El papelón (o supuesto agravio) sufrido ayer por el gobernador regional Rodrigo Mundaca en el que quizás sea el evento más importante del año en términos políticos fuera de la capital, como es el Segundo Congreso de Descentralización organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) que se realiza hasta hoy en la Casa Central de la PUCV, seguramente marcará un antes y un después en su relación con el Gobierno. Desde ya, el GORE se restó de toda participación en el evento.

Explosivo, temperamental y acostumbrado a los desaires de ida y vuelta, como también ocurrió cuando no lo invitaron al cónclave oficialista de Cerro Castillo o como cuando no quiso ir la reunión de autoridades locales en el Parque Cultural de Valparaíso, Mundaca vive sus días más oscuros y nerviosos en la larga, extenuante y, a ratos, injusta labor que ha sido ejercer como el primer gobernador regional elegido de forma democrática en la zona.

Querellado a primera hora de la mañana en el marco del caso Convenios por el nuevo póker de fiscalizadores UDI compuesto por María José Hoffmann, Juan Antonio Coloma, Jaime Varas y Pablo Toloza, sólo unos cuantos minutos más tarde le hicieron la desconocida como integrante de uno de los paneles sobre descentralización, no convocándolo a subir al escenario junto a Carolina Tohá, Jorge Sharp y Esteban Velásquez. En la supuesta descortesía (también podría ser torpeza de la producción), que lo pilló sentado al lado del rector Nelson Vásquez, no son pocos los que ven detrás la mano del Partido Comunista y de dos de sus militantes: la delegada presidencial regional, Sofía González, y el propio subdere, Nicolás Cataldo. Los motivos son públicos: la guerrilla que ha dado Mundaca por eliminar el cargo de González, los emplazamientos que les ha hecho a otras autoridades PC, como la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, o el apoyo desde Rapa Nui a los pescadores en toma de la desaladora de Aguas Pacífico en Puchuncaví. ¿Será tan así? ¿Habrán querido basurearlo o, sencillamente, don Rodrigo Eduardo Alexis se pasó de rosca?

Nuestro sistema educativo vive la peor crisis de convivencia escolar de las últimas décadas. Una parte de esta, sin duda, reside en los repetidos enfrentamientos entre overoles blancos y las fuerzas de orden. Intentos de tomas, cortes de tránsito, piedrazos y lanzamientos de bombas molotov son cada vez más frecuentes. La sensación de inseguridad que proyectan liceos emblemáticos, los más afectados por esto, ha hecho que su calidad decaiga y sus salas se vacíen.

La otra parte de la crisis, mucho más masiva, silenciosa y dramática, es aquella que, en la práctica, está perjudicando con mayor fuerza a prácticamente todas las escuelas del país y de la región. Después del regreso a clases presenciales, en 2022, los problemas de maltrato entre estudiantes, comportamientos disruptivos, discriminación y abusos en los colegios se han mantenido en niveles muy altos. Sus muy negativas consecuencias han sido señaladas por la literatura empírica: ansiedad, depresión, ideación suicida, delincuencia, problemas conductuales y peor rendimiento académico.

La respuesta de la autoridad educativa debe buscar soluciones prácticas y efectivas para la crisis de convivencia. No puede quedarse en el mero comentario ni en programas de pequeña escala, pocos recursos y plazos laxos. Debe responder con recursos e instalación de capacidades en las comunidades educativas, orientadas a alianzas estratégicas entre familias, alumnos y establecimientos, para la prevención y solución de conflictos. Estas deben ayudar al desarrollo de liderazgos educativos y perfeccionar (o implementar) los reglamentos internos de las escuelas, así como sus protocolos de actuación frente a situaciones difíciles.

El Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación posee fortalezas en este respecto, pero aún se presenta insuficiente en términos de los recursos asignados a la convivencia (y a la reactivación en general), de los plazos que se han seguido (el programa A convivir se aprende, por ejemplo, está en una etapa diagnóstica a agosto de 2023) y de la escala que alcanza. La reactivación educativa, con todo lo que comprende y busca, debe ser ambiciosa: ir más allá de lo promedio, sumando recursos, estrategias efectivas y capacidades a sus esfuerzos, y poner como primera prioridad gubernamental la recuperación de lo perdido por la pandemia y el cierre de escuelas.

Ad portas de la discusión presupuestaria, los programas de recuperación que hayan mostrado efectividad deberían ser reforzados, y aquellos que no, reformulados o desechados. Se debe aumentar significativamente los recursos dedicados a esta tarea; ella puede tratarse del desafío más grande que ha tenido nuestro país en décadas. De ello depende el futuro de niños, niñas y adolescentes y el desarrollo no sólo de la región, sino de Chile en su totalidad.