Caso Fundaciones en la Quinta Región
Territorios Colectivos y Urbanismo Social han sido vinculados por investigaciones y autoridades como supuestos nuevo focos de corrupción. Será Contraloría y, de ser necesario, el Ministerio Público quienes deberán determinar si hay irregularidades o eventuales delitos en ambos casos.
Al parecer, y como muchos presagiaban, era sólo cosa de tiempo antes de que el infame "Caso Fundaciones", también llamado "Caso Convenios", llegase a la Región de Valparaíso tras su explosión inicial en la de Antofagasta, que se llevó a un seremi y a una subsecretaria de Vivienda consigo, dejando malheridos a una diputada y a un senador RD, y a un ministro PS, con sus consecuentes esquirlas en El Maule, Biobío, Los Lagos y Atacama (sólo por estricto orden cronológico de los hechos).
En Valparaíso ya era un secreto a voces en los cafés de calle O'Higgins, abajito de la exintendencia, que diversas fundaciones locales estaban siendo olfateadas, entre ellas Territorios Colectivos, dirigida hasta el año pasado por la consejera regional de Convergencia Social (el partido del Presidente Boric), Nataly Campusano, por esos días pareja del senador y hoy atribulado presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, e integrada por otros tantos militantes CS. Los supuestos pecados denunciados por una investigación de Ciper Chile apuntan a una "subvención presidencial" por $75 millones con dineros de Hacienda para un proyecto de manejo de residuos y compostaje en el archipiélago Juan Fernández, comuna dirigida por un alcalde RD. Presidencia descartó que el Mandatario haya intervenido en la entrega de recursos, pero descartó que se tratase de un concurso público, como postuló la fundación.
Simultáneamente, surgen alertas por la supuesta baja beligerancia mostrada por la Municipalidad de Viña del Mar con el proyecto inmobiliario Paseo Mirador de Agua Santa, asesorados estos últimos por Urbanismo Social, otra fundación ligada a RD y cuyo director jurídico fue Rodrigo Hernández, el actual y aproblemado seremi de El Maule.
Será Contraloría y, de ser necesario, el Ministerio Público quienes deberán determinar si hay irregularidades o eventuales delitos en ambos casos.