Sebastián Mejías O.

Este lunes y hasta su total despacho, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados tramitará el polémico proyecto contra las usurpaciones que "regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución". La iniciativa incluye aspectos controversiales de cara a la persecución de este tipo de delitos, algunos de los cuales molestan al oficialismo, que advirtió que enviará al Tribunal Constitucional el proyecto si se aprueba tal como está, e incluso la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que se hará todo lo posible por eliminar algunas indicaciones.

Precisamente, la idea de la legítima defensa privilegiada para las víctimas de usurpaciones es una de las indicaciones que más molestia genera a la jefa de Gabinete, al punto de advertir la semana pasada que tiene "una objeción de fondo de que eso es una bomba de inseguridad" y que ocupará "todas sus herramientas para impedir que eso llegue a ser ley".

Ante esta arremetida del Gobierno contra el proyecto, el diputado integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), sugirió que "deberían estar más preocupados de que los delitos tengan una sanción real y no aparentar que se están haciendo cambios cuando piensa dejar todo tal como está". A su juicio, el Ejecutivo "en usurpaciones quiere mantener algo muy parecido a lo que actualmente tenemos y sabemos que actualmente no pasa nada cuando alguien usurpa un terreno".

Tomas en la región

Precisamente en la Región de Valparaíso hay algunos casos icónicos de usurpación de terrenos, cuyos intentos de recuperación en la Justicia se han visto demorados a partir de la inexistencia de figuras legales que hagan más eficiente ese proceso. Pese a que la ley contra usurpaciones aún se tramita, los abogados de los propietarios afectados por las tomas en el cerro La Virgen de San Antonio, el Fundo Santa Rosa de Colmo en Quillota y predios en Reñaca Alto iniciaron un camino largo y con pocas herramientas que, al día de hoy, está ad portas de concluir en el desalojo definitivo.

El abogado Diego Pereira, socio del estudio jurídico Kandora y Cía. y representante de los propietarios de la toma de 260 hectáreas en el cerro La Virgen, de San Antonio, precisó que lo destacado de este proyecto de ley es que incorpora las figuras del recurso de protección y de la flagrancia permanente, que según su experiencia, "se han comenzado a acoger por los tribunales muy recientemente".

"Hasta hace poco tiempo las cortes rechazaban cualquier iniciativa, argumentando que ya estaban resguardadas las posibilidades de los propietarios de ejercer otro tipo de acciones que, en realidad, no tenían ningún impacto relevante", indicó.

El jurista explicó que como el proyecto de ley contra usurpaciones "recoge elementos que se han ido desarrollando a través de las acciones judiciales que se han ido ejerciendo en el tiempo", "si hubiese existido antes esta legislación, los caminos hubiesen sido mucho más eficientes".

En ese sentido, pone como ejemplo "que esta iniciativa hubiese permitido a los propietarios interponer acciones sin tener que esforzarse en acreditar la flagrancia permanente, que está incluida en este proyecto".

De ahí que se mostró "en total desacuerdo con las tesis del Gobierno, que apunta contra aspectos clave de la ley, ya que es de toda lógica que debe existir una modernización en torno a este tipo de conductas delictivas".

Limita proyecto

A la abogada urbanista Jeanette Bruna también le "resulta absolutamente justificado el proyecto de ley que endurece las sanciones del delito de usurpación en resguardo del bien jurídico de propiedad".

Su principal argumento es que hasta ahora "se observa una deficiente y, a veces, inexistente persecución penal, con lo que se ha generado un incentivo a las personas que no tienen dónde vivir, e incluso a quienes aprovechan la crisis habitacional y usurpan para construir segundas viviendas o tomas VIP".

Sobre las intenciones que ha mostrado el Gobierno contra esta iniciativa, Bruna advirtió que "sus indicaciones representan un claro límite al espíritu del proyecto de ley, al colocar más requisitos a la devolución adelantada del bien o manteniendo sólo la multa a la ocupación ilegal sin violencia".

Otro elemento que la experta destaca tiene que ver con la flagrancia permanente del delito de usurpación que, a su juicio, permitirá "un actuar real y rápido de policías y ministerio público, así como dejar expresado el deber de éste y de instituciones del Estado relacionadas en intervenir con urgencia en la prevención y formación de ocupaciones ilegales".

Legítima defensa

Retomando la inclusión en el proyecto de la legítima defensa privilegiada como figura legal para evitar usurpaciones, el diputado Luis Cuello (PC) es de los que piensa que "lamentablemente lo que busca la oposición es resolver los problemas mediante la aplicación de la fuerza y por la vía de criminalizar la pobreza". Recordó que "Chile vive una crisis en términos habitacionales que se está resolviendo con políticas públicas; sin embargo, esta ley no contribuye en nada a ese camino".

En las antípodas de Cuello está el parlamentario republicano Luis Fernando Sánchez, para quien existe un "criterio básico, que es que quien sufre una usurpación cuando no hay carabineros cerca y está bajo amenaza, tiene que poder defenderse y no enfrentar por ello a la Justicia".

Se trata de "un estándar mínimo que no estamos cumpliendo hoy como país, dejando en la indefensión a miles de compatriotas que hoy sufren de tomas violentas y que nadie los protege".

"El Gobierno debería preocuparse de que los delitos tengan una sanción real y no aparentar que se están haciendo cambios".

Andrés Longton, Diputado (RN)

"Chile vive una crisis en términos habitacionales que se está resolviendo con políticas públicas y esta ley no contribuye en nada".

Luis Cuello, Diputado (PC)

"Si hubiese existido antes esta ley, los caminos hubiesen sido mucho más eficientes".

Diego Pereira, Abogado de dueños cerro La Virgen

"Las indicaciones del Gobierno representan un claro límite al espíritu del proyecto de ley, al colocar más requisitos".

Jeanette Bruna, Abogada urbanista