Cuando el 29 de junio de 2022 un hombre de 39 años que hacía fila con su hija en la puerta del BancoEstado de Puchuncaví, murió impactado por tres balazos que le disparó un sujeto que huyó en moto, la conmoción de los vecinos de la tranquila comuna fue total. Asistían a un episodio de la llamada nueva criminalidad, de la cual hasta entonces no habían sido testigos.

No es el único hecho de esa clase del que han tenido que enterarse. El 21 de marzo último fue asesinado el matrimonio dueño del negocio "El rey de la empanada", crimen por el cual están formalizados dos extranjeros de 22 y 16 años, con permanencia irregular en el país.

Y en la madrugada del 5 de este mes, a las víctimas de la violencia delictual se sumó un conocido vecino de la zona costera norte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, cuyo hogar fue brutalmente atacado por seis encapuchados que lo ataron al igual que a su esposa y tres pequeños hijos, a él lo golpearon duramente cuando intentó defender a su familia -tuvieron que ponerle 48 puntos-, les robaron diversas especies y quemaron su camioneta que apareció en Reñaca alto.

Voces de alerta

El Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados (2018-2022) indica que Valparaíso es la segunda región del país con más homicidios en ese período (478) y que el Puerto es la tercera comuna con más delitos de ese tipo a nivel nacional, de los cuales el 57,9% es ejecutado en la calle, como señala en una columna el diputado Arturo Longton, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

No sólo el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó este mes "ejercer mayor precaución" a sus ciudadanos que vengan a Chile, señalado entre otras cosas que "la delincuencia callejera, los robos de vehículos, las estafas telefónicas, los fraudes con tarjetas de crédito y los allanamientos de morada son comunes, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Calama e Iquique".

También la Cámara Marítima y Portuaria de Chile urgió por priorizar "un trabajo conjunto para evitar que el crimen organizado y el narcotráfico siga empleando las fronteras marítimas para su actividad delictual", señalando que el país necesita mejorar la seguridad y el control del tráfico de sustancias ilícitas, a la vez que planteó que todos los puertos "deben contar con tecnología para la detección y control de carga ilícita, además de desplegar barreras para evitar su ingreso".

La comisión especial

Esa es parte de la realidad que examinó la "Comisión especial investigadora de los actos del gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile, especialmente en la Macrozona Norte" de la Cámara de Diputados, presidida por el representante de Antofagasta, Jaime Araya -ver página 5-, que se constituyó en mayo de 2022 y que ya tiene listo su informe de 141 páginas, aprobado por sus 13 integrantes, el cual debe ser sometido a votación en los próximos días.

El tema es tan delicado, que de las 15 sesiones con invitados que se efectuaron, en siete de las reuniones ellos expusieron en forma secreta, como hicieron los representantes de la Dirección General de Carabineros, de la Subdirección de Inteligencia de la PDI, la Cancillería, la Dirección Nacional de Gendarmería, la Dirección Nacional del Territorio Marítimo, así como la Asociación de Funcionarios de Seguridad Aeroportuaria.

Más que narcotráfico

Durante el trabajo de la comisión, también diversas autoridades de Gobierno, jefes policiales, del Ministerio Público y de servicios involucrados en el tema expusieron en forma pública sobre la evolución de la criminalidad, la situación de la frontera y las condiciones para enfrentar esa realidad, entre ellos la ministra y el subsecretario del Interior, Carolina Tohá y Manuel Monsalve; el fiscal nacional, Ángel Valencia, el jefe de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto Paulo Contreras, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

Las dos primeras autoridades se refirieron a la Política Nacional contra el Crimen Organizado y en ese contexto el subsecretario Monsalve subrayó que la estrategia "saca la visión de que el crimen organizado es solo el narcotráfico", ya que también incorpora delitos como "contrabando, tráfico de migrantes, trata de personas, cibercrimen, tráfico ilícito de armas y lavado de activos".

Remarcó asimismo el fortalecimiento de la capacidad de control de las cárceles como un eje de la mencionada política, por cuanto el crimen organizado tiende a reproducir su organización en los penales una vez que sus líderes son detenidos, y además, "al tomar control del recinto penitenciario, transforma al resto de la población penal en cautivos de sus estrategias", por lo que "pueden perfectamente ser obligados a la comisión de delitos, ya sea por amenazas o extorsiones, dentro de la cárcel o eventualmente fuera de ella".

Ingreso irregular

En otro aspecto, al ser consultado en una de las sesiones, el director del Servicio Nacional de Migraciones señaló que según la estimación de ese organismo en conjunto con el INE, sobre la base de quienes han hecho alguna vez un trámite en el primero, en Chile hay 1.492.000 extranjeros regulares o en proceso de serlo, sin considerar a quienes están en forma irregular, que se calculan en 140.000, según el registro de denuncias de la PDI. "Por consiguiente, estaríamos hablando de un total de 1.650.000 personas, asumiendo que el dato sobre denuncias por ingreso irregular que fue entregado por la PDI es válido", puntualizó.

A Luis Eduardo Thayer también se le preguntó sobre el número de expulsiones, a lo cual respondió que este año van 114, desglosadas en 90 judiciales y 24 administrativas. Respecto de estas últimas, el presidente de la comisión contextualizó: en 2021 se realizaron 246; el año pasado, 31, y en lo que va de 2023 alcanzan a 24.

Se habló igualmente de los montos que implican esos procedimientos, y en ese aspecto la ministra del Interior expuso que "las expulsiones tiene un costo gigantesco, que es superior a los recursos que están en el presupuesto, pero los recursos no han sido la dificultad. La expulsión no ha sido lenta porque no alcancen los recursos (sino) más bien por todos los obstáculos previos: la parte administrativa y la colaboración de los países de destino, que si bien en algunos casos no es el problema, en el caso de Venezuela sí es un gran inconveniente".

Realidad delictual

El fiscal nacional, Ángel Valencia, en tanto, abordó el tema de los delitos de alta connotación pública en la Macrozona Norte, señalando que "los homicidios no se cometen por miles todavía", pero hay "un aumento muy significativo".

También, subrayó, "surgen formas comisivas que son especialmente relevantes y hoy cerca de un 50 por ciento de los homicidios en la zona se cometen con armas de fuego", a la vez que se incrementa la cantidad de crímenes ejecutados por imputado desconocido.

Además, "hay un aumento muy significativo de la violencia, y todo eso, por supuesto, impacta en el crecimiento e inseguridad de la ciudadanía", entre las regiones de Arica y Parinacota, y Coquimbo.

"Lamentablemente, la dotación del Ministerio Público, fue prevista con una situación delictual completamente distinta, aproximadamente a principios del 2000", agregó el jefe del Ministerio Público.

Control de fronteras

El analista de seguridad y defensa John Griffiths, quien es jefe de Investigación de AthenaLab,

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl