Sebastián Mejías O.

A las 9.30 horas de hoy, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, junto al diputado Juan Antonio Coloma y el abogado del partido, Pablo Toloza, presentarán una querella en contra del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso por transferencias a dos organizaciones medioambientales que en total suman $801 millones. Ven como una contradicción que los objetivos finales de ambos convenios no se condigan con el mandato original de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y, por esa razón, hablan de eventuales delitos, como malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y, eventualmente, tráfico de influencias.

Se trata de dos convenios firmados el 16 de diciembre de 2022 por el Gore Valparaíso, uno con la Fundación Terram por $401 millones y otro con la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) por $400 millones que, según la UDI, tienen unos objetivos completamente alejados de los fundamentos que exige tanto la normativa como los propios documentos firmados en ambos casos, que apuntaban a la necesidad de innovación y el fomento a la producción.

Citando los antecedentes de los cuestionados convenios, que a su vez refieren la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el abogado de la UDI que liderará la querella, Pablo Toloza, recuerda que lo que corresponde al Gobierno Regional es "proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social", así como "establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la innovación para la competitividad".

Ninguna de esas condiciones, reclaman los querellantes, se cumple en los objetivos reales detrás de las firmas de estos millonarios contratos. Fima, por ejemplo, recibió $400 millones para el desarrollo de un programa que tiene por objetivo realizar actividades para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el acceso a la justicia en materia de reparación ambiental".

"En ningún caso el programa ni las actividades asociadas tienen que ver con el fomento a la producción e innovación, así como tampoco es un programa que pone énfasis en grupos vulnerables y de riesgo social, porque a quienes se capacita es a los municipios, que en ningún caso son grupos vulnerables", cuestionó el abogado Toloza.

Asimismo, puso en entredicho el propósito que tiene programa enmarcado en el convenio firmado por la Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable, Terram, que contempla la implementación de un plan de formación ciudadana en medioambiente para los habitantes de comunas rezagadas y zona de sacrificio de la Región de Valparaíso.

"El fundamento de dicho convenio, que apunta a establecer prioridades y estrategias regionales de desarrollo, no tiene nada que ver con lo que finalmente terminó siendo el convenio y sus objetivos", subrayó.

"posible delito"

A partir de estas supuestas irregularidades, en la UDI tienen "dudas razonables de que en estos dos convenios existe efectivamente la comisión de delito". De ahí que el abogado del partido, Pablo Toloza, dejó claro que "los gobiernos regionales, al igual que todos en la institución pública, actúan dentro del marco de sus facultades". Es decir, complementó, "los gobiernos regionales no pueden extender sus facultades más allá de lo que establece la ley".

En ese marco es que en la UDI justifican la querella "porque los fundamentos que tienen los dos convenios apuntan a la innovación y el fomento a la producción, pero, si se analizan en profundidad, ninguno de los dos satisface esas necesidades ni se refieren a esas materias". Por tanto, cree el abogado que "en este caso podemos estar frente a una malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y, eventualmente, tráfico de influencias".

Advirtió que "quien tiene que determinar si es que en estos convenios hay o no delitos es la Fiscalía, mediante una investigación. Y si se encuentran antecedentes razonables, serán los tribunales de justicia quienes determinen si existe comisión de delito".

Garantía del 2%

Otro cuestionamiento que hace el abogado Pablo Toloza a los dos tratos directos que firmó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, con las fundaciones Terram y Fima por más de $800 millones -cada uno por $400 millones- es que se establecieran boletas de garantía sólo por un monto del 2%.

Significa que si ambas organizaciones no desarrollan las tareas asignadas, cada una deberá devolverle al Gobierno Regional un monto cercano a los $8 millones, lejos de los $400 millones que se les entregaron.

Estrategia udi

La secretaria general de la UDI y exdiputada por el Distrito 7, María José Hoffmann, precisó que esta querella se enmarca "en una estrategia fiscalizadora que ha tenido la UDI en estos meses, presentando querellas en distintas regiones". El objetivo, aclara, es "investigar, visibilizar y ver el sentido que tiene el contrato y si efectivamente tiene relación con el producto que se entrega".

Hay, a su juicio, "eventualmente un modus operandi que es fundamental investigar". Cree que hasta ahora, "el Gobierno no ha tomado consciencia o se ha equivocado al enfrentar estos casos de corrupción de manera aislada y no como un fenómeno generalizado y que estamos viendo en todas las regiones".

Críticas a un tercer trato

El primero en cuestionar el convenio de $400 millones suscrito por el Gore Valparaíso y la ONG Fima -de la que acusa está ligada al exvocero ambiental de la campaña de Boric y del Apruebo, Ezio Costa- fue el diputado republicano por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, quien ahora cuestiona un tercer trato directo que llevaría los montos cuestionados a una cifra cercana a los 1.200 millones de pesos.

Además, a raíz de este acuerdo entre el Gore y Fima, el legislador pone en duda, al igual que en la querella de la UDI, el traspaso de $401 millones a la Fundación Terram que, según dijo, "fuera dirigida por Marcel Claude, excandidato presidencial de extrema izquierda hace algunos años".

"Nuestro objetivo es investigar, visibilizar y ver el sentido que tiene el contrato y si efectivamente tiene relación con el producto que se entrega".

María José Hoffmann, Secretaria general de la UDI

"La Ley 19.175 Orgánica de Gobiernos Regionales faculta y nos entrega la prerrogativa a las y los gobernadores para fortalecer y proteger el medioambiente".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

"Hablamos de cerca de 1.200 millones de pesos en tres ONG centradas en cuestiones bastante ideológicas y con vínculos de extrema izquierda".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (Partido Republicano)