La controversia por el Caso Convenios y sus ramificaciones regionales comienza a poner el acento en las decisiones administrativas que permitieron a los gobernadores aprobar recursos de forma discrecional, sin pasar por la visación de los consejeros regionales. Los dardos de algunos personeros de oposición apuntan a la figura del contralor nacional, Jorge Bermúdez, bajo cuyo mandato se hicieron las modificaciones reglamentarias que permiten a los jefes regionales hacer transferencias directas por menos de 7 mil UTM -poco más de $ 440 millones-, para financiar actividades culturales, deportivas y sociales propuestas por organizaciones sin fines de lucro que puedan mostrar al menos dos años de existencia.

El contralor tomó la decisión a petición de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), que en sus argumentos aseguró que los gobiernos regionales sufren una serie de trabas burocráticas y legales que les impiden operar con eficiencia, debido a que contemplan "múltiples controles que ralentizan excesivamente su funcionamiento".

La explicación parece razonable si se entiende que el objetivo de los gobernadores es acelerar el ritmo de gasto para agotar durante el año calendario los recursos entregados por el nivel central. Sin embargo, el país se mete en un grave problema si comienzan a rivalizar la eficiencia en el gasto público y los controles indispensables para verificar su buen uso. Un Estado moderno debe tener la flexibilidad adecuada para que sus autoridades puedan imprimir eficacia y eficiencia a sus decisiones, sin poner en riesgo el objetivo final, que es beneficiar a la ciudadanía.

El aprovechamiento que hicieron de esa flexibilidad las fundaciones y autoridades involucradas en transferencias inadecuadas provocará un grave daño a la confianza pública y profundizará la percepción de que muchos cargos públicos sirven antes y mejor a sus amigos y cercanos que a la ciudadanía que dicen representar.

En el segmento más pobre del país, integrado por 1.890.860 personas, el ingreso autónomo mensual promedio es de 95 mil pesos. Esto significa que en el decil más desfavorecido ese es el monto que una persona genera con su trabajo y sus iniciativas productivas contra el ingreso autónomo promedio mensual del país, que es de un millón 200 mil pesos. O sea, hablamos de gente que lo está pasando muy, muy mal.

Otro dato elocuente es que en ese segmento poblacional, en 2022, los ingresos autónomos representaron el 37% y los subsidios el 63%, mientras que el 2017 los ingresos autónomos fueron 63% y los subsidios 37%. Es decir, exactamente la proporción inversa. Resulta obvio que no estamos frente a un buen escenario, porque la economía chilena no es capaz de resistir estos niveles de subvenciones y apoyos.

Representan, además, una enorme paradoja, porque como Hogar de Cristo sabemos que para erradicar la vulnerabilidad y precariedad social se requiere que las personas desarrollen eso que los sociólogos llaman "capacidad de agencia", que es la habilidad de un individuo de cambiar activamente las condiciones estructurales que lo rodean. Los subsidios y apoyos atentan contra esa capacidad y se terminan convirtiendo en una trampa infantilizante que vuelve a los seres humanos dependientes. Cuando enfocamos la lupa sobre datos específicos de la encuesta Casen 2022, donde este contrasentido resulta más evidente es en el caso de los adultos mayores.

En el ámbito de la pobreza multidimensional, los resultados corroboran una tendencia: los mayores presentan una menor proporción de personas en situación de pobreza por ingresos, en comparación con la población menor de 60 años. Esta realidad se explica por la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es el principal mecanismo de transferencia monetaria para esta población.

Sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional continúa siendo superior en las personas mayores al compararlas con el segmento etario menor de 60. De modo más específico, mientras que el 16,5% de las personas entre 0 a 59 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional, en las personas de 60 años y más la proporción alcanza un ¡19%! Estos datos reflejan que, a pesar de contar con ingresos mensuales suficientes como para satisfacer necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, este ingreso resulta insuficiente para resolver problemas asociados a aspectos fundamentales de la inclusión social y el desarrollo de capacidades.

Redes activas, acompañamiento, accesibilidad, estado de las viviendas, escolaridad, trato igualitario, atención de salud, son dimensiones que no se salvan simplemente por contar con la PGU y un mejor ingreso monetario. Esas dimensiones, donde existen problemas, carencias, obstáculos objetivos para una vejez digna, no tienen buenos indicadores, lo que reafirma que sólo a punta de subsidios no se resuelven las profundas brechas de pobreza y desigualdad de Chile. Y es más grave aún si pensamos que en 2050 los adultos mayores serán un tercio del total de la población del país. Así es que sigamos avanzando en el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, haciéndonos cargo de estas brechas y más.