Luego de ocho semanas de movilización, los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha pusieron fin a su extenso paro y entregaron a las autoridades del plantel la mayoría de los edificios que mantenían ocupados, salvo la Facultad de Artes, para retomar hoy sus clases y normalizar las actividades. El rector Carlos González reconoció que la pérdida de las semanas lectivas obligará a extender el año hasta mediados de enero de 2024, con el perjuicio que ello significa para aquellos alumnos de otras regiones que arriendan en Valparaíso o usan las vacaciones de enero y febrero para trabajar, con frecuencia para sustentar su propia vida universitaria.

Respecto de las peticiones que gatillaron el conflicto, el rector expuso que los tres profesores y la funcionaria denunciados por los estudiantes como responsables de actos discriminatorios se encuentran suspendidos de sus funciones, a la espera de lo que determinen las investigaciones internas en curso -algo que ya estaba en marcha hace un mes-, en tanto que muchas de las exigencias en infraestructura estaban en curso de licitación al momento que los estudiantes ocuparon los edificios emblemáticos, hecho que, paradoja mediante, obstaculizó la materialización de esos arreglos.

Concluido el conflicto, queda la sensación de que los avances alcanzados son menores al daño reputacional que le hace al plantel una movilización tan extensa. En los últimos años, la Universidad de Playa Ancha ha llevado adelante un profundo proceso de modernización y ampliación de su oferta académica, justamente como una forma de incrementar su atractivo en un mundo universitario cada vez más competitivo. En este escenario, la ocupación de los espacios universitarios por dos meses parece una medida desproporcionada frente al tenor de las exigencias que hacían los alumnos, muchas de las cuales encontraron una rápida respuesta en los canales institucionales que correspondía. La acusación contra los docentes y la funcionaria, por ejemplo, debe primero ser sometida al debido proceso de las instancias universitarias y no corresponde imponer sanciones sobre dichos trabajadores de forma anticipada, menos aún proceder con medidas tan radicales como el extenso paro y toma, cuyos efectos inmediatos y de largo plazo perjudican a los mismos estudiantes.

La magnitud de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad requiere, como condición ineludible, la colaboración activa entre el sector público, privado y la sociedad civil, así como un determinado esfuerzo por mejorar las prácticas en lo que a ética y transparencia se refiere. Sin estos compromisos será difícil superar las brechas de desigualdad y exclusión o fortalecer las instituciones.

De la misma manera que exigimos transparencia al Estado y a la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, también tienen el deber ético de transparentar su gestión, finanzas y composición, a fin de actuar con la responsabilidad cívica necesaria y para evitar posibles conflictos de interés.

Por ello, desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias hemos venido trabajando sistemáticamente hace más de 10 años en el desarrollo de la herramienta FECU Social (Ficha Estadística Codificada Uniforme), un formato de memoria anual y estados financieros que provee de información detallada respecto de la gestión de las organizaciones y todos aquellos proyectos financiados por terceros, públicos o privados, que estén sujetos a rendición de cuentas; por lo tanto, también facilita la fiscalización. Anualmente, más de 200 organizaciones deciden proactivamente ser transparentes reportando FECU Social, herramienta actualmente disponible en Fecusocial.cl para todas las organizaciones.

Aun así, estos esfuerzos son insuficientes sin una acción determinada por parte del Estado para convenir un estándar de transparencia único para la sociedad civil organizada, que disminuya la burocracia y facilite la fiscalización oportuna por parte de las reparticiones públicas y la ciudadanía, haciendo más eficiente y efectivo el resguardo de la probidad. Casos como el de Democracia Viva vuelven a levantar las alertas respecto de la necesidad de retomar decididamente la discusión sobre la Ley de Transparencia 2.0.

Hoy más que nunca urge abordar estos compromisos porque, además de cuidar nuestra institucionalidad, es necesario fortalecer un sector que tiene alto impacto en la vida de millones de personas, que colabora activamente con el Estado en temas de interés público, que contribuye a la cohesión social y participación ciudadana, y que, en definitiva, da vida a nuestra democracia.