El impresentable daño dejado por las lluvias del sistema frontal en más de 50 de los 66 liceos, escuelas y jardines infantiles administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en las comunas de Valparaíso y el Archipiélago de Juan Fernández (con arreglos de hasta 600 millones de pesos que terminaron lloviéndose de todas formas) resulta aún más indignante tras los lastimosos resultados de la última evaluación Simce, de noviembre de 2022, realizada a alumnos de cuarto básico y segundo medio, la primera en medir los resultados pospandemia en Matemáticas y Lectura.

Así, no sólo se mantienen las brechas socioeconómicas históricas, sino que también se manifiesta una alarmante brecha de género, seguramente exacerbada -de acuerdo con Comunidad Mujer, citada en un agudo reportaje de Ciper Chile- por la "agudización de los roles de género que propició la pandemia y el confinamiento en los hogares, y que llevó a que las niñas y adolescentes mujeres, en mayor proporción que los varones, a tener que dedicarse a las labores domésticas y de cuidado, lo cual plausiblemente disminuyó sus posibilidades y tiempo para aprender en contexto de clases a distancia".

Sobre la mesa se han puesto las múltiples acusaciones al exministro de Educación de la administración pasada por su reticencia a cerrar las escuelas durante la pandemia y la desmesurada posición del Colegio de Profesores por tener siempre la última palabra, con intransigentes presiones de por medio.

Con todo, lo cierto es que el actual Gobierno, el cual llegó al poder precisamente gracias a su lucha por la educación (universitaria, en su caso), no ha sabido concentrarse en el que quizás debió ser su principal objetivo: corregir la desigualdad de nuestro país a través de la mejora de la educación pública, hoy tristemente dejada de lado y administrada por un ministro que, más allá de inexcusables acusaciones cargadas de homofobia, sencillamente no ha hecho su trabajo. En los próximos días veremos cuál es la reacción de los estudiantes secundarios.

Las universidades públicas cumplen un rol fundamental, contribuyendo en distintos ámbitos al desarrollo integral de Chile y de sus regiones. En rigor, es una función que cumple todo el sistema educativo del Estado, que va desde la enseñanza parvularia a la superior, en todos los territorios del país.

Desde la educación superior, esta vez quiero enfatizar el área de la salud, cuya importancia es indiscutible y cuya labor es fundamental. Recordemos cómo, en la reciente emergencia por la pandemia mundial, los cuerpos académicos e incluso los estudiantiles se movilizaron rápidamente para enfrentarla de un extremo a otro de nuestro territorio, apoyando al sistema público de salud, pero esencialmente trabajando en favor de las personas.

Más allá de ese caso específico, la formación de profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud que se insertan durante sus procesos formativos en hospitales, clínicas, Cesfam y espacios de salud comunitarios aportan a mejorar la salud pública, conformándose una relación virtuosa entre la universidad y los territorios, que contribuye además al desarrollo de nuevas tecnologías, investigaciones y tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de la población.

Por eso es tan importante que los campos clínicos, donde las y los estudiantes realizan sus prácticas, donde además comprenden y aplican sus conocimientos, sean regulados de tal manera que el aspecto económico no restrinja la colaboración genuina de las universidades. Debemos avanzar en nuevas regulaciones que permitan terminar con la mercantilización de la salud, en el sentido de que deben existir cuotas y porcentajes para las y los estudiantes que realizan sus prácticas en centros de salud. Debe avanzarse hacia mayor cercanía entre los procesos formativos y los espacios de salud.

Es un buen momento para ocuparse de este tema, ya que nos aprestamos para redactar una nueva constitución, que se convertirá en el marco que facilite cambios como el de este ejemplo. Y muchos más, por supuesto.

En este nuevo proceso constitucional, es por lo tanto de la mayor importancia que se consagre a la educación pública como un derecho fundamental. En particular, el fortalecimiento de las universidades del Estado debe ser parte de la discusión y traducirse en un mayor resguardo al rol de gran importancia que estas instituciones hemos cumplido a lo largo de la historia de nuestro país.

Organizadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), hemos presentado una Iniciativa Popular de Norma para que la próxima Constitución establezca claramente que "el Estado proveerá educación pública, laica, pluralista y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, emplazados y articulados en todos los territorios del país". Entendemos que es un derecho fundamental y esperamos que así lo entienda también la ciudadanía, apoyando esta iniciativa en el proceso participativo que se desarrolla y que culminará en diciembre con una nueva hoja de ruta para nuestro país.

Necesitamos educación pública y necesitamos políticas públicas que la apoyen, que la protejan sin necesidad de compromisos económicos. De lo público a lo público.

La desinformación nos está poniendo nuevos desafíos como sociedad. Si bien en sus inicios este flagelo se centraba en la búsqueda de ilegítimos beneficios económicos de algunos o en la posibilidad de afectar la honra de las personas e instituciones, hoy en el mundo está siendo utilizada como herramienta para amenazar las democracias sanas, ayudando a la proliferación de gobiernos populistas de todos los signos políticos y sostén de regímenes autocráticos, a través de la manipulación para crear temor y desconfianza. Frente a esto, en distintos países la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y en algunos casos las entidades públicas, han explorado caminos para diagnosticar y luchar contra este mal.

La desinformación no se puede enfrentar con herramientas jurídicas que vulneren un derecho humano como es la libertad de expresión, a través de leyes que apunten al establecimiento de una verdad oficial o iniciativas que busquen un mayor control estatal sobre la información. Las herramientas más eficaces y respetuosas de la libertad van por el camino de la educación, del chequeo de datos y de que los mismos lectores asuman un rol más activo y responsable en esta labor.

Recientemente el Gobierno anunció la creación de una "Comisión Asesora Contra la Desinformación", dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y encabezada por la titular de esa cartera, Aisén Etcheverry Escudero. Esa definición hace suponer que se abordará el fenómeno de la desinformación desde la educación y de los avances tecnológicos, que es de donde provienen los mayores desafíos en esta materia.

Desde la Asociación Nacional de la Prensa vamos a colaborar con esa instancia si el objetivo es avanzar en esa dirección, como se lo manifestamos al Gobierno. E igualmente estaremos atentos a cualquier deriva hacia la utilización del flagelo de la desinformación para conseguir mayores controles sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación, como lo fue el controvertido proyecto "Más Voces", que impulsó hace un tiempo el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) bajo la consigna de promover el pluralismo en los medios de comunicación. Una sociedad democrática se sustenta, entre otras cosas, en que ningún gobierno, con la excusa de proteger a la población, pueda erigir sus ideas como verdades únicas, restringiendo, con su poder, otras expresiones y opiniones.