Cristián Rojas M.

La gestión del seremi de Transportes, Benigno Retamal (PPD), concita una crítica transversal entre autoridades y dirigentes sociales de la región, lo que se suma a la querella por prevaricación administrativa interpuesta por un empresario, argumentando una negativa "ilegal y arbitraria" para visar una nueva línea de colectivos, mientras que los transportistas escolares se quejan de que no han vuelto a atender presencialmente y otras trabas.

El diputado Luis Cuello (PC) considera que "el seremi partió con una buena voluntad de dialogar con la gente, sin embargo, creo que con el pasar del tiempo esa capacidad de diálogo se ha ido debilitando, yo estimo que no se ha puesto suficiente energía en poder escuchar a los ciudadanos, en poder tener un juicio tal vez más realista, más crítico respecto de las soluciones que se requieren para la crisis del transporte en Valparaíso, aunque claro, en ese punto yo también hago la observación que eso no depende únicamente del seremi, sino que también del ministerio".

Cuello cree que "no ha existido voluntad para incorporar la demanda de sumar otros elementos al proceso de diálogo ciudadano, que tiene que ver con la creación de una empresa pública regional, toda vez que la evidencia claramente indica que el transporte controlado únicamente por privados ha fracasado".

Validadores electrónicos

Por otra parte, advirtió que "ya presentamos un oficio, pero nos falta información respecto a cuál ha sido el nivel de exigencia que ha puesto la Seremi sobre el cumplimiento de la implementación de los validadores de pago electrónico en los microbuses. Notamos que frente a requerimientos bastante agresivos que han surgido del gremio empresarial se ha entregado respuesta con mucha mayor rapidez y con un mejor tono".

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) estima que "es un seremi absolutamente ausente, alejado de la realidad; que no hace exigible en el transporte público lo que son los validadores electrónicos, que se traduce en una mayor seguridad tanto para conductor como para los pasajeros; un seremi que no hace un clima de coordinación con los parlamentarios como para poder hacer mesas de trabajo, para hacer política con los vecinos. En definitiva, un seremi que pareciera que más bien trabaja en un escritorio".

A su juicio, "todo eso se traduce en que finalmente el ministro de Transportes tiene que reflexionar sobre su gestión y tomar una decisión, si es que él cree que esta es buena o mala, y a mi parecer, debiese pedirle la renuncia, porque claramente no ha dado el ancho para tener el cargo".

El vocero de la Coordinadora Que Pase la Micro, Edgar Eldredge, planteó que "nos hemos reunido con él, pero en definitiva no ha habido ninguna respuesta a la problemática grave que tenemos con el transporte privado que se dice llamar público".

La semana pasada Eldredge, el diputado Cuello, la consejera regional Nataly Campusano y dirigentes vecinales le entregaron una carta al seremi en la que pedían considerar la posibilidad de empresas públicas en los diálogos ciudadanos sobre la futura licitación, y también le solicitaban fijar un plazo perentorio para la instalación de los validadores.

Consultado sobre si han tenido respuesta a esa carta y a otra similar que le entregaron el 27 de abril, Eldredge dijo que "absolutamente ninguna, y eso es súper importante para nosotros, porque si el señor Reinaldo Sánchez está pidiendo mayor seguridad, la seguridad se la dan directamente los validadores, pero ya han pasado 11 meses desde que venció el plazo para que los instalaran y hasta el momento, nada".

En ese contexto, estima que la gestión de Retamal es "pésima, porque no está respondiendo a la ciudadanía, más responde a los intereses del empresariado, en este caso cuando el señor Sánchez dice que va a hacer un paro, contestan al tiro".

Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, Isaac Alterman, matizó señalando que "la Seremi es un buzón del Ministerio de Transporte, entonces no tiene ninguna resolutividad respecto de lo que puede hacer aquí con los empresarios que tienen el control del transporte, y la gestión del seremi ha sido igual que las anteriores".

En esa línea, recalcó que "los empresarios en el fondo manejan la política, chantajean, no cumplen la ley y les aplican algunas sanciones irrisorias, por lo tanto, siguen haciendo lo que quieren. Los validadores tenían que estar instalados hace rato y no se instalan, se hace vista gorda".

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos 137-B de Laguna Verde, Julia Poblete, criticó que "no han cumplido nada de lo que dijeron que iban a hacer, el transporte colectivo incluso ha empeorado, así que mi evaluación sobre la gestión del seremi es mala".

Placilla no mejora

A su vez, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo de Placilla de Peñuelas, Rubén Meza, sostuvo que "acá a las 8 de la noche ya tenemos que estar en nuestras casas porque no sabemos si después vamos a encontrar micro o vamos a tener que gastar entre 5 y 10 mil pesos para poder llegar, y no hay trabajador que aguante el bolsillo en esa situación. Y eso también pasa porque los choferes no quieren salir después de esa hora por el temor a ser asaltados. Si anduvieran sin plata no serían asaltados, pero mientras no se exijan los validadores esto no va a cambiar".

El consejero regional Manuel Millones (Ind./ex UDI ) sostuvo que "tenemos un seremi ausente de los grandes problemas del transporte publico y temáticas de su cartera. Esta crítica va más allá de su persona, por cuanto con el señor Benigno Retamal tenemos buenas relaciones personales, sino del trabajo que se desarrolla en esa Seremi, donde él es el responsable político de lo que se hace y no se hace".

En tanto, el core Manuel Murillo (PPD), aseguró que la gestión de su correligionario "siempre ha sido cercana y muy diligente cada vez que lo he solicitado, el seremi y su equipo siempre han estados disponibles para cualquier requerimiento".

"El ministro de Transportes (...), a mi parecer, debiese pedirle la renuncia, porque claramente no ha dado el ancho".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"A requerimientos agresivos que han surgido del gremio empresarial ha dado respuesta con mayor rapidez y mejor tono".

Luis Cuello, Diputado (PC)

Esta semana se cumplen 20 años desde que Valparaíso fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y uno de sus edificios más emblemáticos, que albergó al ex Hotel Royal, sigue en malas condiciones en el sector donde estaba el ex Café Vienés, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, que se encuentra ejecutando algunas acciones para restaurar esa zona, ya que hay otras que están en uso, como el Instituto Chileno Norteamericano y la Dirección Regional de Gendarmería, que no son de propiedad de esa cartera.

El seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, recordó que "cuando asumimos estaba completamente abandonado, a la deriva, tiene daño importante en la techumbre y no está en condiciones de ser habitado. Asumimos y comenzamos a hacer gestiones con otras instituciones, de tal manera de poner en valor el potencial que tiene el edificio en términos patrimoniales, sociales, económicos, culturales, entre otros, y hemos generado licitaciones públicas para retiro de escombros, aseo, y ahora estamos también licitando las obras de emergencia en la techumbre".

Consultado sobre qué objetivos se han fijado y los plazos, señaló que "el grueso de la meta es, primero, recuperarlo para ponerlo a disposición para algún uso, y el uso que nosotros miramos siempre es el uso comunitario, abrir la propiedad fiscal democratizando su acceso".

Covacich confirmó que la recuperación del emblemático inmueble está contemplada dentro del plan por 1.200 millones de pesos que dispuso la Subsecretaría de Desarrollo regional (Subdere) para recuperar el barrio Condell y su entorno, lo cual "hemos conversado con la encargada regional de la Subdere y también a nivel central".

Siete terrenos fiscales

Otro tema que tiene que ver con Bienes Nacionales son las gestiones que realiza esa cartera para disponer de terrenos fiscales para cumplir con la meta del Ministerio de Vivienda, de construir en este Gobierno 31 mil viviendas sociales en la región. Sobre ese punto, indicó que "hemos hecho un trabajo en conjunto con el Minvu, pusimos a disposición 23 terrenos para evaluación o estudios de factibilidad del Serviu, de los cuales hasta el momento hemos tenido una preaprobación o una primera luz verde de siete inmuebles".

Una vez que se dé la luz verde definitiva se dará a conocer su ubicación. Mientras tanto, hay quienes plantean, entre ellos el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que los terrenos, al ser estatales, debieran ser traspasados sin costo por parte de las instituciones, ya sea Fuerzas Armadas u otras, frente a lo cual Covacich aseguró que "no vamos a descartar ninguna situación en la cual nosotros dispongamos de propiedad para la construcción de viviendas sociales".

"Hemos generado licitaciones para retiro de escombros, aseo, y ahora estamos licitando las obras en la techumbre".

Tomás Covacich, Seremi de Bienes Nacionales