Nicolás Donoso A..

A raíz de los episodios de contaminación que han afectado a las comunidades de Quintero y Puchuncaví en los últimos meses, y con el propósito de intensificar la presencia y gestión en el territorio, durante este año la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó que ha realizado 94 fiscalizaciones ambientales en el cordón industrial, correspondiendo 76 de estas a inspecciones ejecutadas durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

Las fiscalizaciones de este año representan un aumento respecto a 2022, sobre todo si se tienen en consideración los expedientes de fiscalización, que muestran que en 2022 se llevaron a cabo 57 de estos, mientras que en lo que va de 2023 ya se han desarrollado 68.

Pero las fiscalizaciones no han sido la única tarea en la que la SMA se ha empeñado para enfrentar la crisis de contaminación. Y es que desde el organismo precisaron que focalizarán sus acciones en atender diferentes condiciones de alerta, como pueden ser "la superación de normas primarias de calidad del aire en las estaciones de monitoreo o aumento significativo de parámetros no normados; presencia de personas con diagnóstico T59, es decir, relacionado a contaminantes atmosféricos; y alzas en niveles prospectivos medidos con equipos Pyxis".

Esto ha obligado a definir cuatro niveles de acción, los que comprenden rondas de vigilancia, revisión de equipos instalados en el territorio, chequeo de registros de medición, reorientación de actividades de fiscalización hacia las potenciales fuentes emisoras y eventuales medidas provisionales.

Mecanismos adicionales

Respecto al aumento de las inspecciones en Concón, Quintero y Puchuncaví, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, remarcó que el territorio es parte de las prioridades, y que en razón de ello han puesto todos los esfuerzos institucionales para abordar de forma eficiente la gestión en la zona.

"Entendemos las demandas de las personas y la compleja situación en la que viven. En razón de ello, desde el 2023 hemos implementado mecanismos adicionales para poder contar con mayor información, hemos tomado acciones adicionales y hemos aumentado las coordinaciones con todos los organismos del Estado con competencia en la zona", puntualizó.

La autoridad agregó que "todo esto se ha visto representado en este aumento en el número de inspecciones que se han realizado, que ya son más de 76, permitiendo un total de actividades de fiscalización cercano a 100, es decir, considerando los exámenes de información a las empresas, que es el análisis de antecedentes disponibles".

Equipos Pyxis

En relación al trabajo desarrollado durante las fiscalizaciones, Plumer indicó que como parte de la estrategia que la SMA ha implementado en el territorio "este año se concretó la instalación de siete equipos Pyxis para la medición de COVs y otro para la medición de ácido sulfhídrico y dióxido de azufre. Lo importante, además, es que la información que levantan estos equipos Pyxis puede ser revisada de forma diaria en el sitio web de la SMA por todas las personas interesadas".

Junto con ello, detalló que semanalmente se realizan inspecciones ambientales en terreno, a lo que se incorporó para este año "las fiscalizaciones establecidas en el artículo 36 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví, que se refiere a la obligación que recae sobre las empresas de aplicar las mejores técnicas disponibles en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de evitar la emisión de COVs al exterior".

Dice que estas fiscalizaciones han permitido disponer de información más contundente respecto al comportamiento ambiental que tienen las empresas que emiten hidrocarburos en la bahía.

Análisis "minucioso"

Consultada por las conclusiones que han arrojado las inspecciones que han realizado, Plumer aseveró que los hallazgos que se encuentran durante las labores "tienen que ser analizados por los equipos técnicos y jurídicos encargados. Se trata de un análisis minucioso que requiere tiempo, no es algo inmediato".

No obstante, mencionó, a modo de ejemplo, que este año "se iniciaron dos procedimientos sancionatorios en contra de dos empresas, en el marco de la activación de los planes operacionales tras los eventos de contaminación ocurridos en marzo y abril de este año. Estos procedimientos se encuentran en desarrollo".

"Hemos implementado mecanismos adicionales para poder contar con mayor información, hemos tomado acciones adicionales y hemos aumentado las coordinaciones".

Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente

Katherine Fritz y su esposo Sebastián Álvarez, de Concón, se aferran a la esperanza de poder contar pronto con un medicamento especial de alto costo, que puede mejorar la calidad de vida de su única hija, Antonia, de 7 años, quien padece acondroplasia, una enfermedad poco frecuente que afecta huesos y cartílagos producto de una mutación en el gen FGFR3, que disminuye la tasa de crecimiento óseo.

En conversación con este Diario, Katherine, que en la actualidad se dedica al cuidado total de su hija, señala que "nosotros descubrimos que Antonia venía con un tipo de displasia esquelética cuando yo tenía 28 semanas de embarazo, pero no nos dieron un diagnóstico certero de que fuera acondroplasia. Nosotros lo descubrimos cuando nació".

Señala que "la acondroplasia en sí está asociada a un estigma social, que es lo que más nos ha costado como familia. Sobre todo ahora que Antonia es más grande y se da cuenta de las cosas. El tema de que la miren en la calle, de que quizás se da cuenta que hay ciertas cosas que no alcanza o que no están adaptadas para la vida cotidiana".

Especialistas

En ese sentido, apunta que cada vez que Antonia debe realizarse chequeos médicos en Santiago, como familia deben permanecer en la capital durante una semana, hospedándose en casa de otros familiares y acudiendo a todos los especialistas, ya que subraya que en la región no cuentan con médicos expertos.

"Sin duda, hay una falta de información súper importante de los profesionales en general y de falta de genetistas. De hecho, nos pasó mucho que cuando buscamos un pediatra para Antonia en la región, muchos ni siquiera tenían idea de qué se trataba la condición".

Apunta que en la actualidad faltan espacios para hablar de esta enfermedad, se concientice a la población y se fomente la no discriminación en los establecimientos educacionales y en la sociedad en general. "Estamos muy al debe con la inclusión social", indica.

Recurso de protección

Hace dos meses interpusieron un recurso de protección contra su isapre para poder acceder al medicamento que necesita Antonia, el cual por su alto costo es imposible que puedan financiar por sus medios.

"Todas nuestras fichas están puestas en lograr efectivamente adquirir este medicamento (...) y que lo podamos adquirir pronto también, porque este medicamento sólo se puede utilizar hasta que se cierran las placas de crecimiento, que en el caso de las niñas es todavía más temprano, así que estamos contra el tiempo".

"La acondroplasia en sí está asociada a un estigma social, que es lo que más nos ha costado como familia".

Katherine Fritz, Madre de Antonia