La ampliación del Espigón, en Valparaíso; la construcción del Puerto Exterior, de San Antonio, y la extensión del metro a Quillota son algunos de los grandes proyectos regionales cuya postergación, suspensión o atraso han demostrado la débil capacidad del Estado para avanzar en el desarrollo de infraestructura pública urgente y necesaria. El problema fue advertido por los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes, en el marco del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), plantearon la necesidad de que el Gobierno acelere el tranco en la materialización de las grandes obras comprometidas en el programa de concesiones. Los efectos beneficiosos de este incremento de la inversión pública se sentirán en el empleo, la consolidación de los nuevos emprendimientos y un aumento sustancial del atractivo del país a los ojos de los capitales propios y extranjeros.

Desde la Dirección Ejecutiva del mismo CPI, el ministro Carlos Cruz advierte que revertir este problema requiere abrir una discusión sobre los obstáculos que existen para la materialización expedita de los proyectos. "Hay que incentivar para que haya nuevamente opción de ejecutar grandes proyectos de infraestructura que tengan un efecto transformacional importante en el país", dice Cruz, quien observa que "son demasiadas las instituciones que tienen que tomar posición respecto a determinados proyectos y no siempre trabajan con una misma lógica conducente a facilitar la ejecución" de dichas obras. El asunto, queda claro, radica en los procesos de tramitación que deben enfrentar las iniciativas y en la incapacidad que ha demostrado el Estado para favorecer el flujo de inversiones y su materialización en obras que entregan empleos y revitalizan la economía. Ya es hora, así lo exigen las circunstancias apremiantes, de que alguien en el Gobierno mire este tema y haga una propuesta, un pacto a favor de la inversión, que sea capaz de poner en movimiento la anquilosada maquinaria pública, que no ponga trabajas a las iniciativas de origen privado y permita transformar esta sensación de parálisis en un flujo beneficioso para el conjunto del país.

Una vez más, las intensas lluvias sobre las ciudades evidencian nuestras decisiones acertadas, omisiones y equivocaciones de las administraciones urbanas. Los anuncios de hace meses están ocurriendo, generando daños y aislamientos y, lamentablemente, sorprenden más sólo a quienes no han incorporado ese conocimiento a la planificación, que abastecida desde las ciencias, conoce y advierte la vulnerabilidad de inadecuados asentamientos existentes y usos para el futuro.

Esta vez las cuencas se han activado y superado promedios, recordándonos lo que hace casi medio siglo nos parecía habitual. Y es que los ciclos de la naturaleza superan nuestra memoria y capacidad de prevención.

Las lecciones de los desbordes de ríos y zonas urbanas afectadas, una vez más, reinstala una discusión que nos da oportunidad de cambios, acuerdos para la adaptación, para evitar errores que generan la siempre inconveniente y desgastante reacción después de la destrucción.

Así, el valor de la ciencia y el conocimiento explican su existencia cuando son aplicados para el beneficio colectivo, en este caso con estudios para determinar zonas de inundación, simulaciones de escenarios que ahora tienen sentido y definición de áreas que restringen construcciones o que determinan obras mitigatorias, salvando vidas y bienes; muchas veces iniciativas que por distintas razones y presiones quedan en la teoría sin acción, al no lograr ser atendidas por las decisiones de una política pública.

Consecutivamente, resurge el valor de la planificación preventiva, instrumentos del Estado que compilan información que lentamente se torna norma, pero que corre alto riesgo de no ser cumplida, incorporada a tiempo o fiscalizada, considerando que la presión por el uso de un área definida como "de riesgo" sólo se resolverá paradójicamente con vías de escape bien señalizadas. Por último, el valor de la infraestructura, de obras públicas de grandes dimensiones y costos, pero muchas veces invisibles para los ciudadanos y los intereses cortoplacistas de una administración de turno.

Las obras preventivas funcionan y puede seguir siendo implementadas con las propias innovaciones que la coordinación intersectorial y multidisciplinar puede darnos para resolver más de un problema a la vez.

Una academia disponible y valorada para aportar a los problemas del país, planes reguladores urbanos modernizados y a tiempo, nuevas piscinas aluvionales y proyectos que previenen inundaciones costeras que se materializan, son y deben ser parte de este camino que nos lleva a ciudades más resilientes y a una sustentabilidad que también es salir con inteligencia del ciclo destrucción-reconstrucción.