A punto de cumplirse 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, Chile presiona a Estados Unidos para que desclasifique nuevos documentos que permitan despejar las incógnitas sobre la implicación de la Casa Blanca en lo sucedido, una cruzada emprendida por el embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés.

"Nosotros todavía no conocemos lo que el presidente Richard Nixon vio en su escritorio en la mañana del golpe militar y cómo se le informó de que el golpe militar había sucedido", explica el diplomático en una entrevista con Efe en su oficina.

Valdés, excanciller y dos veces embajador en Estados Unidos, solicitó formalmente al Gobierno de Joe Biden que publique documentación de 1973 y 1974 sobre lo que se decía en el Despacho Oval antes y después del golpe.

"Son importantes"

"Hay detalles que nos interesan, son importantes para poder reconstituir nuestra propia historia", insiste Valdés, convencido de que la actual administración accederá igual que lo han hecho otras antes: "Si sucedió con el presidente Obama, no vemos por qué no va a suceder con el presidente Biden".

Medio siglo después, no hay pruebas de una implicación directa de Nixon en el golpe de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al Gobierno socialista de Salvador Allende y terminó con la vida del presidente.

Pero miles de documentos que se han ido desclasificando desde el mandato de Bill Clinton (1993-2001) han demostrado la profunda hostilidad de Nixon y de su mano derecha Henry Kissinger hacia Allende desde antes que asumiera el cargo, además de que la CIA apoyó y financió a grupos para desestabilizar al Ejecutivo.

Las incógnitas siguen siendo muchas, ya que varios documentos publicados muestran todavía fragmentos tachados en negro, como los expuestos en el Museo de la Memoria.

"Nosotros queremos verlo y poder leerlo para saber exactamente qué sucedió en la cabeza de quienes gobernaban EE.UU. en esa época", recalca Valdés sobre las partes censuradas en los documentos del día del golpe.

Responsabilidad de ee.uu.

Hijo del reconocido político democristiano Gabriel Valdés, un firme opositor a Pinochet que tuvo sobre él una "influencia innegable", el embajador no busca disculpas de Washington, pero sí un mayor reconocimiento a su papel.

"Estados Unidos debería manifestar de la manera más clara posible que hubo responsabilidad en el debilitamiento de la democracia chilena desde antes de Allende", opina.

En la época de Nixon y Kissinger, "la intervención en Chile fue deliberada y buscó de una manera clarísima impedir que Salvador Allende fuera elegido presidente", agrega.

La documentación disponible hasta ahora prueba cómo Estados Unidos "alimentó la resistencia y apoyó a la derecha contra Allende", financiando huelgas y sabotajes, entre otros.

Pero no todo son reproches. El embajador recuerda que el golpe en Chile provocó una fuerte movilización de rechazo dentro de Estados Unidos, sobre todo entre los jóvenes, que propició la victoria electoral de Jimmy Carter (1977-1981), quien como presidente puso los derechos humanos en el centro de su política exterior. "Yo me atrevo a decir que el movimiento por los derechos humanos en Estados Unidos se debe en buena medida a lo que sucedió en Chile", argumenta Valdés.

Para el Gobierno izquierdista de Gabriel Boric, la conmemoración del medio siglo debe ser "un momento de unidad" y debe servir también para "condenar todos los golpes militares", cuenta el embajador.

Sin embargo, considera que la reacción de la derecha, que aún hoy evita condenar el golpe, demuestra que Chile tiene "dificultades todavía para sanar las heridas".

"El golpe de Estado fue un crimen en contra de Chile y violó los derechos humanos desde el primer momento. Bombardear el palacio presidencial con la Fuerza Aérea no es sino un acto de brutalidad difícilmente comparable en la historia de Chile", remarca.

Cuando SE SALVÓ DE MORIR

Juan Gabriel Valdés trabajaba para el exiliado exministro de Allende, Orlando Letelier, cuando fue asesinado en pleno centro de Washington por orden directa de Pinochet.

Esa trágica mañana del 21 de septiembre de 1976, Letelier iba a recoger en auto a Valdés de camino a la oficina, pero el hoy embajador no pudo acompañarlo porque debía quedarse en casa cuidando de sus hijos.

"Me llamaron a las nueve de la mañana para decirme que el auto había estallado. Fue un shock muy fuerte en mi vida", rememora Valdés, cuya residencia actual está a pocos metros del lugar de la explosión.

Cuando 40 años después regresó a Washington como embajador del Gobierno de Michelle Bachelet, Valdés logró que Estados Unidos desclasificara la documentación sobre el atentado y la relación de Washington con el régimen de Pinochet. Ahora, como embajador de Boric, el trabajo continúa.

En el lenguaje legal se denomina situación de flagrancia a aquella que se configura, en términos generales, mientras se está perpetrando un delito. Así, por ejemplo, si la ocupación de un terreno ajeno está ahora mismo ocurriendo, entonces se dice que el caso es flagrante.

El concepto tiene la máxima relevancia, puesto que en casos de delitos flagrantes -y la usurpación de un inmueble ajeno es delito- la policía puede actuar, impidiendo, mediante el uso de la fuerza legítima, que el delito se consume o su resultado se alcance.

Pero la flagrancia por definición es temporal y es breve. De esta manera, luego de algunas horas de ocupado un terreno ajeno la flagrancia ya no existe, la fuerza pública es impotente y el caso debe ser examinado y resuelto bajo las reglas del derecho común. Esto significa que debe iniciarse un proceso penal (y la Fiscalía podría considerar que el asunto es de difícil prueba y desecharlo) o un juicio civil. En este último caso hay varias alternativas, desde un juicio de reivindicación, que tiene por objeto recuperar la posesión que ha sido arrebatada (para lo cual hay que probar el dominio), o un juicio de precario (para lo que basta probar posesión).

Todas esas alternativas suponen, desde luego, un largo tiempo y altos costos de abogados y del tiempo invertido en todo ello.

¿Qué puede explicar que cuando alguien ve que su propiedad es invadida, deba recurrir a la justicia y resignarse a un largo juicio?

La explicación en la historia del derecho es variada y vale la pena recordarla brevemente. Una justificación la formuló Ihering, un famoso jurista alemán del siglo XIX, cuyas opiniones todavía se enseñan en las escuelas de Derecho. Lo que ocurre, dijo Ihering, es que cuando alguien tiene en su poder una cosa estamos en presencia de una imagen del dominio (imago domini). Y entonces el derecho lo protege para proteger la propiedad. Es una paradoja, desde luego: se protege a quien detenta una cosa contra el propietario para proteger la institución del dominio. Otra explicación la dio Savigny, en la misma época. Se protege a quien tiene una cosa sin ser dueño para evitar que la violencia se enseñoree de la vida social como ocurriría si el propietario estuviere autorizado a expulsar al intruso por sí mismo.

Lo anterior viene a cuento porque en la noche del lunes se despachó parte de un proyecto de ley que establece la flagrancia permanente.

El proyecto, impulsado por el diputado Alessandri, dispone que los casos de ocupaciones de terrenos, v.gr., la toma de un terreno o un fundo o un sitio, deben ser considerados casos flagrantes, es decir, casos en los que el acto ilegal se está actualmente cometiendo. De esa manera el Estado podría ser requerido para emplear la fuerza pública contra los ocupantes, liberando así al propietario de la carga de iniciar un juicio largo y costoso para iniciar el desalojo.

Así concebido (y despojado de otros aspectos peligrosos como el de conceder el derecho a legítima defensa privilegiada al propietario, algo que podría alentar los enfrentamientos o la justicia por propia mano) el proyecto es valioso porque, a fin de cuentas, obligará al Estado a proveer los medios suficientes para evitar las ocupaciones ilícitas, frecuentes, por ejemplo, en el sur.

¿Y si el Estado no cuenta con los medios, por ejemplo, porque carece de personal suficiente?

En ese caso deberá procurárselos, lo que significa que los costes de incumplir la ley se trasladarán desde el propietario que hoy los soporta (al tener que financiar un juicio largo) a todos los contribuyentes, puesto que el Estado deberá recurrir a las rentas generales (recaudadas mediante impuestos) para hacer respetar la ley.

Y eso es correcto puesto que en casos como este se protege no al propietario, sino la vigencia de las instituciones.