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gestiones tendientes a la restitución de parte de los recursos fiscales cuestionados.
El procedimiento no fue inmediato: "Cuando se hace ejecutable entramos a negociar con el Consejo de Defensa Estado. Cuando yo me voy había un acuerdo con el CDE de cómo proceder con la deuda, porque se había evaluado que la presentación de los recursos -no de glosa presupuestaria, sino que los recursos propios- permitían un crédito a un cierto plazo con un pago mensual de una cantidad que era financiable y se demostró. Hasta ahí llegó mi participación, porque después cambió el Gobierno", explica Barría.
Precisamente en el informe del Estado Financiero 2021, correspondiente a la auditoría externa realizada por CEYA Chile, se informa que "con fecha 15 de julio de 2022, en el 1° Juzgado Civil de Valparaíso, según Rol C-826-2021, el Fisco de Chile interpuso una demanda por el cobro de gastos rendidos por monto de $40.812.395 respecto al convenio de transferencia de recursos por el periodo de 2017, y adicionalmente por el cobro de gastos rendidos por monto de $350.569.008 referidos al convenio de transferencia de recursos del año 2018".
"Con fecha 24 de agosto de 2021 la Asociación Parque Cultural de Valparaíso presentó una propuesta al Consejo de Defensa del Estado para terminar con el presente litigio, la cual fue aceptada por el último con fecha 14 de septiembre de 2021, por lo que la Asociación Parque Cultural de Valparaíso pagará al Fisco de Chile la suma de $150.000.000, mediante cuotas mensuales (111 cuotas) por un monto cada una de 45 Unidades de Fomento (U.F.)", añade, siendo la primera cuota en octubre de 2021.
Recursos propios
En febrero de 2015, y después de muchas complicaciones, se logró constituir la Asociación Parque Cultural de Valparaíso. Desde el primer momento la preocupación que han tenido los presidentes del directorio, así como los directores ejecutivos, tiene que ver con generar recursos propios.
Según convenio 2023, el Parque recibirá del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio $1.358.713.000, pagado en dos cuotas de $679.356.500. Pero dentro de las metas que se le exige en el Convenio de Transferencia, en su punto tres, está que la "Asociación deberá cumplir con la obtención de ingresos propios y/o aportes y/o donaciones de terceros de un 5% de los recursos totales transferidos".
En la primera entrevista que realizó Nélida Pozo a este Diario tras asumir la dirección ejecutiva del Parque en 2018, habló del tema: "El Parque hoy día recibe un presupuesto, donde el 97% es estatal. No puede ser que el Parque no sea capaz de gene rar ingresos a la ciudad, por lo tanto, un primer desafío es pensar el Parque como un modelo de gestión autosustentable y eso implica generar una línea de comercialización, por ejemplo, que yo la veo muy débil, que no está desarrollada".
En esa línea, el ministro Jaime de Aguirre dijo ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, el pasado lunes, que "efectivamente nosotros los apoyamos, pero también tiene un rol el Parque en generar parte de sus ingresos".
De allí, la necesidad de contar con un nuevo presidente del directorio: "Acá teníamos una debilidad administrativa y la vamos a corregir de esta manera", sostuvo, acotando que "creemos que era necesario hacer este cambio, precisamente, para impulsar con mucha energía esta nueva etapa, le vamos a poner así".
Durante la Comisión, el diputado Hotuiti Teao solicitó información sobre el déficit denunciado al igual que la diputada Claudia Mix. Al respecto, De Aguirre dijo que "estamos en pleno momento de análisis de cómo tratar de mejorar esa esa performance particularmente la gestión".
Desde el Ministerio, a su vez, se informó que "la revisión de las cuentas es parte de las responsabilidades de quienes asumen cargos directivos, por lo que efectivamente la nueva dirección debe dar cumplimiento a esa facultad".
Representación
Y aunque el tema de los recursos genera preocupación, no es la única arista que tiene complicado el funcionamiento del Parque Cultural de Valparaíso. Desde que el Estado se hizo cargo de llevar a cargo de este buque, ha habido una lucha constante por las organizaciones que son parte de la Asamblea de Socios para tener una mayor representatividad en el directorio, pasando de tres a cinco personas. Algo que no se logró cuando se formó la Asociación en 2015.
Desde la perspectiva de Roberto Barría, "hay dos visiones que están encontradas y que serán eternamente el conflicto del Parque". Según los estatutos, el objetivo del PCdV tiene que ver con "las iniciativas para el fomento del arte y la cultura y las nombra, pero esa palabra, fomento, diría yo que resume lo que son las dos visiones: una que el fomento es universal y otro que el fomento es instrumental, y eso es lo que hace la diferencia", asegura.
"En el fondo, lo que se entiende con lo universal es que el Parque es una plataforma de mediación, o sea, no financia las entidades comunitarias", las que "para conseguir recursos" tienen que estructurarse como "organizaciones comunitarias", explica.
"Pero el Parque, lo que tiene que hacer -cuando uno piensa que es universal- es validar aquello que ya tiene, diría yo, un valor. No es una colaboración para configurar la organización, sino que es la organización con su financiamiento, con su desarrollo, y el Parque lo que tiene que hacer es mediar como plataforma y colocar esa iniciativa validada al resto de la sociedad, de los públicos y los territorios", asegura. Lo instrumental, en tanto, sería que buscarían "derivar los recursos a la facilitación de la operación de la comunidad y ahí la cosa se trastoca", sostiene.
Se trató de hablar con algunos de los directores que hoy forman parte del directorio, sin embargo, se pudo saber que se habría llegado a un acuerdo para mantener silencio a la espera de que se resuelvan algunos asuntos, entre ellos la elección de los tres representantes de la Asamblea de Socios, que asumieron el pasado 24 de julio, y para lo cual habría habido un cambio de estatutos.
Petición de cambios
Barría recuerda que las mayores críticas a su gestión vinieron de la Asamblea: "No es que uno no quisiera hacer los cambios, hay que hacerlos si los estatutos lo estiman necesario, porque si no lo hacemos así, todo lo que hagamos va a quedar en el aire y cualquier persona, de cualquier ámbito de uno o de otra postura, lo va a declarar como no válido".
Y añade: "Había mil solicitudes de cambiar los estatutos, porque estos tenían una manera de escoger a todos los que eran los directores, y que de algún modo determinaba la composición del directorio con una mirada más bien de equilibrio, donde -diría yo- que las universidades establecían como el punto".
Explica que estos estatutos exigían que "los representantes de la Asamblea fueran representantes de organizaciones culturales, que no hubiera una representación personal, sino que fueran la organizaciones que estaban inscritas como socios, las que mandaron un representante".
El último conflicto
Según dijo Sebastián Redolés en su carta publica, "durante el período en que me tocó ejercer la presidencia, y al haber pretendido volcar este rol en favor de los desafíos de democratización y apertura que la comunidad ha exigido, experimenté una concertación de fuerzas que ejercieron tal nivel de obstrucción y mala fe, que el daño ocasionado no hace otra cosa más que atentar contra la memoria de todas las personas que han sufrido en este lugar, así como también de quienes hoy aquí ejercen su trabajo (...)".
Precisamente el cambio produjo que en abril dos representantes de la Asamblea - Cecilia Martínez y Fidel Rudolffi-, enviaran una carta al ministro Jaime de Aguirre para dar cuenta varios problemas que enumeraba en ocho puntos, siendo los primeros cuatro de ellos dedicados a la elección de representantes que, según los firmantes, representarían a un grupo minoritario de la Asamblea que habría presionado para la elección fuera de los estatutos porque no representarían a organizaciones.
"Sin que hasta el día de hoy se presente ninguna impugnación formal ni fundada, el presidente junto con este grupo minoritario de la Asamblea y fuera de las instancias legales, acuerda realizar una reforma al Estatuto que posibilitara una nueva elección en los próximos meses y sin el requisito de representar una organización para postularse al Directorio. Por ello, el señor Redolés convocó a una nueva reunión de la Asamblea de Socios y sin consultar al Directorio, como señalan los Estatutos", explicitan en el cuarto punto.
La reforma aprobada en la Asamblea en diciembre del 2022 - y que acortaba el periodo de ejercicio de 3 años a 4 meses para posibilitar nuevas elecciones- debía ser ratificada por el directorio, lo que lo hizo siempre y cuando se entregase el Acta de la Comisión electoral, que no habría sido entregada y tal solicitud habría sido borrada del acta de esa reunión, según dice la carta. Sin embargo, hay miembros de la Asamblea que no reconocerían a los firmantes como representantes.
Actualmente el directorio está compuesto por Boris González, representante del Ministerio (ver nota secundaria); Nathalie Nicloux, Mariana Lazo y Marlene Alfaro por la Delegación Presidencial Regional; José de Nordenflycht por el Consejo de Rectores; y Daniela Misle, Marcela Bastías y Humberto Arancibia por la Asamblea de Socios, según aparece en la página web del Parque. 2
300 millones estima el director ejecutivo interino es el déficit que presenta actualmente el PCdV.
111 cuotas de 45 UF paga el Parque por el acuerdo que hizo con el Consejo de Defensa del Estado.