El Partido Republicano tomó la iniciativa en la ofensiva de la oposición contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en medio del escándalo por el caso Convenios, y ayer sus parlamentarios anunciaron que ingresarán el próximo lunes 14 de agosto una acusación constitucional contra el secretario de Estado. Además, llamaron al Presidente Gabriel Boric a remover al aludido de su gabinete antes de que sea presentado el libelo, generando una fuerte respuesta desde La Moneda, donde la nueva acción fue calificada como un "chantaje".

Jackson es apuntado por la oposición como uno de los principales responsables políticos del escándalo por los millonarios convenios de trato directo firmados entre organismos del Estado y fundaciones. Los argumentos en su contra incluyen que la mayoría de los involucrados en estas irregularidades son militantes de su partido, Revolución Democrática, además del robo de computadores desde oficinas de su ministerio.

El jefe de la bancada republicana en la Cámara, Benjamín Moreno, afirmó que se llegó "a la convicción de que existe el mérito suficiente para acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson por haber comprometido gravemente el honor de la nación, por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado las leyes sin ejecución".

"La mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país. Los antecedentes que tenemos nos llevan a configurar su responsabilidad jurídica", añadió".

Además del Partido Republicano, el diputado gremialista Guillermo Ramírez anunció ayer que la UDI se sumará "con fuerza" apoyando del libelo, mientras que el jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, dijo que prestarán "toda la colaboración" para que la acusación sea "lo más contundente posible". "Lamentamos que el Gobierno nos haga llegar a este extremo", añadió.

"práctica habitual"

La ministra vocera de Gobierno salió a los pocos minutos a responder al anuncio desde La Moneda: "La permanencia de los ministros de Estado no depende de los chantajes de una acusación constitucional".

También dijo que "se está haciendo una práctica habitual por parte del Partido Republicano anunciar acusaciones constitucionales sin fundamento y luego improvisar sus argumentos en el camino".

Esto "daña también nuestra sana convivencia democrática. Nos preocupa la señal política que hasta esta altura se insiste en dar, una señal política que daña nuestras instituciones democráticas y el diálogo político".

Jackson se defiende

Jackson también se refirió a la acusación y dijo que "el Partido Republicano por segunda vez que sin medio, sin previo aviso, anuncia una acción como esta, que en este caso sin ningún tipo de fundamento".

Reiteró que "hasta ahora no hemos visto ningún fundamento que se haya puesto sobre la mesa (...) Me encantaría que una pizca de esa energía en las acusaciones constitucionales se pudieran poner en llegar a acuerdos para los problemas urgentes que tiene la población, tanto en materia de pensiones, en programas sociales que queremos expandir para llegar a más personas y que requieren de un esfuerzo de todos los sectores para un pacto fiscal".

El ministro comentó además que el libelo "no aporta ningún elemento" y se trata de "una denuncia calumniosa".

"Lo que ha sido sistemático por parte del Partido Republicano es tratar de frenar la agenda del Gobierno", acusó. "Hoy día podré ser yo, mañana podrá ser otra persona, pero lo que vemos de manera sistemática es el intento de que la agenda del gobierno, los proyectos que se tienen para poder mejorar la calidad de vida de las personas, se frene", insistió Jackson y enfatizó que "voy a seguir trabajando, independiente las presiones del Partido Republicano".

Citación para declarar

Más temprano, sobre una eventual citación a declarar por parte del Ministerio Público en el caso Convenios, Jackson aseguró que "no hay ninguna citación que me haya llegado. Pero insisto: nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes".

Su intervención se produjo luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicara que "todos los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado, están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la Fiscalía o los tribunales si es el caso".

Si bien Valencia reiteró ayer que "no descartamos la citación de ningún ministro de Estado ni autoridad pública, que de algún modo u otro, pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos", las citaciones n serán "a través de la prensa.

También explicó que la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, "es de interés" para la investigación para "saber cómo se gestó el ítem o la posible disponibilidad fondos en la forma en que fueron girados para financiar estas fundaciones".

Detalló además que los rasgos comunes entre los hechos denunciados hacen que se coordinen los persecutores pues actualmente hay 19 investigaciones abiertas a 37 fundaciones en 11 fiscalías regionales.

El índice de precios al consumo (IPC) subió 0,4% en julio impulsado por las alzas en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La subida es mayor de la que esperaban los expertos, pero lleva a que la inflación acumule un avance del 6,5% en 12 meses a julio, aún por encima del rango de tolerancia anual del Banco Central de entre el 2% y el 4%.

"Seis de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco incidieron de forma negativa y una presentó nula incidencia", dijo el INE. Además de alimentos y bebidas no alcohólicas, también influyó el sector de recreación y cultura, así como bebidas alcohólicas y tabaco.

Las divisiones que mostraron bajas en los precios fueron vestuario y calzado, equipamiento y mantención de hogar.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó en Radio Universo que "llevamos prácticamente un año en el que hemos logrado bajar la inflación".