Unas palabras del presidente de EFE, Eric Martin, a propósito del proyecto de tren entre Valparaíso y Santiago, repusieron el viejo debate sobre el peso que tiene la comparación entre rentabilidad social y económica al momento de evaluar iniciativas de gran envergadura. La idea presentada por el Gobierno a inicios de este año contempla un trazado de 172 kilómetros, que incluye estaciones en Quinta Normal, Batuco, Tiltil, Llay-Llay, La Calera, Limache y Viña del Mar, con una inversión de US$1.320 millones de dólares, casi el doble de los recursos previstos por el Estado para la ampliación del tren a Quillota. El Ministerio de Transportes avanzará este año con los estudios integrales del tren, para obtener una visión más clara sobre las necesidades estratégicas del proyecto, pero su materialización no se prevé antes de 2030, es decir, queda un largo camino, lleno de tramitaciones y estudios, en el cual distintos gobiernos tendrán que evaluar todas las variables de la mayor inversión regional de las últimas décadas. Habrá muchas oportunidades para que la contingencia se transforme en la excusa perfecta de un atraso o postergación, tal como ha ocurrido con tantas iniciativas en la zona. Es el problema que viven muchos grandes proyectos regionales, porque la priorización desde Santiago no está en sintonía con los anhelos de la comunidad local, sino con las necesidades más generales de una capital que lo absorbe todo, muchas veces escondidas tras la fachada de la rentabilidad, económica o social. Aunque la comparación es odiosa, será útil ver cómo avanza el proyecto Santiago-Valparaíso en paralelo a la Línea 9 del Metro, que es mil millones de dólares más caro para un tramo de apenas 27 kilómetros, ambos con un horizonte de ejecución para el año 2030.

Una buena idea para cambiar el actual escenario desfavorable para las regiones es la propuesta del presidente de la CRCP, Javier Torrejón, de crear una Comisión Asesora de Infraestructura, un órgano autónomo, tal como el Banco Central o la Comisión Nacional de Productividad (CNP), que permita abordar con más eficiencia los grandes proyectos, reducir sus costos e impactos, para que de una vez por todas estos sueños superen el estado de promesa eterna y se materialicen.

Este Gobierno llegó al poder con grandes puestas en escena y frases grandilocuentes, con las cuales se ganaron la confianza de la ciudadanía, que votó por un proyecto político que supuestamente "lo iba a cambiar todo" y con un estándar de superioridad moral distinto al de quienes nos habían gobernado los últimos 30 años. Esas mismas palabras hoy son su condena, porque en su segundo año de mandato explotó el caso de corrupción más grande que hemos visto en el último tiempo, que incluso ha sido reconocido por el propio contralor de la República, Jorge Bermúdez, por cuanto acá ha existido una vía para robar plata desde el Estado a través de convenios con fundaciones.

Lo que se ha hecho con el caso Convenios es un daño no sólo para el Gobierno, sino que para el país. También a nivel internacional la imagen de Chile ha quedado sumamente dañada. Llevamos semanas en esto y no se ha logrado retomar la agenda legislativa que veníamos trabajando en el Congreso, porque hay parlamentarios, incluso del oficialismo, que no están dispuestos a seguir en conversaciones con el Gobierno y sacar temas adelante si es que se mantienen en sus cargos los ministros que han sido cuestionados por el traspaso de fondos públicos desde sus ministerios a fundaciones de dudosa trayectoria. El propio Presidente de la República ha estado al debe al no tomar medidas drásticas desde el primer momento que se supo de esto; por el contrario, lo hemos visto bien esforzado en proteger y mantener a su círculo de hierro en el gabinete. En el caso de la Región de Valparaíso, misma situación que se repite en los demás gobiernos regionales del país, la gran mayoría de los recursos que tienen la facultad los gobiernos regionales de destinar directamente, no pasan por la previa aprobación del Consejo Regional, sino que es el gobernador el que los distribuye, porque es una cuestión meramente facultativa y no una obligación, lo que sin duda tenemos que modificar. Ahora se viene la discusión por la Ley de Presupuesto y tenemos una enorme oportunidad para plantear todas estas modificaciones y avanzar a un Estado más eficiente, con probidad y transparencia.

Lo que ha ocurrido es burlarse en la cara de las personas que han esperado años por obtener los recursos o algún subsidio para la casa propia, porque para traspasar desde el Ministerio de Vivienda recursos a fundaciones de los amigos había plata de sobra, pero para quienes van a pedir un subsidio deben esperar por más de 10 años. Le metieron la mano al bolsillo a la misma ciudadanía que decían representar, pero afortunadamente los chilenos no son tontos, por eso el Mandatario hoy cuenta con un escaso 30% de aprobación, de acuerdo a la encuesta Cadem, mismo sondeo de opinión que arrojó que un 51% está en desacuerdo con el pacto fiscal, porque no quieren que se le sigan otorgando más recursos al Estado sin que antes se transparente lo que se está haciendo con la plata que es de todos.

Desde mi labor parlamentaria, seguiré cumpliendo con mi rol fiscalizador, realizando oficios y apuntando a las entidades regionales cuando creamos fundadamente que estamos ante una irregularidad, porque es inaceptable lo que han hecho con recursos públicos que estaban destinados para necesidades y urgencias de las personas.