La advertencia sobre la fragilidad urbana de Valparaíso es antigua, pero se renueva cada cierto tiempo con nuevos estudios y mediciones, cada uno de ellos más preocupante que el anterior. La voz del académico de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla, nos recuerda en las últimas semanas que la capital regional es un conjunto de casas y edificios emplazados en una topografía difícil y traicionera, muchos de ellos levantados sin los controles pertinentes y en terrenos inadecuados, o con estructuras tan añosas que se convierten en un peligro inminente. Padilla plantea que hay al menos dos mil viviendas con serio riesgo de derrumbe, al punto de temer una tragedia como la ocurrida en agosto de 2019, en la intersección de las calles Aldunate con Huito, a los pies del cerro Bellavista, cuando una vivienda se desplomó sobre la escalera Pasteur, dejando seis víctimas fatales. Peor aún, porque una serie de errores administrativos impidieron que el municipio de Valparaíso avanzara en la demolición de los inmuebles más riesgosos de la ciudad, como estaba previsto ante las consecuencias de la emergencia en Pasteur. La forma usada por las distintas autoridades para esquivar sus responsabilidades en este tema es bastante paradigmática de cómo (mal)funciona Valparaíso. Una tragedia desnuda un problema grave y urgente, cuya solución es anunciada con bombos y platillo. Pero los recursos se pierden en el camino o los proyectos quedan enmarañados en la burocracia, en un baile eterno que deja el problema inicial intacto o, en el mejor de los casos, a medio resolver, hasta que una nueva tragedia nos vuelve a recordar aquello de lo que todos habíamos sido advertidos. No importa si se trata de casas a punto de caer, comercio ilegal en las calles, proliferación del narcotráfico, deterioro patrimonial o crisis económica, la ciudad todavía espera a la autoridad que sea capaz de terminar con este movimiento perpetuo de desgracia.

El dato de inflación para el mes de junio ha generado expectativas de una reducción significativa en la tasa de política monetaria (TPM). Si a eso le sumamos las declaraciones de una consejera que señaló que el piso de la reducción en la TPM debiera ser de 50pb e "incluso es posible que algo más", claro, hay material para ilusionarse. Sin embargo, a renglón seguido, otro consejero matizó esos dichos señalando que no representaban la visión del consejo. Bueno, bienvenidas las discrepancias, aunque lo óptimo, creo yo, es que el debate se dé siempre al interior de esta respetada institución.

Con todo, hay elementos que debemos relevar para poner paños fríos a las expectativas respecto de lo que sucederá en la próxima reunión de política monetaria.

El primero guarda relación con el mandato del Banco Central; su objetivo es velar por la estabilidad de precios, más allá de lo deteriorada que parezca la actividad económica (en términos coyunturales y estructurales). Por lo tanto, al momento de determinar la magnitud de la baja en la TPM el ente rector mirará los indicadores de inflación. Eso nos lleva al segundo elemento: las medidas de inflación. Si bien la medida general de IPC se encuentra en 7,6% (empezamos el año con 12,3%), las medidas subyacentes han experimentado caídas más moderadas. Por ejemplo, la inflación sin volátiles se ubica hoy en 9,1%, sólo 1,5 puntos porcentuales inferior a lo que estaba en enero. En el mismo período la inflación sin alimentos y energía se ha reducido en 1,7 pp. Es decir, las presiones inflacionarias han retrocedido, pero aún están ahí, y un shock podría reactivarlas.

Así las cosas, una rebaja muy pronunciada en la TPM podría dejar expuesto al Banco Central frente a un cambio en las condiciones (principalmente externas) y, por ende, obligarle a reconocer un paso en falso, tal vez retrocediendo en su andar al poco tiempo. Parece más razonable iniciar un proceso de normalización monetaria con una reducción de la TPM de 25/50 pb; luego, en la medida que las presiones inflacionarias continúen cediendo, se podría tal vez apurar el tranco.

Puede que las ansias de reducir la tasa de manera más agresiva pase por una preocupación por el crecimiento. Al respecto, señalar dos puntos. Primero, la política monetaria actúa con rezago sobre la actividad económica, por lo tanto, lo que pase en julio afectará a la economía un par de trimestres más adelante. Las proyecciones de crecimiento apuntan a una leve caída para este año y es muy difícil zafar de eso, más allá de lo que haga el ente rector. En segundo lugar, recordar que la principal contribución que puede hacer un banco central al crecimiento de un país es mantener la inflación baja y estable, lo que a su vez permitirá mantener tasas de interés bajas y estables. Lo que Chile necesita para reactivar su alicaído desempeño tendencial no pasa por caídas abruptas en la TPM, lo que no sólo sería inocuo, sino que, peor aún, pondría en peligro los trabajados logros conseguidos hasta ahora en materia inflacionaria.