La remoción de Sebastián Redolés de la presidencia del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) provocó varias reacciones en el mundo político. Los dos diputados de la Región que integran la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) y Gaspar Rivas (Ind.- Partido de la Gente), coincidieron en la necesidad de que el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, transparente los antecedentes que derivaron en esta salida.

De hecho, Teao confirmó que será una de las preguntas que le hará al secretario de Estado cuando acuda a la comisión, a la que fue invitado en el marco del robo de computadores desde la Subsecretaría de Patrimonio -con sede en Santiago-, así como también pedirá detalles sobre los cuestionamientos que deja atrás el expresidente del PCdV, como un déficit de $300 millones y las críticas a su gestión hechas por un exdirector del recinto.

"Hay muchas preguntas que deben ser contestadas por el ministro. Estamos hablando de una situación crítica que era desconocida y que podría afectar la continuidad del Parque. Un déficit de $300 millones que se arrastra hace años, juicios de cuenta pendientes, alzas de sueldos por hasta un 30% en algunos funcionarios, y vendettas al interior del directorio", precisó Teao.

Ante la situación, el legislador dijo que "espero que el ministro dé la cara y nos cuente cuál es el plan para subsanar la debacle financiera y administrativa, ya que como representantes de la ciudadanía debemos accionar todos los mecanismos de fiscalización necesarios para resguardar el buen funcionamiento de los recursos públicos".

En tanto, el diputado Gaspar Rivas manifestó que "cualquier situación, ya sea que el expresidente del directorio del Parque hubiese incurrido en el desempeño de su cargo en una irregularidad como un aumento de remuneraciones, que no corresponde, o bien que se haya producido algunas irregularidades en las cuales el expresidente no tiene participación y como corresponde dentro de sus facultades denuncia el déficit, es un escenario preocupante y se debe aclarar".

Agregó que "también es preocupante que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio cambie al presidente del Parque y aduzca un motivo que es un subterfugio para tratar de que no sepa en profundidad el tema. Es decir, para echar tierra al asunto en vez de transparentar qué es lo que pasó. Si sale está información, el ministerio debería aclarar todos los puntos y no decir que la decisión es sólo para reestructurar los planes de administración. Hay hechos que deben ser aclarados y transparentados, los cuestionamientos que hay son preocupantes y no corresponden".

Arista municipal

La remoción de Redolés fue informada públicamente en el Concejo Municipal de Valparaíso realizado esta semana. Primero, el alcalde Jorge Sharp dio a conocer los antecedentes globales y luego entregó la palabra a Redolés -director de Cultura del municipio-, quien leyó una carta en la cual aseguró que existe un déficit en el PCdV y diversas otras irregularidades, cuyos antecedentes entregará al Ministerio Público.

De acuerdo a sus estatutos, el directorio del Parque Cultural, encargado de supervigilar el trabajo del equipo ejecutivo, está integrado por varias personas, entre ellas dos representantes del municipio porteño. Hasta el jueves, uno de ellos era Redolés. La otra representación está en la directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer, quien comentó sobre el conflicto desatado al interior del organismo que "a Sebastián (Redolés) se le pide la renuncia luego de dar a conocer irregularidades a las autoridades correspondientes. Lo que corresponde es que se investigue, ya que se trata de un sitio de memoria que debe ser administrado de manera transparente. Si Sebastián no entregaba esos antecedentes, hubiera estado caminando en la dirección contraria".

Redolés habría dado a conocer los antecedentes al Ministerio de las Culturas el miércoles 19 de julio y justo una semana después fue informado de su cese en el cargo. Sobre el tema también fue consultado el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien no se refirió al caso. Sin embargo, trascendió en el Concejo que la situación será analizada en la Comisión de Cultura.

"Espero que el ministro dé la cara y nos cuente cuál es el plan para subsanar la debacle financiera y administrativa".

Hotuiti Teao, Diputado (Ind.-Evópoli)

"Hay hechos que deben ser aclarados y transparentados, los cuestionamientos que hay son preocupantes".

Gaspar Rivas, Diputado (Ind.-PDG)

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La Contraloría General de la República descartó irregularidades en el enmarcado de 150 fotografías de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuyo costo ascendió a $2.465.085 y que fue impugnado el 3 de noviembre de 2022 ante el órgano fiscalizador por los concejales Antonia Scarella (Ind.-UDI), René Lues (DC) y Jorge Martínez (UDI), más una persona que solicitó reserva de su identidad.

En el pronunciamiento de la Contraloría, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se consigna que "no se advierte que la Municipalidad de Viña del Mar haya incurrido en gastos destinados a difundir la imagen de la alcaldesa a la comunidad asociada a la entrega de beneficios o actividades municipales, sino que se trata de enmarcaciones de una fotografía de esa autoridad -fotografía que no fue pagada con recursos municipales-, para ser ubicadas en dependencias de esa entidad edilicia".

Agrega que "lo anterior obedece, según lo informado por el municipio, a una práctica administrativa que se realizaba en la entidad edilicia, ya que en las dependencias se encontraban instaladas enmarcaciones de la foto de la alcaldesa anterior".

No obstante ello, Bermúdez señala al final del escrito que "el órgano contralor no advierte cuál es la necesidad pública que se satisface con el servicio contratado -enmarcado de las fotografías-, por lo que la Municipalidad de Viña del Mar, en lo sucesivo, deberá abstenerse de realizar ese tipo de erogaciones".