Contraloría suspende transacciones de fondos públicos a fundaciones y Boric pide "no meter a todos en el mismo saco"
CASO CONVENIOS. Mandatario defendió a seremi y a delegada que han sido cuestionados. Se abre nueva indagatoria en Los Lagos.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, anunció en ayer que el organismo que dirige ordenó suspender todas las nuevas transacciones a fundaciones "mientras no se aclare la situación" de las ONG que están siendo investigadas por recibir cientos de millones de pesos en recursos públicos de manos de funcionarios que antes fueron parte de su organización. Al caso de la Fundación Democracia Viva en la Región de Antofagasta, que tenía suscritos convenios con la seremi de vivienda, se han sumado en las últimas horas indagatorias de oficio en las regiones del Maule y Los Lagos.
"Hoy respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas, hay una orden -tomada centralizadamente-, que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan. Pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar", dijo Bermúdez y precisó que "esto es respecto de aquellos actos que se tramitan en la Contraloría. Aquello que no se tramita por la Contraloría no podemos ordenar esa suspensión".
Horas más tarde, el Presidente Gabriel Boric fue consultado sobre el tema y dijo que "me parece muy bien que la Contraloría cumpla con su función contralora.
Sin embargo, sobre las responsabilidades políticas recordó que las "he hecho valer en casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa".
"En la medida que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer", añadió.
Paralelamente la oposición, con la firma de 65 parlamentarios y el apoyo de oficialistas, elevó una solicitud para crear una comisión investigadora.
Maule, Biobío, los lagos
Al ser consultado sobre los casos del seremi del Minvu del Maule, Rodrigo Hernández, y la delegada de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, Boric dijo que "es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todo el mundo en el mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable y por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar".
"¿Qué se le imputa a Daniela Dresdner? ¿Qué se le imputa a Daniela Dresdner concretamente? ¿De qué la están acusando? O en el caso del seremi de Vivienda del Maule, (...) que declaró previamente que él se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue ni director, ni tenía un cargo directivo, sólo fue trabajador. (...) Con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar".
En la región del Maule, la fiscalía regional abrió una investigación penal de oficio por millonarios traspasos a la ONG Urbanismo Social, donde Hernández había trabajado por ocho años.
En el Biobío, en tanto, el senador socialista Gastón Saavedra criticó la defensa de Boric a Dredsner. "No se puede entrar una situación de proteccionismo", comentó al referirse a las responsabilidades políticas.
Por el caso Convenios ya han renunciado una subsecretaria y un seremi, mientras que la diputada y expresidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, tiene su militancia suspendida. Daniel Andrade, quien fue pareja de la legisladora y director de Democracia Viva, renunció ayer a RD, vía correo electrónico.
Finalmente, ayer la Fiscalía de Los Lagos inició una investigación de oficio luego revelarse que en la administración del gobernador Patricio Vallespín se transfirieron 8.800 millones de pesos a entidades por convenios de implementación de programas.
"Tiene por objeto investigar la eventual existencia, comisión de delitos, que digan relación con fraude al fisco u otros en el uso de dichos dineros", dijo el persecutor Marco Muñoz.