En la última sesión del pleno del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber pidió enviar un oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que informe el estado de avance del proceso de licitación que renovará el transporte público del Gran Valparaíso. De acuerdo al cronograma presentado en marzo por las autoridades del ramo, el "estado del arte", como lo llamó coloquialmente Lagos Weber, es que durante agosto deben terminar los encuentros participativos realizados en las cinco comunas que contempla el servicio de locomoción colectiva a licitar -Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Concón y Villa Alemana-, y luego, con las ideas técnicamente viables que emerjan de esos encuentros, las autoridades deberán aplicar una consulta ciudadana masiva en un formato aún a definir, aunque todo indica que será en modalidad online.

El ejercicio de preguntar a los ciudadanos sobre los problemas y su solución es siempre interesante, pero sus resultados suelen estar sobredimensionados. En este caso particular, es posible que la desconexión de las autoridades con las necesidades de los habitantes fuera tan grande, que se hizo necesario ocupar un doble mecanismo de consulta para entender realmente qué querían decir los vecinos cuando en sus reiterados reclamos público pedían mejor frecuencia de buses, extensión de los horarios de recorrido, una infraestructura con tecnología acorde al año 2023, sistema de cobro expedito y experiencia de viaje segura.

Hay otras variables que deberá sortear este proceso de licitación. La opinión casi siempre vinculante de Reinaldo Sánchez, el principal empresario del rubro, las presiones de los choferes que exigen mejores condiciones laborales, los desafíos que impone el creciente fenómeno de la evasión, la expansión urbana que avanza a un ritmo mayor al que imprime el Gobierno a sus definiciones en este tema, y, quizás el menos comentado, pero el más gravitante, la judicialización de todo contrato de concesión importante. El camino, queda claro, es pedregoso, y cada día que se atrasa la solución significa que crecerá el malestar ciudadano con el transporte público. Tal es el "estado del arte", aunque no venga detallado en el informe que le llegue al senador.

Las cifras de la encuesta Casen 2022 demuestran que el camino para disminuir la pobreza no es sólo de crecimiento económico. El crecimiento debe ir de la mano con una distribución justa de la riqueza y con la generación de condiciones de igualdad y dignidad para todas las personas de nuestro país. La reducción de la pobreza por ingresos en un 6,5% -la tasa de pobreza más baja en la historia de Chile- nos entrega buenas noticias. Sin embargo, no somos complacientes, aún existen en Chile muchas personas que viven en situación de pobreza; ellos son el foco de nuestras acciones.

Aunque hemos logrado avances notables en asegurar el bienestar de las familias y el crecimiento del país, con diversas medidas y acciones en materia de seguridad económica y seguridad social, a través de la normalización de la economía, la presentación de proyectos de ley y reformas pensadas para mejorar la vida de las personas, aún hay mucho por hacer: mejorar las pensiones de los más de dos millones de jubilados y jubiladas, ahora y no en treinta años más; o garantizar acceso digno a la salud es prioritario.

Los resultados implican el desafío de intensificar el trabajo de nuestro Gobierno en dirección a la elaboración de políticas públicas donde el Estado no titubee y actúe decididamente en la senda de garantizar derechos sociales para todas las familias chilenas, para las que viven en situación de pobreza, pero también para la clase media trabajadora, aquellos que sin estar bajo el umbral de la pobreza, viven con incertidumbre el día a día. Esto requiere planificación responsable y, por cierto, recursos.

Chile es un país rico y tenemos el deber político y moral de redistribuir de mejor manera su riqueza para retroceder la pobreza e ir más allá combatiendo la desigualdad. Desigualdad estructural que sigue siendo enorme: el 10% más rico captura el 30% de los ingresos que se generan en el país. Por eso, urge un nuevo pacto fiscal que nos permita financiar adecuadamente y asegurar derechos sociales.

Un nuevo pacto fiscal es condición sine qua non para avanzar hacia un Chile desarrollado, con justicia social y un mejor futuro, donde el rol del Estado como garante de protección social no dependa del gobernante de turno; un Estado de bienestar que, en conjunto con un nuevo modelo de desarrollo y un enfoque de crecimiento sostenible e integral, aborde las inseguridades económicas, sociales e individuales que enfrentan las personas y consolide más y mejores derechos sociales. El Estado de bienestar es esencial como punto de partida para que las personas puedan forjar su propio camino hacia la felicidad; por eso, no debe ser visto como una forma de vivir sin esfuerzo, sino como el mantenimiento de un nivel mínimo de calidad de vida de todos quienes habitamos este país.