Sebastián Mejías O.

En medio de los escándalos que se han generado a raíz de los millonarios convenios, con intereses políticos de por medio, entre instituciones públicas, organizaciones civiles y fundaciones, y a objeto de despejar todas las dudas posibles, la Contraloría General de la República instruyó a las contralorías regionales paralizar la toma de razón de los contratos generados entre cualquier repartición del Estado con este tipo de entidades u ONG.

Con la medida anunciada, se suspendería la tramitación de los convenios entre instituciones del Estado y Fundaciones que pasan por la Contraloría, que son aquellos que superan las 5 mil UTM. La decisión se toma, según explicó el contralor general Jorge Bermúdez, "mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios".

Hasta ahora, a nivel local, ni la seremi de Vivienda, que mantiene ocho convenios con cuatro organizaciones de la sociedad civil, ni el Gobierno Regional, liderado por Rodrigo Mundaca, han sido notificados por la Contraloría Regional del congelamiento de aquellos convenios que estaban a la espera del trámite administrativo para ser validados.

"Señalamos que el Gobierno Regional de Valparaíso no ha sido notificado ni ha tomado conocimiento formal respecto de dicha información por parte del órgano contralor", indicaron desde el Gore Valparaíso.

Advertencia en la región

El diputado RN Andrés Celis calificó como "acertada la decisión de la Contraloría de congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG con instituciones estatales", argumentando que "se debe velar siempre por los principios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos, como también el de probidad en el actuar de sus funcionarios".

Sin embargo, aclaró que "no pueden pagar justos por pecadores, y al menos de inmediato, debieran suspenderse todos aquellos convenios que, desde que asumió el Presidente Boric, fueron firmados por seremis, gobiernos regionales y municipalidades".

Por su parte, y calificando la medida como "correcta y prudente", el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, espera que las "diferentes seremías y los servicios regionales aprovechen este tiempo para revisar sus convenios y poner fin a cualquier contrato que pueda parecer pituto, amiguismo o que tenga valores desproporcionados para la baja experiencia que algunas de estas fundaciones o empresas tienen".

Mientras, el parlamentario RN Andrés Longton considera que el tema "es aún más complejo, ya que el mecanismo utilizado era fraccionar los convenios para no pasar por Contraloría y así operar irregularmente a través de trato de directo".

Convenios afectados

Desde el Consejo Regional, el core Manuel Millones lamentó la decisión de la Contraloría, puesto que "los cuestionados y millonarios convenios entre una Seremi de Vivienda y una fundación ligada a Revolución Democrática afecten también a las buenas instituciones, sin fines de lucro, que cumplen de manera eficiente su trabajo social y comunitario".

Cree que más bien la Contraloría debería auditar "todos los convenios firmados de los organismos cuestionados, como son Ministerio de Vivienda o del Trabajo, no paralizar el quehacer de las instituciones".

En el caso puntual del Gobierno Regional, entiende, en base a análisis preliminares, que "no hay convenios con instituciones por montos superiores a las 5 mil UTM, que son aquellos que pasan por Contraloría". Aun así, "si los hubiera, hay restricciones y controles en el traspaso de fondos, así como de los estados de pagos y boletas de garantía", explicó.

En tanto, al core PPD Manuel Murillo le parece "muy bien que la Contraloría intervenga y solicite congelar todos los convenios que existan en cada uno de los sectores y en el Gobierno Regional".

No obstante, aseveró que hay "que ser muy cuidadoso de detener algún convenio cuya ejecución sea imprescindible, ya que es probable que esta situación, lamentablemente, detenga el trabajo de este gobierno en las diferentes instancias".

"Que las seremías y los servicios regionales aprovechen para revisar sus convenios y poner fin a los que puedan parecer pituto".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (Partido Republicano)

"Contraloría debería auditar los convenios de organismos cuestionados, no paralizar el quehacer de las instituciones".

Manuel Millones, Consejero regional (Ind.-UDI)

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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra Enap Refinerías S.A., por superar las emisiones máximas permitidas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2) durante el año 2022, en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Al ser considerada una falta grave, la empresa arriesga una sanción de hasta 5.000 UTA, lo que equivale a cerca de $3.795 millones. La estatal tiene 15 días para presentar sus descargos, o bien 10 días para presentar un plan de cumplimiento.

Por medio de un comunicado, la SMA señaló que formuló un cargo grave contra la empresa por sobrepasar los límites establecidos de emisiones, contextualizando que el 30 de marzo de 2022 -como lo establece el PPDA- entraron en vigencia medidas más estrictas para el límite de emisiones de esta fuente del cordón industrial de la bahía.

La fiscalización realizada por el servicio consistió en el análisis de los antecedentes que presentó Enap en el marco del cumplimiento del artículo 19° del PPDA. En dicho artículo se remarca que el titular deberá entregar a la SMA, en enero de cada año, un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 15,16 y 17 del plan.

En el comunicado, la SMA expuso que el artículo 15 del plan estableció el límite de emisiones MP, SO2 y NOx para Enap y fijó una reducción en las emisiones a partir del 30 de marzo de 2022.

En razón de lo anterior, durante el año pasado se midieron los límites considerando dos periodos distintos. El primero desde el 1 al 29 de marzo; y el segundo entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre. Tras los análisis, la SMA detectó que en el primer periodo Enap cumplió con el límite de emisiones, pero en el segundo lapso incumplió el límite máximo, "con una excedencia de 145 toneladas para MP y 15 toneladas de SO2".

En relación a este proceso, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, subrayó que "preliminarmente, este cargo se ha clasificado como grave, pues afecta negativamente el cumplimiento de las metas y medidas del PPDA de la zona por aumentar las emisiones proyectadas para el año 2022".

Plumer sostuvo que "lo anterior, especialmente considerando que Enap Refinerías Aconcagua corresponde a una de las tres grandes fuentes emisoras que representan los principales aportes de contaminantes atmosféricos, como el SO2, NOx y MP, en la zona regulada por dicho PDA".