el caso de Antofagasta implicaría un cambio importante en un proceso que aún tiene muchos objetivos pendientes. Luego, está el cuestionamiento que surge a la forma usada por el Minvu para enfrentar el problema de los campamentos en Chile. La asignación de recursos a fundaciones o corporaciones que abordan el tema es una necesidad evidente, pero su aprobación, entrega y rendición debe considerar el máximo control y la mayor transparencia. El uso de resquicios para evitar la fiscalización de dichos fondos no puede transformarse en un hábito validado por dirigentes políticos, no importa de qué lado del espectro nacional estén instalados.