La dura fricción interna que vive el oficialismo debido a los convenios con fondos públicos cercanos a $426 millones entre la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez, y Carlos Contreras, exseremi del Minvu en la Región de Antofagasta, también militante RD y exasesor de la misma parlamentaria, parece no amainar y amenaza con alcanzar cotas que van más allá del partido fundador del Frente Amplio. La tensión se expandió a la Región de Valparaíso, debido a que el senador Juan Ignacio Latorre, también presidente de RD, defendió el actuar de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), en detrimento del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS), de quien dijo que supo del problema antes que se hiciera público. En salvaguarda de Montes salió el diputado PS por la zona Tomás de Rementería, quien no sólo dijo que "el señor Andrade es un sinvergüenza", sino que emplazó al senador Latorre a expulsar al representante legal de Democracia Viva, a riesgo de transformarse él también en un "cómplice" de las irregularidades detectadas. Esa fractura ocurrida entre el PS y RD a nivel regional puede afectar el engranaje del oficialismo en la zona y aleja la idea del mismo De Rementería, que es enfrentar en una sola lista la próxima elección de alcaldes. Sin embargo, el problema de Democracia Viva alcanza a nuestra zona en otros aspectos también. Uno de ellos es que la subsecretaria Rojas es la delegada especial del Gobierno para enfrentar la reconstrucción de casas tras el megaincendio de Viña del Mar. Su partida por el caso de Antofagasta implicaría un cambio importante en un proceso que aún tiene muchos objetivos pendientes. Luego, está el cuestionamiento que surge a la forma usada por el Minvu para enfrentar el problema de los campamentos en Chile. La asignación de recursos a fundaciones o corporaciones que abordan el tema es una necesidad evidente, pero su aprobación, entrega y rendición debe considerar el máximo control y la mayor transparencia. El uso de resquicios para evitar la fiscalización de dichos fondos no puede transformarse en un hábito validado por dirigentes políticos, no importa de qué lado del espectro nacional estén instalados.

"Mi mamá es ingeniera". ¿Cuántas niñas y niños hoy dijeron esto? Muy pocos. En Chile, menos de un cuarto de quienes ejercen esta profesión son mujeres, lo que deja tres preguntas sobre la mesa: ¿Por qué son pocas? ¿Por qué es un problema? ¿Cómo lo resolvemos?

Para responder a la primera pregunta, basta mirar los resultados del Simce publicados la semana pasada. Haciendo un análisis superficial, podría asumirse erróneamente que "los hombres son mejores en matemáticas" o "las niñas prefieren la lectura". Justamente, son esas conclusiones las que han llevado por décadas a los sesgos de ciencia y género, cuya consecuencia es que nadie pregunta a las niñas "¿has pensado estudiar ingeniería?".

¿Por qué es un problema? Simple, hay una doble pérdida: tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, como desde las posibilidades que se truncan para las mujeres. Está demostrado que las empresas con directorios mixtos generan más ganancias, porque distintas miradas diversifican las estrategias y amplifican la presencia en el mercado. Asimismo, la ingeniería pensada sólo por un sector de la población tiende a replicar los sesgos y miradas de quienes la desarrollan y no llegan a la mayoría de las personas. La segunda pérdida es de las mujeres. En el mediano plazo, cinco de cada seis empleos serán en áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Si sólo una de cada ocho mujeres estudia estas carreras, el empleo va a caer de manera abrupta en los próximos años y no habrá política pública capaz de levantarlo.

¿Cómo lo resolvemos? Igual como los y las ingenieras solucionan los problemas, de manera colaborativa. Es fundamental el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el de Ciencias y el de la Mujer para el desarrollo de una política pública que abra oportunidades a las mujeres en toda su trayectoria. Motivar las matemáticas en las niñas y promover que estudien ingeniería mejorará la calidad del empleo femenino y disminuirá la violencia de género.

Hago énfasis en "una" política pública, porque no es suficiente que cada ministerio genere sus propias estrategias, no basta con tener las ruedas, el motor y el chasis de un auto, es necesario que las partes trabajen de manera integrada para que funcione.

Sumar a las mujeres a la ingeniería es sumar más talento y nuevas visiones, al mismo tiempo que aumenta el PIB y los sueldos de cada familia. Esto no es sólo un derecho de las mujeres, es un deber del Estado, de las universidades y de las escuelas; es un camino claro al desarrollo del país y a una mejor calidad de vida de todas las personas.