LA TRIBUNA DEL LECTOR Compromiso patrimonial
POR MAXIMILIANO DUARTE, DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN PIENSA
La recientemente anunciada remodelación del edificio del Banco Estado ubicado en calle Prat es un bálsamo entre tantas noticias que sólo grafican el deterioro del plan de Valparaíso. Además de la creación de más de 500 puestos de trabajo, el proyecto contempla la construcción de un centro cultural que conectará directamente con el paseo Yugoslavo y el Palacio Baburizza, lo que podría fomentar la actividad turística.
Esta iniciativa se suma a otras que desde el mundo privado intentan heroicamente devolverle su dignidad a una ciudad patrimonial en decadencia, como la restauración del edificio de la ex Bolsa de Valores, la rehabilitación del ex Colegio Alemán, donde se inaugurará el Museo del Inmigrante, o la restauración del icónico Bar inglés.
Si bien estos proyectos reflejan un espíritu altruista hacia la ciudad por parte de sus gestores, no se puede decir lo mismo de las autoridades encargadas de velar por el patrimonio cultural. Y es que al escándalo de las fundaciones que ahora salpica al Ministerio de las Culturas -donde ya hay una subsecretaria y una seremi renunciada, además de cuestionamientos hacia la seremi de las Culturas de nuestra región- se suma la remoción del presidente del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), cuya gestión ha sido cuestionada por la aparente asignación injustificada de sobresueldos a colaboradores de su confianza.
Valparaíso es una ciudad en permanente contradicción. Sus representantes ahora exigen con justa razón al Gobierno que se haga presente y tome medidas contundentes para revertir el declive porteño, cuando hace sólo unos años esas mismas voces actuaban con desidia ante la destrucción de la ciudad como vía para alcanzar un proceso de reforma constitucional.
Pero por esas mismas ironías del destino, quizás no es tan extraño que en la misma ciudad se encuentre la llave para comenzar a salir del laberinto. Y es que ahí, en Pedro Montt, en el que probablemente sea el único Congreso del mundo con más presencia de comerciantes ambulantes a sus alrededores que de parlamentarios en su interior, duerme plácidamente el proyecto de ley de patrimonio cultural que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. La propuesta no sólo reconoce las diversas dimensiones del patrimonio cultural, sino que además establece -entre otras cosas- la obligatoriedad de contar con un Plan de Gestión Patrimonial que garantice la preservación y difusión de los bienes declarados patrimoniales; consagra incentivos tributarios para quienes hagan desembolsos en proyectos de mantención y conservación; y aumenta las penas para quienes lo destruyan, con multas que parten en los 6 millones de pesos.
Entre tanta indecencia política que hemos vemos visto las últimas semanas, sería esperanzador que nuestros representantes estén lo suficientemente comprometidos con la ciudad para sacar adelante la ley y, en paralelo, impulsar un plan serio para revertir el declive del patrimonio porteño provocado, en parte, por su propia negligencia; para que se fomente y premie el cuidado del patrimonio cultural y se castigue al que lo destruye. Quizá así podamos ayudar a complementar la labor de quienes intentan sacar adelante la ciudad o, en el peor de los casos, no estorbarles en su cometido.