Si hay un área en la cual no se ha hecho prácticamente nada durante la mayoría de los últimos gobiernos en la Región de Valparaíso, esa es Transportes, que por estos días vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por la nula gestión a realizada durante la actual administración, con críticas, querellas y acusaciones a Santiago por parte de empresarios del transporte, usuarios y autoridades locales.

El panorama es claro: no se licita el transporte público desde hace más de una década en el Gran Valparaíso por motivos que nadie tiene muy claros; la actual promesa de hacerlo -incluso refrendada en la Cuenta Pública presidencial- parece haberse quedado en los "inéditos" y rimbombantes diálogos participativos y conversaciones grupales con vecinos para un cronograma cuya realidad difícilmente se verá durante el presente Gobierno; y lo más triste y claro de todo, las micros no pasan a ciertas horas de la tarde y rara vez llegan a sectores como Laguna Verde, Placilla, Los Pinos o Parcela 11, sólo por poner cuatro de los ejemplos más sentidos por la población.

Se prometió una "pronta inyección" de 140 buses y recorridos en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso, como un "plan de fortalecimiento" del actual servicio, sólo después de que el alcalde Jorge Sharp pusiese el grito en cielo. En el intertanto, un conocido empresario microbusero amenaza con paralizar toda su planta vehicular luego de que su nieto fuese encañonado por antisociales en una garita de Concón, otro se querella contra el seremi de Transportes por prevaricación, decenas de transportistas escolares se ven imposibilitados de trabajar porque la Seremía no funciona presencialmente desde antes de la pandemia y la Mesa de Transporte Comunal porteña, junto a estudiantes, pensionados y otras organizaciones civiles, se manifestó ayer exigiendo la instalación de validadores automáticos en el transporte colectivo y dejando en claro su negativa al anuncio del ministro de Transportes sobre una próxima alza de las tarifas de la locomoción colectiva.

Y esa, finalmente, es la historia: nos llenamos de promesas y medidas "inéditas", pero al final de cuentas, todos sabemos que por algo el primer seremi de esta administración duró apenas un mes en el cargo.

Los hechos acontecidos en la ciudad de Antofagasta, relacionados con la vinculación de la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, por lo cual esta última percibió importantes recursos que se supone estaban destinados a una intervención de carácter social y comunitario en campamentos y no a otros fines y causas; y la aparición en otras regiones del país del mismo modus operandi, obviamente es un golpe duro para todas las personas benefactoras que colaboran desinteresadamente con estas entidades que existen a lo largo de Chile, las que han realizado y siguen ejecutando trabajos en beneficio de la ciudadanía, incluso muchas de ellas con voluntarios que entregan no sólo su tiempo, sino también su vida en las labores de estas instituciones, como es el caso de Levantemos Chile o Techo para Chile.

Es injusto que se englobe a todas o se haga una crítica generalizada, porque por cierto que hay nobles instituciones que trabajan en beneficio del desarrollo del país. Por lo mismo, es importante acelerar las investigaciones judiciales y administrativas para sancionar con todo el rigor de la ley a quienes han instrumentalizado la ayuda social para fines partidistas.

También resulta curioso el pronunciamiento de la Contraloría, que más bien es mediático, pero que hace daño. Paralizar la toma de razón de todos los convenios con fundaciones y no hacer un distingo provoca un daño, porque frena la intervención social y comunitaria que se realiza con estas entidades, no solamente en el tema habitacional. Hay otras organizaciones que trabajan con aportes del Estado, como es el caso de la Teletón y fundaciones que trabajan con menores, adultos mayores, entre otras.

Claramente, al no hacer la diferencia, se ven perjudicadas y también se daña la imagen y reputación de las buenas fundaciones, generando dudas razonables en los aportantes, es decir, en aquellas personas o empresas que colaboran con las diferentes instituciones que trabajan desde el área privada en beneficio de las comunidades.

Es de esperar, por el bien del país, que se reencauce esta materia y se separen los casos, se hagan las correcciones legislativas que correspondan, se establezcan mayores controles en la Ley de Presupuestos y se impongan mayores sanciones a quienes se vean involucrados en cometer este tipo de delitos o faltas, pero no afectemos el trabajo desinteresado de miles de voluntarios que, al amparo de diferentes fundaciones, realizan una enorme y noble labor por el prójimo.