Sebastián Mejías O.

El pasado 31 de julio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del campamento 18 de Octubre de Villa Alemana, donde, precisamente, la cuestionada fundación EnRed ejecutaba un diagnóstico socioterritorial, en el marco de convenios que firmó con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, por un total de $508 millones. La orden judicial que removerá a 29 familias del terreno coincide con la decisión que tomó la Seremi Minvu de congelar todos los programas que EnRed desarrollaba en campamentos de seis comunas diferentes, producto de una mala evaluación de sus trabajos.

Fue durante el mes de octubre del año pasado que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto con la fundación EnRed, firmaron una transferencia de recursos por un total de $7.500.000, destinados a la realización de un diagnóstico del campamento. Las labores se iniciaron en enero de este año y, según cuentan desde la propia toma, apuntaron más bien al desarrollo de encuestas y trabajos que no incidieron mayormente en la vida cotidiana de las familias.

Lentitud de enred

Sobre la situación particular del campamento 18 de Octubre y la intervención que en él desarrolló la fundación EnRed, el director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, Rodrigo Uribe, señaló que "ha sido necesario iniciar la realización de un diagnóstico socio-territorial para definir la estrategia de intervención por parte de nuestro Programa de Asentamientos Precarios".

El diagnóstico, según explicó, "estuvo a cargo de la fundación EnRed".

Sin embargo, contó que "la lentitud en el desarrollo de este trabajo determinó que se oficiara a esta fundación del inicio del procedimiento de término anticipado del convenio suscrito y la restitución de los recursos".

Aunque EnRed tiene la oportunidad de hacer sus descargos, existe la posibilidad de que el contrato se termine anticipadamente. Si eso llegara ocurrir, advirtió el director regional del Serviu, "se continúa con la ejecución del diagnóstico, pues dicho trabajo puede seguir a cargo de nuestro equipo de profesionales internos".

El objetivo respecto al campamento 18 de Ocubre, sostuvo, "es tener todos los antecedentes de las personas de la ocupación, a objeto de agilizar la recopilación de los antecedentes necesarios para completar este proceso".

Una vez ejecutado el diagnóstico que debía hacer la fundación EnRed, el Serviu tendrá herramientas para "orientar las alternativas de ayudas que hay dentro de la normativa, así como facultades legales para aquellas personas que cumplan con los requisitos de acceso".

Entre las ayudas a las que podrían acceder las 29 familias de la toma está la posibilidad de "un subsidio de arriendo transitorio para que puedan salir del terreno que se debe restituir a sus propietarios, así como la orientación para la postulación a la solución definitiva por las vías regulares del Ministerio de Vivienda", precisó Uribe.

Relación familias-enred

Si bien reconoce que en el campamento están tristes por la decisión de la Corte, la dirigente de las 29 familias de la toma, Patricia Rojas, espera un "gesto" de parte de las autoridades de Gobierno, Serviu o la Seremi de Desarrollo Social para comenzar con el proceso de "desalojo voluntario".

Sobre la intervención que la fundación EnRed realizaba en el campamento, Rojas indicó "que están trabajando, más o menos, desde el mes de enero, haciendo encuestas y con otros apoyos, pero en este momento perdimos el contacto con ellos, sobre todo desde que se están investigando a las fundaciones".

"Ellos, como fundación, a mí siempre me apoyaron como dirigenta, pero esperábamos que ahora viniera el trabajo más fuerte y en terreno de ellos con nosotros, especialmente ahora que ordenaron el desalojo. Esperábamos que en estos momentos nos hubieran ayudado un poco más", lamentó.

Sobre la orden de desalojo de la Corte, mencionó que no pueden arriesgarse a un proceso que se dé por medio de la fuerza pública, dado que muchas de las 29 familias tienen hijos pequeños. Reconoció que están pensando en "salir pacíficamente y por nuestros medios del campamento".

relación familias-enred

Enrique Sanhueza, abogado inmobiliario y representante de los propietarios del terreno tomado, celebró la sentencia de desalojo que estableció la Corte de Apelaciones, entendiendo que "estamos frente a un fallo histórico, porque se está condenando y dando privilegio al derecho de dominio de propiedad, cuando antes se le daba privilegio al derecho a la dignidad".

Sanhueza aclaró, además, que en todo este tiempo la fundación EnRed no se puso en contacto con ellos, como abogados de los propietarios y, por esa razón, hace "una evaluación negativa del impacto real que tuvieron". "Ellos conocían los procesos judiciales en curso y la eventualidad de un posible desalojo y no prepararon a las familias para ello", añadió

"Lo que se espera de una fundación que está utilizando fondos públicos para ayudar a familias que están en un asentamiento precario", recordó el abogado, "es que aporten a satisfacer sus necesidades básicas, además de contribuir en que puedan hacer la transición hacia un asentamiento regular, mediante subsidios del gobierno".

"Hacemos una evaluación negativa del trabajo de EnRed. Ellos conocían la eventualidad de un posible desalojo y no prepararon a las familias para ello".

Enrique Sanhueza, Representante de propietarios

"EnRed siempre me apoyó como dirigenta, (…) pero esperábamos que en estos momentos nos hubieran ayudado un poco más".

Patricia Rojas, Dirigenta toma 18 de Octubre

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El diputado RN Andrés Longton presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso con el objetivo de que se extienda la investigación penal en contra de la Fundación ProCultura. El legislador comentó que "la investigación ya se inició en otras regiones del país y acá, al igual que en las demás regiones, se hicieron convenios por cientos de millones de pesos, entre otras cosas, para hacerse cargo de los asentamientos precarios".

Puso como ejemplo la intervención que ProCultura debe hacer en Villa Alemana, a partir de convenios firmados con la Seremi Minvu. El diputado dijo que el convenio se le adjudicó "sin tener la expertise ni tampoco el giro, ya que es una fundación que se dedica a temas culturales".

Asimismo, Andrés Longton criticó que "se les anticipara el 50% de los convenio, esto es, más de 120 millones de pesos, sin siquiera haber iniciado obras". "En otra región nos enteramos de que tenían una empresa creada por un integrante de la fundación, que fue la que finalmente realizaba los trabajos", agregó.

Estamos, según Longton, frente "a un delito" y por eso "espera que la Fiscalía indague a fondo los recursos que se le otorgaron a esta fundación acá en la región, que no sólo vienen por parte de la Seremi de Vivienda, sino que también a través del Gobierno Regional".