Con miras a desarrollar un proyecto de ley que permita regular la proliferación de las parcelaciones en zonas rurales, ayer se desarrolló en el Aulario de la Facultad de Ingeniería PUCV el seminario "Habitar de forma sostenible el territorio rural", instancia en la que autoridades regionales, acompañadas de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, discutieron con el mundo privado y público diversos lineamientos para fortalecer el marco regulatorio para terrenos en zonas rurales.

El auge del teletrabajo y el anhelo de vivir cerca de la naturaleza han potenciado la proliferación de las parcelas en el sector rural. Sin embargo, este fenómeno trae consigo consecuencias negativas, como la deforestación, la pérdida de suelo destinado para fines agrícolas y una mayor demanda de agua en zonas con escasez hídrica, entre otras.

Nuevo marco normativo

Sobre el encuentro, que fue organizado por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), la ministra Toro explicó que la cita "tiene que ver con discutir cómo habitar de manera sostenibles las zonas rurales. Esto, en el contexto en el que se han visto una serie de fenómenos absolutamente desregulados que han ido dándole usos distintos a lo agrícola y a lo silvoagropecuario en zonas rurales".

"Hemos detectado que se han generado estas desregulaciones. Se han generado lo que se ha llamado 'parcelas de agrado', porque finalmente se le da usos habitacionales o de segunda vivienda a suelos que tienen otras finalidades en la planificación territorial", ahondó la secretaria de Estado.

Por esta razón, el Ejecutivo ya trabaja en un proyecto de ley que buscará modificar la legislación vigente, estableciendo un marco normativo más robusto, aunque también haciéndose cargo de "las nuevas necesidades e intereses que van presionando el uso del territorio", explicó la ministra.

"Estamos actuando como Estado, en forma interministerial y en diálogo con la sociedad civil, porque no podemos seguir eludiendo la necesidad de una regulación, de un marco normativo y de avanzar en una mejor planificación y ordenamiento territorial para abordar este problema", enfatizó.

La delegada presidencial, Sofía González, destacó la instancia como "tremendamente significativa para la Región de Valparaíso, considerando que somos una región de profunda vocación rural". En tanto, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, relevó que "como ministerio ha sido una principal preocupación del ministro Carlos Montes el poder abordar las parcelaciones de agrado, a partir de los instrumentos de ordenamiento territorial. Es por eso que esta discusión es trascendental".

Crisis en hijuelas

Una de las comunas que ha sido fuertemente afectada por la proliferación de los loteos es Hijuelas.

Su alcalde, José Saavedra, fue enfático en afirmar que el fenómeno "está produciendo un daño terrible. (...) Gran parte de la gente que tenía suelos calificados para el desarrollo agrícola en este momento están vendiendo esos terrenos a inmobiliarias, porque la rentabilidad es mucho más. (...) El dinero está cobrando una relevancia muy importante en todo esto. Se han transgredido los valores referenciales de nuestra comuna".

"Espero que las palabras que se debatan el día de hoy no solamente nos lleven a abrir un capítulo de diálogo, sino que también a tomar decisiones", concluyó el jefe comunal.

"No podemos seguir eludiendo la necesidad de una regulación, de un marco normativo y de avanzar en una mejor planificación".

Javiera Toro, Ministra de Bienes Nacionales

"Está produciendo un daño terrible. (...) Gran parte de la gente que tenía suelos calificados para el desarrollo agrícola los están vendiendo".

José Saavedra, Alcalde de Hijuelas

En el marco de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva de uno de los siete formalizados por el homicidio de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares, asesinada en marzo pasado de un disparo en la cabeza en un procedimiento policial en Quilpué, la Fiscalía reveló un preinforme de la PDI que da cuenta que los sujetos planificaron el delito y estaban concertados para efectuar el robo en la vivienda, ilícito que finalizó con el crimen de la funcionaria.

Luis Madariaga, abogado defensor del imputado Cristián Alejandro Rodríguez Figueroa, pidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva. Expuso que su defendido no participó del crimen de forma directa, sino que permaneció en el auto esperando y su finalidad era sólo escapar del lugar. La fiscal Mónica Arancibia argumentó que la defensa privada de Rodríguez sólo pretendía dar una segunda lectura y no presentaba nuevos antecedentes.

Nuevos antecedentes

En esta línea, Arancibia evidenció un preinforme de la Brigada de Homicidios de la PDI, en el que se logra captar en el análisis de celulares de los imputados un video del 25 de marzo de 2023, previo al crimen, donde los sujetos grabaron el sitio del suceso, es decir, el lugar donde ejecutaron el robo que terminó en un enfrentamiento con carabineros y en la muerte de la suboficial.

En la grabación se ve al imputado Rodríguez en el lugar y los antecedentes dan cuenta de "la preparación para el robo ocurrida esa noche en calle Río Toltén, que fue el robo que inició esta secuencia de trágicos acontecimientos. (...) Se puede interpretar que dicho video realizado por los sujetos se hizo con la finalidad de hacer un estudio del área como método de planificación antes de cometer el ilícito", sostuvo la fiscal.

En el registro, afirmó Arancibia, se ve el imputado que "participó en el estudio del ilícito" y, además, se sumó la declaración de la expareja de Rodríguez, quien manifestó que la madrugada del 26 de marzo, el imputado se comunicó con ella y le informó que tenía un balazo en la pierna izquierda y le pidió ayuda.

Los hechos fueron considerados por la magistrada María Alejandra Radic, quien ratificó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, robo con intimidación y violencia, homicidio consumado a la suboficial Rita Olivares, homicidio frustrado a otros tres funcionarios de Carabineros y porte ilegal de arma de fuego.

"Se puede interpretar que dicho video (...) se hizo con la finalidad de hacer un estudio del área como método de planificación".

Mónica Arancibia, Fiscal del caso

Tras un año y medio de ocupación ilegal por parte de unas 80 familias que habitan la toma "Lajarilla", en el sector de Reñaca Alto de Viña del Mar, en septiembre deberá concretarse su desalojo. Así lo confirmó a este Diario la delegada presidencial regional, Sofía González.

"Tal como lo hemos hecho con todas las disposiciones de la Corte, cada uno de los organismos públicos están realizando sus coordinaciones; levantamiento de información, también vinculación con otros servicios. De acuerdo a la información con que contamos, tenemos una fecha máxima de ejecución de ese fallo el día 1 de septiembre", puntualizó.

Cabe destacar que, según precisó la semana pasada el director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, del total de 80 familias, sólo 19 de estas califican para recibir un subsidio de arriendo.