Sebastián Mejías O.

Siguiendo con sus descargos por la querella que presentó la UDI en contra del Gore de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca -quien insistió en que, hasta ayer, no había sido notificado de la acción judicial- defendió nuevamente los dos convenios imputados por $800 millones con fundaciones dedicadas a materias medioambientales. Además, fue respaldado por cores y diputados, que cuestionaron al gremialismo y apuntaron a la posibilidad de que esto sea parte de "un aprovechamiento político".

Para Mundaca, la UDI "es un partido que se comporta con un negacionismo climático vergonzoso e intenta enlodar a un Gobierno Regional que ha tenido un comportamiento probo y transparente". Criticó que se "intente enlodar también a trabajadoras y trabajadores del Gore que han dado muestras inequívocas de su compromiso con la Región de Valparaíso".

"nos vamos a defender"

Anunciando acciones de "defensa y contragolpe", Mundaca advirtió a la UDI a que "no piensen que este Gore va a ser como los otros gobiernos regionales y que nos quedaremos pasivamente y sin defendernos, esperando que nos imputen delitos que no existen".

Consultado sobre si hay un aprovechamiento político en esta acción del gremialismo, a juicio de la autoridad, "inequívocamente aquí, a diferencia de todas las imputaciones que se han interpuesto contra otros gores, hay un sesgo de carácter ideológico".

Desde el Consejo Regional hay quienes respaldaron al gobernador, como el core Roy Chrichton, quien lamentó que esta acción se enmarque en "una pyme que viene hacer la UDI con esta denuncia". En esa línea, cuestionó que viniera "una exparlamentaria con su cuñado".

"Hay que decir las cosas como son, ellos quieren notoriedad pública porque el próximo año, probablemente, apuntarán a levantar una candidatura a través de esta denuncia irresponsable", indicó.

Crichton se dio tiempo para apoyar tanto la labor de los funcionarios del Gobierno Regional como "todo lo que aquí se ha hecho para darle satisfacción a las personas más precarizadas de nuestra región, sobre todo en el tema medioambiental".

Cores udi

Y si bien el core Manuel Millones (Ind.-ex UDI) defendió que "parlamentarios están en su derecho a presentar las acciones fiscalizadoras que estimen conveniente", reconoció que "en este caso los cores que integran la bancada Independiente/UDI y Republicanos no estábamos informados de este libelo".

Para el consejero regional, "el caso de las dos fundaciones cuestionadas por la UDI en la región es diferente al caso de Democracia Viva, ya que apuntan a la competencias para externalizar la función ambiental y no al uso o mal uso de los recursos públicos".

Advierte que si finalmente "hay reparos administrativos a esa interpretación jurídica de los convenios firmados por el Gore, entonces varios convenios suscritos por los gores del país se tendrán que reformular o anular".

Críticas oficialistas

Desde el Congreso Nacional también llegaron críticas a la UDI, en defensa de la gestión del gobernador regional, Rodrigo Mundaca. Tomás de Rementería (PS) cree, por ejemplo, que el gremialismo "debió querellarse en su momento contra la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, o contra los alcaldes de ellos que han estado involucrados en casos de corrupción".

Estima necesario "solucionar los problemas que tiene el Estado en la repartición de recursos, pero andar abusando de las querellas es una verdadera chacota, sobre todo si se presentan sin ningún fundamento".

Señaló que es deber de los tribunales "hacerse cargo de esto y empezar a condenar en costas cuantiosas y que la querella calumniosa sea bastante más gravosa de lo que hoy día es".

Un opinión similar manifestó la diputada Camila Rojas (Comunes), quien aseguró que en el gesto de la UDI "obviamente hay aprovechamiento político. ¿Cuándo la UDI se ha querellado en alguno de los casos que involucran a sus militantes? ¿Con Reginato tomaron alguna acción?", se preguntó.

Mientras, el presidente regional de Comunes, Bernardo Álvarez, consideró "impresentable que la derecha quiera sacar provecho político de estos temas. Esta es la peor derecha en mucho tiempo, el nivel de hostigamiento a este Gobierno sólo viene a cumplir el objetivo de desestabilizar el trabajo de nuestro Presidente".

"La UDI quiere notoriedad pública porque el próximo año, probablemente, apuntarán a levantar una candidatura".

Roy Crichton, Consejero regional

"Hay aprovechamiento político. ¿Cuándo la UDI se ha querellado en alguno de los casos que involucran a sus militantes?"

Camila Rojas, Diputada (Comunes)

"La UDI debió querellarse en su momento contra la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato".

Tomás de Rementería, Diputado (PS)

Los diputados RN Andrés Longton y Marcia Raphael se reunieron con estudiantes del Instituto Profesional (IP) Los Lagos para solicitar al Ministerio de Educación y a la casa de estudios un pronunciamiento claro sobre la continuidad de la institución, que está en duda tras la detención de Diego Ancalao por presuntos desvíos de recursos fiscales a la casa de estudios, por lo que los estudiantes temen un posible cierre del plantel.

"Lamentablemente, los alumnos han quedado a la deriva, han quedado invisibilizados y lo que le pedimos al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación es que prontamente les dé una solución a los estudiantes, muchos de ellos a punto de titularse. Ellos no pueden pagar las consecuencias de estos hechos de corrupción que están empañando a todo el país", sentenció Longton.

En esa línea, la diputada Marcia Raphael indicó que los alumnos, "debido a la relación del Instituto y Centro de Formación Técnica Los Lagos con el caso Fundaciones, están totalmente a la deriva y con una total incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios, afectando a todas las sedes a nivel nacional".

Traspasos cuestionados

Tanto el IP como el CFT fueron adjudicados por la Corporación Kimün, para luego venderlos por un monto muy bajo a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), presidida por Diego Ancalao, el pasado 7 de julio.

Actualmente, Kimün está siendo investigada por el caso Convenios, por una transferencia de $1.200 millones del Gobierno Regional de Los Lagos, recursos que estaban destinados a un programa de saneamiento de títulos de propiedad y de los cuales $900 millones fueron utilizados para pagar deudas del IP y el CFT Los Lagos.

En el encuentro, los parlamentarios acordaron reunirse con el subsecretario de Educación y representantes de los alumnos dentro de esta semana, a la espera de un pronunciamiento formal por parte del IP Los Lagos hacia los estudiantes.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior señalaron que "estamos siguiendo muy de cerca esta situación, de forma de realizar todas las gestiones que se encuentren dentro de nuestras competencias, a fin de resguardar el derecho a la educación de las y los estudiantes y asegurar que los procesos formativos actualmente del curso sean completados".

Agregaron que están "llevando adelante una investigación y como Ministerio de Educación vamos a estar disponibles a proporcionar siempre todos los antecedentes que nos sean solicitados. Queremos recalcar que vamos a velar siempre por el derecho a la educación de las y los estudiantes afectados por situaciones como ésta y otras".

"Los alumnos no pueden pagar las consecuencias de estos hechos de corrupción".

Andrés Longton, Diputado (RN), Distrito 6