Cristián Rojas M.

La funcionaria judicial Claudia Reveco, exjueza de Quintero y actual secretaria de un Juzgado en Valparaíso, fue objeto de una formalización de cargos en su contra por transgresión gravísima al deber de los funcionarios, en una investigación interna que está llevando a cabo la Segunda Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el marco de la causa por la muerte de la joven licenciada en Derecho Valentina González, quien fue encontrada muerta en un motel de Mantagua a fines de julio del año pasado.

Los hechos se remontan a cuando Reveco fue al sitio del suceso acompañada de quien era su pareja en ese entonces, el padre de Felipe Olivares, quien acompañaba a Valentina en el momento de su muerte y a quien la familia de la fallecida apunta como sospechoso de haberle suministrado las drogas que fueron encontradas en la autopsia.

Al respecto la abogada de la familia de Valentina González, Cynthia Pérez, detalló que "a raíz de la interposición de la querella por obstrucción a la investigación que yo deduje el día 8 de junio, dirigida en contra de Claudia Verónica Reveco Iglesias y su entonces pareja, don Álex Olivares Serrano, la Corte de Apelaciones tuvo que hacer eco de la situación de que existiera una querella por estos hechos graves".

En dicha querella, precisó, "se describieron todos los hechos y principalmente el hecho de que la magistrado llegó, estuvo en el sitio del suceso, en las afueras del sitio del suceso, estuvo afuera de la cabaña, en el balcón, que es el único acceso para entrar a la cabaña donde estaba muerta Valentina, y puso a disposición el vehículo para que se sacasen cosas desde la pieza de Felipe, donde estaba Valentina, las que fueron trasladadas en un banano que luego fue depositado en el vehículo de la magistrado".

Imágenes de los hechos

La jurista advirtió que "en todas las declaraciones dicen que hubo consumo de drogas, el cuerpo de Valentina tiene drogas, pero lo único que no se levantó y no se encontró fue droga, y lo único que las cámaras captan que se sacó del lugar fue el banano, que se lo pasa a Felipe a su padre, se saca cosas de su ropa, después saca cosas del auto, se las pasa al padre, y el padre lo deja en el vehículo de la magistrada".

La jurista indicó que "a esta investigación nosotros fuimos citados, fue citada la madre Valentina, fue citado el hermano de Valentina y fui citada yo, fuimos los primeros citados y ellos nos pidieron los antecedentes que nosotros teníamos, nombramos los testigos, a quienes habían estado, y también aportamos todo lo que salió en la prensa, las imágenes y todo lo que nosotros tenemos, y la Corte de Apelaciones solicitó al Ministerio Público que aportase la información respecto a las cámaras".

La jurista hizo "un listado de todas las personas que habrían estado ese día, tanto funcionarios públicos como trabajadores del SAMU, trabajadores del motel, todos, para que pudiesen investigar. Y así se desarrolló esta investigación de la Segunda Fiscalía dela Corte de Apelaciones de Valparaíso, y el día 31 de julio se emite el informe, en el que se han formulado cargos por transgresión gravísima a los deberes de funcionarios, y le otorgan los cinco días de plazo a la magistrado para que ella apele, cuestión que ella hizo, tengo entendido que ya apeló, entonces desde la apelación quedan cinco días más para que pase ahora nuevamente a la fiscal, se emita el informe final y se eleve al sancionador para que establezca en qué va a consistir la sanción".

Si es que Reveco es sancionada, precisó Pérez, arriesga desde la suspensión hasta la remoción de su cargo en el Poder Judicial. La abogada recordó que "en Antofagasta removieron a un juez por lo mismo", e hizo notar que "al motel ingresó porque la conocieron, dado que ella fue jueza en Quintero en 214, 2015 y 2018, incluso Álex Olivares reconoce en una entrevista en Chilevisión el 14 de octubre que cuando ella entró la saludaron, le dijeron 'hola, magistrado, cómo está'".

Este Diario contactó al abogado de Reveco, Jaime Sansana, pero no respondió.

"Puso a disposición el vehículo para que se sacasen cosas desde la pieza de Felipe, donde estaba Valentina".

Cynthia Pérez, Abogada de la familia de Valentina

El Centro de Formación Técnica (CFT) estatal de la Región de Valparaíso fue demandando por la Sociedad Constructora Pardo y Cía. Ltda, empresa que ganó la licitación para la construcción del edificio institucional en San Antonio.

Desde la constructora explicaron que "la empresa decidió presentar una demanda ejecutiva para obtener, a través de la vía judicial, el total pago de las cuatro facturas impagas, las cuales suman $476.936.767".

Aseguran que "una de las facturas corresponde a pagos transferidos desde el Ministerio de Educación para la construcción del edificio del CFT en San Antonio; sin embargo, el Centro de Formación Técnica del Estado no realizó el pago, situación que es parte de una solicitud de auditoría a la Contraloría General de la República con la finalidad de que ordene la instrucción de un sumario administrativo en contra de los funcionarios del CFT.".

Desde la constructora advirtieron que "la gestión judicial podría llegar incluso hasta el embargo de los bienes del Centro de Formación Técnica de San Antonio si no se paga la deuda, lo que podría acarrear nefastas consecuencias para sus trabajadores, cuerpo docente y, por cierto, los alumnos".

Versión del cft

Consultados por la situación, desde el CFT estatal regional indicaron, a través de un comunicado, que "a la Sociedad Constructora Pardo y Cía. Ltda. se le pagaron $4.357.842.619, correspondientes al contrato original, más aumentos de obras y obras extraordinarias. El contrato del proyecto original corresponde a $4.250.257.945. La totalidad de lo pagado fue realizada de manera oportuna, con un tiempo promedio de pago de 11 días desde la recepción de la documentación".

Añadieron que "existen discrepancias por el valor en el aumento de obras y obras extraordinarias surgidas en la construcción del edificio, debido a errores administrativos e incumplimientos técnicos de la constructora, sin respetar las bases de licitación aprobadas por la Contraloría General de la República".

Por último, llamaron a la tranquilidad a la comunidad educativa, asegurando que "este hecho no afectará el buen funcionamiento de nuestro proyecto".

Subsecretaría está atenta

A su vez, desde la Subsecretaría de Educación Superior señalaron que "hemos estado muy atentos a esta situación y, en el marco de la autonomía institucional del CFT, esperamos que ésta se resuelva a la brevedad. Como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos sobre el fondo de un procedimiento judicial en curso y estamos absolutamente disponibles a colaborar formalmente con todas las instancias judiciales y/o administrativas que correspondan".

Agregaron que "nuestros esfuerzos como Subsecretaría están por realizar todas las gestiones que se encuentren dentro de nuestras competencias, con el objetivo de resguardar los derechos y garantías de las y los estudiantes, de forma que esta situación no afecte los procesos formativos en curso".

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realiza diligencias investigativas para esclarecer un caso que terminó con dos hombres heridos a bala al interior de una vivienda en las inmediaciones de la playa Las Torpederas, en Valparaíso.

El hecho ocurrió a las 22.25 horas del lunes y, según informaron los lesionados a Carabineros, estos se encontraban en su domicilio cuando ingresan cuatro sujetos armados, los que dispararon y huyeron del lugar. Todos los implicados en el caso registran antecedentes penales por drogas y hay diversas pericias que se encuentran en desarrollo.