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Por supuesto que tenemos que priorizar dónde actuar y estamos actuando en aquellos casos que no tienen nada que ver con la necesidad y las ocupaciones incipientes para que no se consoliden".
Javiera Toro, Ministra de Bienes Nacionales
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extensión de terreno fiscal, se ven grandes extensiones que ya están loteadas, numeradas. Por lo tanto, nos hemos propuesto actuar a tiempo, recuperar terrenos, hemos realizado desalojos y no porque sí, sino para destinarlo a un buen uso.
-A ojos del ciudadano parece demasiado fácil apropiarse de terrenos fiscales. Las mismas mafias se apoderan de lotes y, si las echan, al poco tiempo de nuevo se instalan ahí. ¿No tiene músculo el Estado para detener esto?
-Durante mucho tiempo hubo un dejar hacer que también se fue instalando esta idea de que como no pasaba nada, hay personas que se los seguían tomando. Tenemos algunos antecedentes que hemos hecho llegar al Ministerio Público justamente de mafias que se toman un lugar lo venden y luego se van a otro lugar, lo lotean, lo venden. Hay ahí un Estado que durante mucho tiempo no se hizo cargo, no desalojó, no se presentaron denuncias. Por supuesto que esto fue instalando cierta sensación de impunidad, sumado también, y es importante reconocerlo, a la situación complicada que hubo durante la pandemia. Pero también, y lo que yo puedo dar cuenta al interior del ministerio de Bienes Nacionales, es que faltan capacidades del Estado para poder enfrentarlo. Cuando llegamos al ministerio encontramos una unidad de fiscalización muy debilitada y si uno no tiene ojos en todo el territorio, es imposible ir a la velocidad de esto.
-No debe ser fácil para este Gobierno decidir cuándo actuar si hay terrenos tomados por personas sin casa.
-Hay que hacerse cargo de los problemas de fondo, entonces. Si bien nosotros no legitimamos ninguna ocupación, sí nos hacemos cargo de la realidad y hay una realidad: el ministerio de Vivienda tiene catastrados más de 1.100 campamentos, hay una situación social de personas que no han encontrado otra manera de satisfacer su necesidad habitacional. Nadie vive en un campamento por gusto y, en ese sentido, si bien en algunos casos estos campamentos están instalados en bienes fiscales, nosotros entendemos que hay que ir a una política de fondo. El Ministerio de Vivienda catastra los campamentos y toma una decisión considerando las características del territorio, si está en zona de riesgo, si tiene factibilidad de conexión a servicios, y ahí se decide si un campamento se va a radicar -es decir, es necesario normalizarlo en ese lugar- o si se va a erradicar. Nosotros colaboramos con ello cuando se trata de terrenos fiscales. Por supuesto que tenemos que priorizar dónde actuar y estamos actuando en aquellos casos que no tienen nada que ver con la necesidad y las ocupaciones incipientes para que no se consoliden.
-Durante la campaña presidencial se habló de que nunca se iba a desalojar una toma. ¿Pesan ahora esos dichos?
-Nuestro gobierno en eso ha sido claro y ahí no hay una línea distinta. Por un lado, están estas situaciones que responden a una necesidad social y ahí nosotros entendemos que la manera de responder a eso es con la política habitacional, pero también hemos constatado durante este año y medio de gobierno situaciones que no tienen nada que ver con la necesidad habitacional y no hemos tenido miedo en actuar, les hemos señalado claramente a quienes creen que pueden tener su segunda, su tercera vivienda, que pueden instalar negocios, que pueden lotear y estafar en terrenos fiscales, que eso no es aceptable.
-¿Tendrá un rol su ministerio en la recién conformada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento?
-La comisión busca poder revisar toda la situación de la demanda de tierras, poder catastrar y proponer mecanismos tanto de restitución como de reparación, y ahí el ministerio de Bienes Nacionales tiene un trabajo hace mucho tiempo. En la restitución de terrenos a pueblos originarios, en nuestro periodo de gobierno nos ha tocado eso principalmente.