En lo que representa un duro revés para la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, el proceso de leaseback abierto por el municipio para atraer recursos que permitieran saldar las deudas previsionales de la Corporación Municipal de Viña del Mar no atrajo interesados y tuvo que cerrar sin oferentes. La operación financiera había levantado resistencia en algunos concejales, quienes advirtieron en más de una oportunidad que el escenario económico no era propicio para que el municipio asumiera una deuda de largo aliento, pero la presión ejercida por los gremios de la CMVM y la apuesta del equipo cercano a la alcaldesa inclinaron la balanza a favor del leaseback como la mejor fórmula para sanear las arcas de la Corporación. La caída del leaseback se suma a la preocupante proyección hecha por el director de Administrador y Finanzas, Gerardo Casas, quien en el último Concejo Municipal reconoció que la recaudación del plan especial de cobranza iniciado este año no alcanzará la meta propuesta.

Un revés puede tener múltiples causas, contingentes o azarosas, pero este doble fracaso amerita una reflexión más de fondo sobre las estrategias desplegadas por la administración viñamarina para enfrentar sus compromisos financieros. El acertado plan de medidas aplicado para subsanar el descalabro heredado de la administración anterior, incluidas las acciones de persecución penal, fue quedándose sin fuerza con el paso del tiempo.

El caso de Viña del Mar no es muy distinto al de otros municipios de la zona donde asumieron nuevos alcaldes. En Concón, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, Quillota y, aunque en menor medida, Olmué, las autoridades municipales deben demostrar que pueden cumplir, al menos, las promesas hechas cuando fueron elegidas. Pero incluso eso no es suficiente si alcanzaron sus objetivos con las mismas estrategias aplicadas por los alcaldes que les precedieron. El desafío real, así se lo autoimpusieron los propios jefes comunales cuando basaron sus campañas en la promesa de que cambiarían la forma de ejercer la política, es construir nuevos caminos de gestión municipal y encontrar formas creativas y perdurables para gobernar comunas cada día más necesitadas de recursos.

Hace al menos una década, el sector productivo viene alertando de un déficit que apremia: el de la infraestructura a nivel nacional, lo que se traduce en la falta de puertos, autopistas, redes de ferrocarriles, desaladoras y complejos habitacionales y barrios bien desarrollados a lo largo del país. Por eso, el anuncio de un pacto fiscal hecho por el Ministerio de Hacienda, el que considera medidas para fomentar el crecimiento del país, fomento a las inversiones y al empleo, es una buena noticia.

Vale la pena detenerse en uno de los puntos abordados: la creación de una comisión asesora de políticas de infraestructura a nivel nacional. Esta instancia puede servir como una entidad coordinadora, lo que facilitaría la interacción entre diferentes organismos y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, otra de las metas señaladas en el anuncio de Hacienda se refiere a un esquema simplificado de permisos que podría resultar en una reducción significativa del tiempo de respuesta y disparidad de criterios técnicos, lo que, a su vez, podría acelerar la implementación de proyectos de infraestructura críticos.

Además, una comisión asesora brindaría un conocimiento técnico valioso, lo que contribuiría a tomar decisiones informadas y eficientes. La experiencia acumulada por los miembros de esta institución podría utilizarse para evaluar la viabilidad de los proyectos y para prever, anticiparse y solucionar posibles problemas.

Una entidad de este tipo también mejora la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura, al establecer criterios claros y objetivos para la asignación de proyectos. Esto podría aumentar la confianza de las comunidades en los procesos, lo que, a su vez, podría traducirse en un mayor apoyo para las grandes obras propuestas.

Recordemos que varios países desarrollados ya cuentan con este tipo de organismos para estas decisiones, las que se deben desacoplar de los ciclos políticos del momento y priorizar los intereses del Estado, más allá de los periodos de gobierno.

Otro de los puntos planteados en cuanto a la infraestructura en el pacto fiscal fue la idea de priorizar obras en torno a la crisis hídrica que afecta al país. De esta manera, se asegura una concentración de esfuerzos y recursos en áreas críticas. La agilidad de materializar este tipo de iniciativas genera un alto impacto en la mitigación de los efectos de la escasez de agua, mejorando así la calidad de vida en las regiones afectadas y apoyando el desarrollo sostenible. Se trata de proyectos indispensables para el consumo humano, la industria forestal y agrícola, junto con la minería.

Los anuncios realizados nos tornan optimistas: la alianza público-privada debe seguir adelante para conseguir crecimiento en Chile y una nueva institucionalidad desacoplada de los momentos políticos y con una agenda de grandes obras definidas ayudan a que el país retome el necesario camino del crecimiento.