Un avance para la bahía contaminada
La construcción de consensos está al centro del camino para avanzar en los problemas de contaminación en Quintero y Puchuncaví. El ordenamiento territorial y los instrumentos normativos son importantísimos para darle viabilidad de largo alcance a los anhelos de la comunidad.
Tras siete meses de trabajo, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional (Core) llegó a un consenso sobre las modificaciones que se deben hacer al Plan Regulador Metropolitano Valparaíso (Premval) en la zona de Quintero y Puchuncaví. Para criterio de los cores, el cambio más relevante consiste en modificar la designación de los terrenos donde se ubican las empresas del parque industrial para que sean consideradas como "actividades molestas". De esta forma, la autoridad sanitaria pasa a tener un rol de fiscalización permanente y una opinión condicionante en caso que alguna firma quiera ampliar sus instalaciones o sumar nuevos procesos productivos. El cordón industrial de esta zona, que ha sido blanco de cuestionamientos debido a los altos niveles de contaminación, tiene un total de 1.600 hectáreas, de las cuales sólo 600 se encuentran ocupadas por infraestructura productiva.
Ahora, el Consejo Regional debe esperar el ingreso de la propuesta definitiva del Premval, a cargo del Ministerio de Vivienda, pero este avance en el consenso de un punto tan crítico para la comunidad permitirá ahorrar tiempo en la tramitación de un instrumento que es clave para ordenar la ubicación y funcionamiento de las industrias.
Pese a que es un tema árido y por momentos complejo de entender en todos sus vericuetos, el ordenamiento territorial y los instrumentos normativos a cargo de su gestión son importantísimos para darle viabilidad de largo alcance a los anhelos de una comunidad que ha sido golpeada reiteradamente con emergencias por contaminación. La gobernanza adecuada de una zona tan compleja como Quintero y Puchuncaví, a la cual se debe sumar Concón por la presencia de la Refinería Aconcagua, se juega menos en las prohibiciones que establezcan las reglas acordadas y mucho más en la capacidad de diálogo y relación que permitan entre comunidad, empresas y autoridades.