Caso Convenios y las desconfianzas
El mal uso de recursos públicos profundiza la idea de que algunos utilizan sus cargos en provecho propio y no de la ciudadanía. El país se mete en un grave problema si comienzan a rivalizar la eficiencia en el gasto público y los controles indispensables para verificar su buen uso.
La controversia por el Caso Convenios y sus ramificaciones regionales comienza a poner el acento en las decisiones administrativas que permitieron a los gobernadores aprobar recursos de forma discrecional, sin pasar por la visación de los consejeros regionales. Los dardos de algunos personeros de oposición apuntan a la figura del contralor nacional, Jorge Bermúdez, bajo cuyo mandato se hicieron las modificaciones reglamentarias que permiten a los jefes regionales hacer transferencias directas por menos de 7 mil UTM -poco más de $ 440 millones-, para financiar actividades culturales, deportivas y sociales propuestas por organizaciones sin fines de lucro que puedan mostrar al menos dos años de existencia.
El contralor tomó la decisión a petición de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), que en sus argumentos aseguró que los gobiernos regionales sufren una serie de trabas burocráticas y legales que les impiden operar con eficiencia, debido a que contemplan "múltiples controles que ralentizan excesivamente su funcionamiento".
La explicación parece razonable si se entiende que el objetivo de los gobernadores es acelerar el ritmo de gasto para agotar durante el año calendario los recursos entregados por el nivel central. Sin embargo, el país se mete en un grave problema si comienzan a rivalizar la eficiencia en el gasto público y los controles indispensables para verificar su buen uso. Un Estado moderno debe tener la flexibilidad adecuada para que sus autoridades puedan imprimir eficacia y eficiencia a sus decisiones, sin poner en riesgo el objetivo final, que es beneficiar a la ciudadanía.
El aprovechamiento que hicieron de esa flexibilidad las fundaciones y autoridades involucradas en transferencias inadecuadas provocará un grave daño a la confianza pública y profundizará la percepción de que muchos cargos públicos sirven antes y mejor a sus amigos y cercanos que a la ciudadanía que dicen representar.