Un intenso debate se ha dado en el Congreso Nacional en torno al proyecto de ley contra las usurpaciones de terreno, cuya tramitación pasó a la Sala de la Corporación, luego de ser aprobada por la Comisión de Seguridad. Los puntos críticos de la iniciativa están puestos en los conceptos de flagrancia permanente y legítima defensa privilegiada, que fueron visados por la instancia con el apoyo unánime de los diputados de oposición. El oficialismo, en cambio, ha planteado que se opondrá a su aprobación con todas las herramientas disponibles para evitar que ambos artículos queden en la redacción final de la ley.

A nivel regional, la iniciativa despierta un interés particular, tanto porque aborda el grave problema de las tomas irregulares de terrenos privados, como porque en el debate ha estado presente el caso del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario debido a su persistencia en el desalojo de terrenos de su propiedad ocupados ilegalmente.

Para la ministra del Interior, Carolina Tohá, mantener en el proyecto de ley los conceptos de flagrancia permanente y legítima defensa privilegiada es una forma de incentivar la autotutela -"que las personas organicen grupos que vayan a disputar cuerpo a cuerpo o, peor aún, con armas, los bienes que están usurpado"-, una fórmula que abre el camino a una escala de violencia sin antecedentes en el pasado reciente de la zona y el país.

Lo que olvida la ministra es que la integración de mecanismos de este tipo es una respuesta a la inacción del Estado, que no posee las herramientas adecuadas para enfrentar de forma eficaz y eficiente los casos en que un terreno ha sido usurpado por extraños. En muchos casos, las peticiones de desalojo se eternizan en trámites burocráticos o son postergadas permanentemente ante la falta de recursos policiales para llevarlas a cabo. Por lo tanto, la acción legislativa del Gobierno no puede reducirse a la oposición tenaz al establecimiento de nuevas atribuciones para las víctimas de una usurpación, sino que debe poner sobre la mesa propuestas concretas que permitan dar garantías de que el Estado podrá responder a la altura del problema que está en discusión.

A propósito del paro nacional de profesores, es necesario reflexionar sobre las graves consecuencias de estas medidas y cómo afectan directamente a la educación en Chile.

Es innegable que la educación en Chile atraviesa una crisis profunda, y el paro de profesores no hace más que agravar la situación. Es lamentable que, una vez más, se utilice la herramienta del paro nacional como instrumento político de presión sin escatimar los daños que causan a niños y adolescentes, a pesar de la grave crisis educativa por la que atraviesa el país. Las intenciones y acciones deberían centrarse en dar soluciones al sistema educativo y no en profundizar el daño ya causado.

A nivel regional, es preocupante el alarmante aumento del deterioro de la salud mental entre adolescentes. Si bien este fenómeno puede tener múltiples causas, es indudable que la pandemia y la forma en que el sistema educativo reaccionó han tenido un impacto negativo en la salud mental de los niños y adolescentes. En este sentido, es importante que tanto los profesores como los colegios asuman un rol activo en el apoyo y cuidado de la salud mental de los estudiantes. Cabe destacar que las aulas han demostrado ser espacios adecuados y confiables para ellos. Sin embargo, si el Colegio de Profesores sigue yéndose a paro, los efectos contraproducentes que afectan el bienestar de los jóvenes pueden continuar.

Es fundamental basar nuestras opiniones en datos y evidencias sólidas. Según los datos recopilados por Acción Educar, la suma de la inasistencia grave y riesgosa durante marzo y abril de este año equivale a más de 2 millones de estudiantes afectados. Esta cifra es alarmante y refleja el impacto negativo que las huelgas y la crisis educativa tienen en la formación y el futuro de los niños y jóvenes.

Es importante recalcar firmemente la importancia de buscar soluciones efectivas y responsables para la educación en Chile. El paro de profesores, aunque puede ser una expresión legítima de demandas, no puede seguir utilizándose como una herramienta, ya que es sabido que los más afectados siempre serán los estudiantes en situaciones más vulnerables, agravando la crisis educativa y de salud mental entre adolescentes. Es hora de que todos los actores involucrados se unan en un esfuerzo conjunto para garantizar una educación de calidad y un futuro prometedor para las nuevas generaciones.