Nueve meses demoró el Comité de Ministros en remitir a la Inmobiliaria Las Salinas (ILS) la resolución exenta con los detalles de la decisión que permitirá a la firma del holding Copec avanzar en la remediación del extenso terreno ubicado entre las calles Jorge Montt y 18 Norte, en Viña del Mar. El proceso de saneamiento ha sido un largo galimatías jurídico y administrativo, que no ha contado con el apoyo del municipio viñamarino, ni de algunas organizaciones y vecinos que, sin argumentos técnicos o científicos precisos, se oponen a la utilización de un sistema de biorremediación ambiental de poco impacto para limpiar las 16 hectáreas de suelo usadas como zona de almacenaje de combustibles por más de 70 años. La resolución emitida esta semana permite a ILS avanzar en la licitación internacional de la biorremediación, pero también le exige instalar un sitio web con información de cada fase de la iniciativa, para que cualquier ciudadano interesado pueda hacer consultas, cuya respuesta no puede demorar más de 20 días. Además, antes de iniciar la ejecución del proyecto, la empresa deberá presentar un plan de monitoreo participativo de variables ambientales como suelo, aguas subterráneas, aire, benceno, material particulado y compuestos orgánicos volátiles. En este punto, el Comité de Ministros exige la participación activa del municipio viñamarino, incluida la conformación de una mesa de trabajo, cuya misión será "facilitar el diálogo y el intercambio de información". La decisión del Comité es adecuada para avanzar en la recuperación de un predio que se ha convertido en un sitio eriazo de 16 hectáreas, pero el saneamiento sólo puede ser el primer paso de un proceso mayor, que defina los usos futuros de dicho terreno privado. El horizonte de este camino no puede ser otro que el beneficio de la comunidad de Viña del Mar en su conjunto, pero su contenido debe alejarse de las fantasías irrealizables y los cálculos mezquinos, para aterrizar en ideas concretas, creativas y capaces de multiplicar los beneficios más allá del barrio donde se instalen.

Hasta doce años pueden llegar a prolongarse los plazos de tramitación de proyectos de inversión en Chile, según un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. También se ha detectado que existen alrededor de 400 permisos sectoriales que llevan a extender cualquier evaluación en el tiempo. Por ello, el Gobierno anunció a mediados de 2022 un proyecto de ley para reformular el sistema, el que podría ingresar este año al Congreso.

Ante este marco, es necesario recordar el impacto negativo de la "permisología" para el desarrollo del país. Primero, los retrasos llevan a que no se puedan concretar obras de mejoramiento en proyectos ya existentes, lo que inevitablemente impacta la productividad, el crecimiento del PIB, el empleo y los ingresos de las personas. A modo de ejemplo, hay consenso que Chile requiere nuevos puertos y trenes de carga, lo que finalmente mejoraría la cadena logística y nos haría más competitivos. Al mismo tiempo, las largas tramitaciones de las inversiones también pueden llevar a un aumento de los costos debido a la inflación, a cambios en el mercado y a la necesidad de actualizar los planes y diseños.

Las demoras también pueden perjudicar la reputación del país, en términos de su eficiencia en la gestión de proyectos y la estabilidad de su entorno de inversión. Esto puede disuadir a empresas extranjeras y limitar las oportunidades de financiamiento externo.

Debemos recordar que las grandes obras son, a menudo, parte de una estrategia de desarrollo mayor. La lentitud a la hora de aprobar una iniciativa puede tener un efecto de arrastre, ralentizando o complicando otras relacionadas.

Otro aspecto que se debe mencionar corresponde a que las extensas tramitaciones llevan a que se genere un descontento ciudadano, por colapsos en la infraestructura crítica debido al cambio climático o desastre naturales, o la que espera beneficiarse con los proyectos. Incluso, los retrasos pueden ser percibidos como resultado de ineficiencia de las autoridades. Vemos el caso de hospitales y parques cuya ejecución ha resultado paralizada, lo que finalmente perjudica a los pacientes o a los propios vecinos que requieren espacios públicos de calidad.

Resulta crucial que las evaluaciones se gestionen de manera eficiente para disminuir estos plazos. Esto puede incluir la mejora de la planificación y la gestión de proyectos, la adopción de procedimientos de aprobación más eficaces, la garantía de una mayor transparencia y la rendición de cuentas en el proceso. Junto con esto, es necesaria una mirada amplia en la infraestructura, lo que se debería plasmar a través de la creación de una nueva institución radicada en una comisión asesora, que trabaje de la mano del Ejecutivo definiendo obras prioritarias, con sentido de futuro.

El concepto de sostenibilidad de cualquier proyecto debe tener un equilibrio en tres áreas: lo social (beneficio a las personas), medioambiente y lo económico-técnico.

Cuando uno de estos factores empieza a pesar más, se pierde el desarrollo sostenible de un país.