Sienta un precedente: desalojan toma ilegal por primera vez tras fallo judicial
QUILLOTA. Amplio despliegue de Carabineros logró desocupar campamento "VIP" en el que vivían 70 familias. Predio se encontraba tomado desde mayo del año pasado. Hubo un detenido.
A dos días de vencer el plazo estipulado por la Corte de Apelaciones, este miércoles la Delegación Presidencial Regional y un amplio contingente de Carabineros desalojaron a las familias restantes de la denominada toma "VIP" de Quillota, asentada en el Fundo Santa Rosa de Colmo desde mayo de 2022, en un terreno de 20 hectáreas de propiedad privada.
La ocupación llegó a ser denominada como tal debido al alto nivel de las construcciones y al hecho de que se trataría, en la mayoría de los casos, de segundas viviendas.
Resolución judicial
El despliegue de la autoridad responde al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el pasado 31 de enero, el cual determinó un plazo de cuatro meses para desocupar el terreno, a contar del 17 de marzo. Sin embargo, más tarde se concedió una prórroga de un mes, dejando como fecha tope el 18 de agosto.
La resolución judicial terminó provocando el retiro voluntario de buena parte de las 70 familias en las últimas semanas y, en la jornada de ayer, Carabineros terminó por desalojar a las personas que restaban.
El prefecto de Carabineros Marga Marga, coronel Mario Recabarren, detalló que el operativo se dio "de acuerdo a lo planificado". Agregó que "hubo una oposición por parte de estos individuos, en cuanto a encender una barricada incendiaria, la cual fue prontamente apagada por nuestro carro lanzagua".
Posteriormente, el ingreso de Carabineros se realizó de manera pacífica, siendo "el resto de la toma, tanto en el sector de arriba de Colmo como los que están en el sector de abajo, retirados pacíficamente", precisó Recacarren.
Asimismo, Carabineros informó que durante el despliegue se registró un detenido por el delito de desórdenes.
La acción de la autoridad en el Fundo Santa Rosa de Colmo marca un precedente a nivel regional, ya que se trata del segundo desalojo a gran escala de una toma ilegal y el primero tras el dictamen de un fallo judicial, teniendo en cuenta que el operativo realizado en la toma "Marichiweu" de Viña del Mar, en junio pasado, se ejecutó en un terreno fiscal, donde no fue necesario acudir a la Justicia.
Sobre la intervención, la delegada presidencial, Sofía González, indicó que "como Gobierno hemos realizado todas las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento con el fallo de la Corte, que incluye la restitución del bien a su dueño y también el despliegue para dar respuesta y apoyo a aquellas familias que realmente lo necesitan, sin permitir que haya personas que se aprovechen de ello".
En cuanto a las ayudas sociales para las personas desplazadas, indicó que se están desarrollando dispositivos de apoyo "para poder dar contención y orientación a aquellas familias que cumplan con los criterios".
El alcalde de Quillota, Óscar Calderón, avaló el despliegue dispuesto por la autoridad regional, sosteniendo que "la gobernabilidad de las ciudades se logra cuando los sistemas funcionan, eso es lo que está sucediendo en este caso, donde el sistema judicial emite una orden y las instituciones públicas las ejecutan, resguardando el Estado de derecho".
En tanto, Claudio Easton, propietario del predio junto a su familia, valoró el cumplimiento del fallo: "Nos satisface mucho que se haya cumplido la ley. Como familia estamos tranquilos, porque finalmente se hizo lo que se debía hacer".
"buena señal"
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton (RN) calificó el desalojo como "una buena señal", añadiendo que "va en la línea de resguardar el derecho de las familias dueñas de estos terrenos que han sido usurpados".
Sin embargo, advirtió que "en la región Valparaíso han subido más de un 60% las usurpaciones, es decir, se ha normalizado casi como si fuera un legítimo derecho quedarse con un terreno que le pertenece a otros. (...) Eso es injusto y peligroso".
"Nos satisface mucho que se haya cumplido la ley. Estamos tranquilos (...) Se hizo lo que se tenía que hacer".
Claudio Easton, Propietario del predio tomado
"En la región han subido más de un 60% las usurpaciones. Se ha normalizado quedarse con un terreno ajeno".
Andrés Longton, Diputado (RN)
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