Las direcciones de Asesoría Jurídica y Desarrollo Económico del municipio de Valparaíso acordaron buscar una fórmula que permita apoyar a los locatarios del Barrio Puerto, quienes se resisten al pago de los certificados que entregan Bomberos y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y que son indispensables para obtener la patente municipal de funcionamiento. El gremio que representa a los pubs, restaurantes y establecimientos nocturnos que operan en el sector fundacional de la ciudad acusa que tanto el estallido social como la pandemia significaron un serio deterioro económico, lo que hace imposible cumplir la ordenanza municipal que pone como exigencia el pago de dichos certificados cada dos años.

Tanto los dueños de locales como el municipio aseguraron que el objetivo no es esquivar el proceso de revisión a las conexiones de electricidad y gas, sino que encaminar cualquier apoyo hacia un equilibrio entre lo económico y la seguridad de los inmuebles.

Un proceso de este tipo abre también la posibilidad de que los sectores público, representado por el municipio porteño, y privado, el gremio de locatarios, dialogue mejoras integrales al funcionamiento de la vida nocturna en la ciudad. Es cierto que se encuentran vigentes para este tipo de actividades numerosas reglas y exigencias, surgidas algunas de ellas de los reclamos de vecinos, pero todo indica que las medidas aplicadas y las fiscalizaciones hechas han sido insuficientes para reimpulsar la actividad tras la pandemia. El esfuerzo que imprimen las pymes en dicho sector debe tener una correlación adecuada en las ayudas por parte del sector público; en tanto, cualquier apoyo del municipio, el Gobierno Regional u otros organismos, debe considerar exigencias para que cada emprendimiento pueda experimentar un crecimiento en sintonía con la ciudad y no a contrapelo de sus necesidades.

El casco fundacional de Valparaíso es vulnerable desde el punto de vista urbano y patrimonial, ambas condiciones que exigen a los actores políticos y económicos de la ciudad actuar con responsabilidad y proactividad, con sentido de la urgencia, pero también cuidando los bienes de valor permanente.

La educación especial es aquella enseñanza formal dirigida a atender las necesidades educativas especiales (NEE) que se presenten en la población escolar. Conocemos dos tipos generales de respuestas institucionales al respecto: la educación especial diferencial, aquella que se entrega exclusivamente a estudiantes con NEE, y la educación regular con programas de integración escolar (PIE), que está dirigida a toda la población, pero cuenta con recursos focalizados y diferenciados para los estudiantes integrados. Ambas respuestas del sistema educativo a las NEE cuentan con subvenciones diferenciadas.

En Acción Educar realizamos un estudio del marco regulatorio y el estado de la educación especial chilena. La educación especial es regulada por diferentes leyes: la LEGE, la ley de Subvenciones, la reciente Ley TEA, entre otras. Sin embargo, la normativa con efectos concretos al respecto está conformada, principalmente, por decisiones discrecionales, confusas y poco flexibles de la autoridad administrativa, como decretos y oficios. En otras palabras, la organización y forma de funcionamiento cotidiana de la educación especial dependen de la autoridad de turno. La discrecionalidad, rigidez y desactualización de la normativa vigente representan el primer nudo crítico de la educación especial. El segundo nudo crítico se encuentra en el currículum: la base para la enseñanza especial es la adaptación del currículum regular. Esto no es, necesariamente, adecuado en todo caso.

El análisis de datos públicos sobre la educación especial, presente en nuestro estudio, revela tres grandes hechos. Primero, que tanto la proporción como la cantidad de estudiantes con NEE han aumentado de forma importante en los últimos 3 años: hoy hay casi 590 mil estudiantes con NEE en el sistema. Segundo, las necesidades de la población están cambiando: se evidencia un aumento importante en el diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). En tercer lugar, las horas de docentes especialistas alcanzan, en promedio, para un máximo de 24 minutos diarios de atención exclusiva por estudiante con NEE en la modalidad regular. Los tres grandes hechos descritos revelan el tercer nudo crítico de la educación especial: los recursos de la subvención no son suficientes para una atención inclusiva y de calidad.

¿Qué hacer? Recomendamos tres grandes medidas. Primero, la elaboración de una Ley de Educación Especial que permita a los establecimientos acceder a una regulación estable, actualizada y flexible para la atención de los estudiantes con NEE que matriculen. Segundo, el aumento de las subvenciones por necesidades especiales, en atención a su insuficiencia en el contexto actual del sistema, tendiente a la integración y al aumento en los diagnósticos. Tercero, la creación de un marco curricular propio y flexible para la educación especial, a través de la separación de las bases curriculares generales.

La educación especial no es un tema particular: 2 de cada 3 niños chilenos comparte con un estudiante con NEE en su sala de clases. Una atención insuficiente a las necesidades especiales en un aula puede resultar en el truncamiento de trayectorias educativas y proyectos de vida no sólo de los estudiantes con NEE, sino también para aquellos que no las poseen.