Coletazos del caso Democracia Viva
La telenovela que comenzó en Antofagasta también trajo insospechadas consecuencias para la Región de Valparaíso.
Pese a que la polémica transferencia directa de $426 millones ocurrió en Antofagasta, la compleja y creciente trama que provocó las salidas del seremi de Vivienda de esa región, Carlos Contreras, y de la subsecretaria del mismo ramo, Tatiana Rojas, además de la caída en desgracia del expresidente y actual representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y de su expareja, la diputada Catalina Pérez, todos miembros de Revolución Democrática (RD), golpeó directamente a la Región de Valparaíso a través de tres personajes y un conglomerado de organizaciones de primera línea: la mencionada exsubsecretaria Rojas, quien hasta el sábado por la noche aún era la encargada de la reconstrucción del incendio de fines del año pasado en la parte alta de Viña del Mar; el senador Juan Ignacio Latorre, quien en su rol de presidente de RD cometió todos los errores posibles al enfrascarse primero en una guerrilla sin sentido al defender a Rojas a rajatabla y colgar eventuales responsabilidades al ministro Carlos Montes (PS), luego desmentidas por la propia Rojas, y finalmente anunciar querellas y suspensiones de militancia. La tercera es la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, golpeada por partida doble por la salida de la encargada de la reconstrucción y por el feble desempeño del presidente de su partido, a quien -junto a su colega alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic- le habría exigido subir la vara al percatarse de las impresentables contradicciones en las cuales cayó. La cuarta y última corresponde a las diversas fundaciones y organizaciones civiles, entre ellas ProCultura, supuestamente también vinculada a RD por intermedio del core y excandidato a alcalde de Limache, Sebastián Balbontín, y quizás injustamente salpicada en esta pasada, como lo ha establecido su director ejecutivo, Alberto Larraín.
Como bien puede colegirse, hay muchos que esperaron este momento para ver caer a RD, más aún después de la frasecita de la superioridad moral de Giorgio Jackson, pero será el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Antofagasta, el que deberá investigar y reunir las pruebas para llevar el caso ante la justicia. ¿Dobles contratos? ¿Corrupción? Como dijo ayer el ministro Montes, esto está recién comenzando.