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transparencia e inhabilidades frente a actos de corrupción deberían extenderse además a privados que administren recursos públicos".
Para el conocido penalista Juan Carlos Manríquez, "en general este tipo de reacción social contra la corrupción, que nadie puede negar es una conducta grave porque afecta no solo el patrimonio público sino que las confianzas y sobre todo merma las bases sustanciales de la democracia y/o del acceso en iguales condiciones de los electores a decidir por quién vota y por quien no y cómo se llevan o ejecutan las políticas estatales, suele estar muy vinculada a la repulsa que producen circunstancialmente hechos de mucha gravedad".
Sin embargo, expone el jurista, "la experiencia indica que penas indeterminadas, perpetuas o por norma general sin un término específico son ineficaces y además incluso el sistema internacional de derechos humanos establece que las penas indeterminadas son contrarias a los derechos humanos, por ser tratos inhumanos, crueles o degradantes, como ocurre por ejemplo con la constitución europea en materia de DD.HH".
Así por ejemplo, explica Manríquez, fue declarada contraria a la constitución la llamada doctrina Parot, "que establecía un determinado sistema de contabilización aritmética de penas de los etarras que en la práctica las hacía indeterminadas porque eran perpetuas, se iban sumando una y otra vez".
Las penas, subraya, deben tener un plazo o un horizonte de cumplimiento, "probablemente la inhabilidad debiera ser más larga pero, reitero, no necesariamente perpetuas porque eso además afecta otros derechos", como pueden ser al trabajo, a la dignidad en general y a la reinserción social.
Mejorar las leyes
"Hace mucho tiempo que la ciudadanía viene manifestando su hartazgo con los casos de corrupción. Es un clamor que no ha tenido mucho eco en las mayorías políticas. Algunos se han hecho los sordos, y otros se han aprovechado del discurso, pontificando contra la corrupción para llegar al Gobierno, pero después mostrando los peores ejemplos de abuso y enriquecimiento personal con recursos públicos", sostiene el diputado del Partido Republicano por el Séptimo Distrito, abogado Luis Fernando Sánchez.
El legislador afirma que eso "es lo que ha pasado con las fundaciones del Frente Amplio, creadas sólo para sacar plata del Estado bajo engaño, para fines que todavía desconocemos, pero que podrían ser incluso su uso en la campaña del apruebo o las elecciones de consejeros constitucionales. Eso está por determinarse".
El parlamentario viñamarino plantea que es necesario avanzar en leyes que permitan un mayor control al gasto público, y también que endurezcan las penas para quienes se aprovechan de los recursos del Estado. "Tenemos que sancionar con dureza a quienes se valgan de un cargo público para beneficiarse, y eso puede contemplar incluso la prohibición de que puedan ocupar cargos públicos por un tiempo determinado o bien para toda la vida dependiendo de la gravedad del hecho, pero aún más importante que eso es mejorar los controles para que esto no llegue a ocurrir siquiera", agrega.
Luis Fernando Sánchez observa que en las últimas semanas se ha visto cómo en múltiples casos de fundaciones han fallado todos los fiscalizadores. "La Contraloría General no fue capaz de identificar estas transferencias de recursos excesivas ni auditar que los servicios comprometidos realmente se ejecutaran. También nos encontramos con que existen servicios públicos que al parecer tienen la facultad de disponer con mucha libertad de fondos públicos".
Incluso a nivel regional, expone, "el uso excesivo de los 'tratos directos' es otro tema más donde, sin licitación, este gobierno ha repartido miles de millones de pesos, llegando el año pasado casi a la mitad del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Aquí existe un diseño que permite estas situaciones, y eso nos obliga, desde el Congreso a mejorar las leyes".
Proporción del castigo
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional por el Sexto Distrito, Andrés Longton, plantea que la corrupción es un flagelo extremadamente grave, "y así lo ha señalado la ONU, porque amenaza no sólo los derechos fundamentales de las personas que se ven vulneradas, sino que también a nuestra democracia", corrompiendo y destruyendo "lo más básico que tiene la sociedad, que es el Estado, que todos esperamos que esté al servicio de las personas y no se convierta en un botín del gobierno de turno".
En ese sentido, opina, "la encuesta refleja la indignación y frustración de quienes salen a trabajar cada día, de quienes deben seguir cumpliendo con sus obligaciones, mientras ven cómo algunos se aprovechan de sus cargos de poder para beneficio propio. La señal que se envía cuando ocurre la corrupción en el Estado es tremendamente dañina para nuestra institucionalidad, y debemos hacernos cargo de eso mediante una agenda de probidad robusta y con lineamientos claros en la propuesta constitucional".
Al diputado Longton una sanción como la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos no le parece un castigo desproporcionado, "por cuanto la corrupción precisamente se refiere a aquellos funcionarios que prestan un servicio a la sociedad en el Estado. En esa perspectiva, parece razonable que esas personas no vuelvan al ejercicio público cuando efectivamente cometieron delitos tan graves como aquellos vinculados a la corrupción".
Restitución de fondos
Numerosas aristas han surgido desde que se conoció el Caso Convenios -o Fundaciones-, de lo cual hoy se cumple un mes. El viernes último empezó a regir el plazo de 30 días para que la Fundación Democracia Viva restituya al Ministerio de Vivienda el 92% de los recursos transferidos en forma directa en septiembre de 2022, equivalentes a casi $392 millones.
Ello en virtud de la resolución del Minvu que puso término anticipado a los convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos para habitabilidad primaria que mantenía con la mencionada organización.
El titular de la cartera, Carlos Montes, informó que a la fecha de la liquidación de los convenios, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por la organización alcanzaban el 8% de los $426 millones traspasados. 2