Doce días de estoico -o estratégico- silencio mantuvo la diputada Catalina Pérez, mientras el resto del mundo político, judicial y hasta administrativo, intervenía en la controversia que provocó el millonario traspaso de dineros desde la seremi Minvu que liderada su exjefe de gabinete, Carlos Contreras, hacia la Fundación Democracia Viva, que dirige su expareja, Daniel Andrade, todos militantes de Revolución Democrática (RD) al momento de ocurridos los hechos. En sus dichos, Pérez defendió su inocencia ("Nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie, no he infringido norma alguna") y reconoció como un error no haber medido correctamente el impacto "para el país" del ahora llamado "caso convenios". Sin embargo, su descargo mayor fue contra el senador por Valparaíso y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, a quien acusó de "falta de talento político y de liderazgo" para abordar el tema, ser errático y cambiante en sus posiciones frente a la crisis, y, peor aún, "haber faltado a la verdad". El senador aludido no ha querido responder a las duras palabras de la diputada Pérez y sólo hablaría hoy, desde el Congreso, sobre la polémica desatada. Pero el daño ya está hecho, tanto al interior de Revolución Democrática, cuya conducción política ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, como dentro del Gobierno, que ha zigzagueado desde el inicio de la controversia, sin una pauta clara de cómo proceder ante las evidentes pruebas de irregularidades.

Con todo, la principal damnificada es la confianza ciudadana en las instituciones públicas y sus autoridades. Como lo plantea de manera lúcida la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada: "La corrupción es muy grave, independientemente del monto que involucre, porque el impacto que tiene en la democracia, en las instituciones políticas, es brutal". Exactamente ese es el peligroso punto en el que estamos hoy.

La inteligencia artificial (IA) se encuentra en el ojo del huracán debido a sus potenciales riesgos. Expertos y sobre todo no expertos han puesto el grito en el cielo sobre la necesidad de regular su utilización, incluso llegando a solicitar que se pause la investigación en esta área por seis meses. Si bien hay un consenso entre expertos que las ventajas de esta tecnología superan ampliamente a sus desventajas, casos negativos aislados se han vuelto muy bullados y nos hacen creer que estamos al borde de una distopía futurista.

Al momento de diseñar leyes de regulación de IA, puede ser tentador auditar todos los desarrollos que incluyan esta tecnología. Esto puede ser un error si se hace de forma burocrática. Esto no implica que la utilización de IA no se deba regular. Debemos penar su mala utilización, haciendo responsable a los humanos detrás de las decisiones. Por ejemplo, voy a la cárcel si pago con un billete falso por estafa. El responsable soy yo y no el billete. La regulación se enfoca en quién da mal uso a una tecnología.

La IA permite nuevas formas de fraude, llegando a crear avatares para extorsión casi perfectos en audio e imagen. La suplantación de identidad mediante IA debe ser penada, y ya lo es. Pretender auditar cada IA desarrollada en Chile es equivalente a pedirle a cada persona que lleve sus billetes a ser fiscalizados para ver si son legítimos o falsos. Una entidad encargada de canalizar estos desarrollos puede verse rápidamente desbordada de solicitudes, generando atrasos.

El mayor riesgo para Chile es el de llegar tarde a la fiesta, es una carrera contra el tiempo. Y si queremos ser competitivos, debemos ser flexibles y ágiles, entendiendo que la mayoría de las inteligencias artificiales se utilizan correctamente, como la mayoría de los billetes son legítimos.

En resumen, la regulación de la IA debe ser un trabajo colaborativo entre diversos actores, incluyendo a expertos en la industria. Nuestra regulación no tiene por qué parecerse a la de los países pioneros y debe tener un foco en el fomento de la tecnología mientras se utilice correctamente. Mientras no haya evidencia alguna de IA autónomas capaces de decidir en contra de principios de una persona o empresa, la responsabilidad de las decisiones deberá caer en ellos.

Trabajamos en más de 30 proyectos de IA, incluyendo desarrollos para la persecución penal junto a la Fiscalía Nacional. La IA puede aportar antecedentes claves para dar con implicados en delitos y llevarlos a la justicia. Una mala regulación que genere trabas al desarrollo académico y económico puede entorpecer el avance de tecnologías que buscan apoyar las principales demandas de la ciudadanía. Después de todo, quizás sí tengamos que parar de investigar seis meses para cumplir con normas y regulaciones, y demostrar que somos de la gran mayoría que busca ayudar al país con IA.