El nivel de ordinariez resultante de la poda que hubo esta semana en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) trajo consigo viejos fantasmas de malas prácticas concertacionistas, la misma facción que tan ofendida se sintió con aquello de la "superioridad moral" esbozada hace ya tantos meses por el ministro Giorgio Jackson, en su encarnación más decadente: lo que queda del PR, la DC y sus amigotes, que vieron en este servicio un buen coto de caza para salvarse a sí mismos y, cómo no, también salvar a sus conocidos en distintas asesorías y cargos fantasmas sin siquiera exigirles un cartón o título profesional, como fue el caso de un conocido exjefe regional de seguridad. Así, desfilaron viejos tercios de la DC -hoy radicalizados por conveniencia-, un exrostro de televisión y también exsubsecretario encargado de enviar comunicados de prensa apócrifos a los medios de comunicación, y un encorbatado y perfumado director de carrera de una universidad privada de la región, ambos devenidos en operadores políticos de baja estofa preocupados de intentar manipular la información de un servicio que ha hecho noticia este año por denuncias de tortura en uno de sus hospitales, mala gestión de camas críticas con resultados fatales para una lactante en otro de San Antonio, y un imperdonable retraso en las obras de nuevos recintos, que terminan atentando contra lo que quizás sea lo único sagrado y no escamoteable que le queda a la población: su salud. El enfermero a cargo del SSVSA -que increíblemente había llegado por ADP- fue despedido tras una auditoría que dio cuenta de cómo "enchufó" a sus amistades, quienes "trabajaban" sin registro de asistencia y contraentrega de onerosos informes, efectuó pagos sin respaldo, contrataciones fuera de glosa y subrogaciones directivas irregulares. En su reemplazo asume de forma interina otro enfermero, esta vez PC y director (también por ADP) del mismo hospital donde se denunciaron torturas, con la impresentable carta credencial de contar con una querella criminal en su contra por el presunto delito de falsificación de instrumento público en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana. En paralelo, el Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota (SSVQ), también tan ofendido porque se le mezcle con el SSVSA, tuvo este año el fallecimiento de una lactante en circunstancias al menos cuestionables y cuenta entre sus nuevas contrataciones directas con una involucrada (PC) por el caso del eventual fraude por el intento de compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. Joyas.

El fin de la etapa de presentación de enmiendas en el Consejo Constitucional vino acompañada de una serie de denuncias que acusan una "pasada de máquina" por parte del Partido Republicano. En concreto, sus consejeros proponen una serie de modificaciones que, entre otras cosas, fortalecen la protección de la vida de quien está por nacer, disminuyen el número de representantes en la Cámara de Diputados y el Senado (de 155 a 132 y de 50 a 48, respectivamente), eliminan la paridad de salida, liberan del pago de contribuciones a los propietarios de primera vivienda y restablecen el control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Las voces más críticas han homologado la actitud de los actuales consejeros con aquella que tuvieron los convencionales de la fallida Convención Constitucional, alertando sobre un eventual rechazo a la nueva propuesta en el plebiscito de diciembre. En resumen, dicen que la ciudadanía volverá a percibir que una mayoría circunstancial se "llevó la pelota para la casa".

Seamos honestos. Varias de esas críticas provienen de quienes promovieron el Apruebo en el plebiscito de septiembre y ahí felices que estaban con la pelota en su patio. Pero fuera de ese detalle, el punto es que, a diferencia del proceso anterior, sabemos que este nació prácticamente muerto, lo que se grafica en que su rechazo ha superado holgadamente la aprobación en todas las encuestas, sin que se le pueda atribuir a ninguna bancada o consejero esos resultados. También sabemos que por la conformación ideológica del Consejo Constitucional, la única probabilidad de éxito (que es muy vaga) pasa porque el texto final no se mueva tanto a la derecha del anteproyecto aprobado por los expertos. En definitiva, hay que encantar a muchos que ya se bajaron del barco, a la vez de mantener a muchos otros que ya están a punto de saltar por la borda.

Así las cosas, es normal que en esta etapa cada grupo resalte su identidad y "tire el tejo pasado" para contentar a sus votantes. Luego vendrá el entendimiento con el adversario donde, probablemente, muchas de esas propuestas serán simples monedas de cambio. Así lo han sugerido los mismos republicanos respecto a la paridad. A estas alturas, y dado que se requiere mostrar amplios acuerdos, quizás es hasta conveniente que durante el debate sean los partidos más tradicionales los que se alíen para contener algunas propuestas y así mostrar algún grado de transversalidad.

Dejando este punto de lado, lo cierto es que la analogía que se ha intentado imponer entre ambas instancias constituyentes es claramente improcedente, porque compara peras con manzanas. Para hacer una crítica como la que se ha planteado hay que comparar el proyecto de la primera Convención Constitucional con el texto que nos propondrá en noviembre el Consejo Constitucional junto al Comité de Expertos. Ahí se compararán manzanas con manzanas. La otra opción es comparar peras con peras y recordar las propuestas que nos ofrecían, a estas alturas, los convencionales constituyentes del primer proceso fallido. Me refiero, por ejemplo, a la eliminación de los tres poderes del Estado y su reemplazo por una asamblea plurinacional de trabajadores y los pueblos, o al decrecimiento económico como una medida para combatir los efectos del cambio climático.

El camino hacia una nueva Constitución ya está lo suficientemente cuesta arriba como para que a ello se sumen tempranamente acusaciones de boicot. Tanto el oficialismo como la oposición debiesen estar empeñados en tener una propuesta decente que sea aprobada en el plebiscito de diciembre, especialmente el Presidente, a quien le caería como un balde de agua fría el doble fracaso constitucional durante su gestión. Pero para que ese milagro se concrete se requiere negociar de buena fe y no hacer analogías absurdas antes de tiempo.

Durante los últimos meses hemos observado cómo ha estado en la palestra nacional la situación que están viviendo las isapres. Luego de años donde la rentabilidad fue ampliamente favorable para ellas, ha habido múltiples factores que pusieron en jaque al sistema, destacando como elementos principales los efectos provocados por la pandemia, los procesos inflacionarios que ha vivido nuestro país, el incremento progresivo de las licencias médicas, la inminente reforma de la salud que contempla un sistema único de salud y el fallo de la Corte Suprema que exige restituir US$ 1.400 millones por cobros en exceso a los cotizantes, elementos que a la fecha mantienen una tensión y alta incertidumbre de cómo se proyecta el futuro.

Lamentablemente, la existencia de este ambiente de incertidumbre no ha visto luces ni caminos de solución en el corto o mediano plazo, sino más bien se ha visto enrarecido por el mutismo del Ministerio de Salud y la inexistencia de acuerdos entre los diferentes actores políticos de nuestro país. A la fecha existen proyectos de ley que buscan atenuar el impacto que esta situación pudiera tener principalmente en los 3 millones de usuarios, pero ante la presencia de otros elementos que afectan de manera importante a nuestro país y el tiempo ganado ante la ampliación de plazo que otorgó la Corte Suprema, da la impresión que el tema, aparentemente, ha pasado de ser una prioridad para el Gobierno y el Congreso Nacional, al menos en el corto plazo.

Ahora bien, hemos visto que los grandes perdedores de esta crisis son los usuarios, ya que son ellos los que deben asumir que un alto número de prestadores clínicos han decidido congelar los convenios con sus isapres, a fin de resguardar sus ingresos. Son ellos los que deben aguantar los altos tiempos de espera para recibir sus reintegros de lo gastado y son ellos los que, finalmente, tendrán que ver cómo acomodarse y avanzar a un sistema único de salud tal como se proyecta, a sabiendas que tenemos un sistema público que es incapaz de resolver oportunamente las demandas sanitarias del 80% de la población que utiliza dicho sistema.

Esperemos que el centro de la discusión vuelva a donde tiene que estar, es decir, cómo somos capaces de legislar y avanzar en un sistema que le dé garantías de salud y libertad de elección a todos los chilenos por igual.