Gian Franco Giovines D.

La discusión en torno al proyecto de Ley de Usurpaciones, iniciativa que busca sancionar con penas de cárcel el delito de apropiación de propiedades, además de establecer una serie de mecanismos de restitución para los dueños, se trasladó este miércoles hasta la Ruta 68.

Fue a eso de la 21.00 horas que un grupo de pobladores del campamento Altos de Placilla, como también de otros asentamientos irregulares instalados en la localidad, coparon la calzada de la autopista para manifestarse por el avance del proyecto, cuya idea de legislar fue aprobada el pasado miércoles, por 89 votos a favor y 43 en contra, pasando a segundo trámite en el Congreso.

En conversación con el Canal 74, los manifestantes hicieron énfasis en que, de aprobarse la norma, se terminará por criminalizar la pobreza.

"Esta ley a nosotros nos impide seguir en el campamento. Como la autoridad a nosotros no nos escucha, porque somos gente del patio trasero para las autoridades y el Gobierno, estamos obligados a manifestarnos de esta manera", dijo Eva Rodríguez, dirigente del Campamento Altos del Placilla.

"A nosotros -agregó la portavoz- nos acaban de informar (de Serviu) que no quieren seguir con nosotros trabajando. Eso es un problema, porque la gente ya estaba toda catastrada", afirma Rodríguez.

Otra de las habitantes del asentamiento también expuso al citado medio su descontento por el avance del proyecto: "Esta ley nos deja a todos sin nada. En Chile hay alrededor de 2 mil tomas. Es un montón de gente que van a criminalizar. Nos van a echar a la calle sólo por ser pobres".

Rechazo a autotutela

El debate también ha copado la agenda tanto del Gobierno como del Congreso, en particular por una de las disposiciones de la normativa, que faculta el autotutelaje y la legítima defensa de los propietarios en caso de requerir defender sus terrenos por medio de la fuerza.

Lo anterior generó el rechazo categórico del Ejecutivo y más precisamente de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien si bien amparó la idea de legislar en la materia, calificó el autotutelaje como una "aberración jurídica".

Una visión similar es la que tiene el diputado Tomás de Rementería (PS), quien arguye que "la forma en la que está presentada esta ley es un retroceso civilizatorio. Se ha avanzado años en el derecho y en que los conflictos se dirimen a través de los tribunales y no por mano propia. Acá lo que se está buscando es que una persona pueda expulsar a otra de un terreno sin ninguna regulación, lo que puede llevar a una grave crisis de seguridad e incluso un negocio de personas que se dediquen a expulsar tomas", advirtió el legislador.

En la misma línea, la diputada Camila Rojas (Comunes) también hizo público su rechazo a la autotutela.

"Estaríamos promoviendo enfrentamientos y una escalada de violencia para ambas partes. Es muy grave y promueve que el Estado se desligue de su responsabilidad con la protección y la seguridad".

Para De Rementería, en ningún caso la ley debe ser aprobada en sus condiciones actuales: "El Gobierno tiene que vetar la ley si es que esta llega a ser aprobada en la forma que está escrita".

RESPALDO de rn

En contraparte, desde la bancada de RN salieron a respaldar el proyecto normativo. La diputada Camila Flores aseguró que "es fundamental que esta ley salga adelante, porque este es un delito grave que se está haciendo cada vez más común en la región", afirmó, añadiendo que "no me extraña la oposición de la ultraizquierda a esta iniciativa, porque siempre les ha temblado la mano en materia de seguridad".

En cuanto a los riesgos de que esta legislación pueda promover enfrentamientos, la parlamentaria fue enfática en que "la violencia viene de parte de los grupos criminales que se dedican a tomar estos terrenos para hacer negocios. Recordemos el caso del empresario de Concón, Alejandro Correa, asesinado por un sicario enviado por personas que mantenían tomado su terreno".

Su par y correligionario Andrés Longton alega que el Gobierno "no quiere establecer penas de cárcel a la usurpación y, en ese sentido, pretende dejar las cosas tal como están. (...) Ven con romanticismo que la gente usurpe terrenos".

Cabe destacar que en la jornada de ayer manifestantes llegaron hasta el edificio del Gobierno Regional exigiendo acceso a una vivienda digna. En la cita, Gore, Minvu y Serviu "reafirmaron su compromiso de trabajo colectivo" para "concretar el derecho a acceso a la vivienda".

"Somos gente del patio trasero para las autoridades y el Gobierno, estamos obligados a manifestarnos de esta manera".

Eva Rodríguez, Campamento Altos de Placilla

"Es un retroceso civilizatorio. Se ha avanzado años en el derecho y en que los conflictos se dirimen en los tribunales".

Tomás de Rementería, Diputado (Ind.-PS)

"No me extraña la oposición de la ultraizquierda, porque siempre les ha temblado la mano en materia de seguridad".

Camila Flores, Diputada (RN)

La Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión mayoritaria, rechazó la solicitud para desaforar al diputado Diego Ibáñez (CS), en el marco de una querella por calumnias presentada por el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil.

Se trata de un proceso que inició el empresario luego de que el parlamentario lo acusara, en entrevista de TV, de haber "entregado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua".

Crítica política

Tras el rechazo a la solicitud de desafuero, Ibáñez se mostró tranquilo, insistiendo en que lo suyo fue una crítica política donde "no hay ningún tipo de adjudicación de un delito."

En ese sentido, indicó que el mensaje que deja esta decisión del tribunal "es que nadie debe amedrentarse por la querella de un hombre poderoso". De ahí que insiste en su denuncia de "los aportes de empresarios a campañas políticas hechas por la vía legal".

"Lo que estamos manifestando es que hay una profunda desigualdad de trato, (...) una desigualdad tremenda de armas en el acceso a campañas electorales para optar a un cargo público financiado con los impuestos de todas y todos los chilenos", dijo.

"Aquí, frente a una crítica política no hay ningún tipo de adjudicación de un delito".

Diego Ibáñez, Diputado (CS)

Un amplio operativo realizó la mañana de ayer personal municipal y Bomberos en la calle Pudeto de Valparaíso, ante el desprendimiento de una parte de la cornisa de un edificio del sector, situación que causó preocupación. De acuerdo a lo informado por el encargado del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la municipalidad, Ubaldo González, voluntarios de Bomberos, a través de un carro telescópico, removieron restos con riesgo de caída, mientras que la Dirección de Obras procedió a notificar al dueño de la propiedad, para que efectúe los correspondientes trabajos reparación, lo que será fiscalizado.