Hay un par de elementos del cambio de gabinete hecho ayer por el Presidente Gabriel Boric que merecen un aterrizaje a nivel regional. Uno es la llegada de Carolina Arredondo Marzán al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuya sede en Valparaíso es meramente nominal, porque muy pocas veces se aprecia en los titulares de la cartera una participación activa en la vida cultural de la ciudad o una preocupación particular por su patrimonio. Arredondo llega, además, a un ministerio cruzado por los problemas gremiales y administrativos, con la seremi de Valparaíso, Patricia Mix, al centro de los cuestionamientos por la aprobación discrecional y sin concursos de 17 convenios por más de $230 millones. La nueva ministra deberá definir tanto la continuidad de Mix como la relevancia que dará a Valparaíso como capital cultural del país.

Un segundo punto es el nombramiento como nueva subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere) de la ingeniera química de la PUCV Francisca Perales Flores. Nombrada por el alcalde Jorge Sharp como jefa del Departamento de Desarrollo Comunal en el municipio de Valparaíso en 2017, donde se mantuvo hasta el año 2019, a Perales le corresponderá avanzar en los temas pendientes de la descentralización, como el traspaso de nuevas competencias a los gobiernos regionales y la negociación con la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), cuya presidencia asumirá pronto Rodrigo Mundaca, por el fin (o la mantención, a esta altura) de los delegados presidenciales. Por el manejo de recursos para regiones y comunas, la Subdere ha sido considerada históricamente como una herramienta clave en periodos de elecciones municipaes, como será el 2024. Perales, entonces, tendrá que definir qué actitud asumirá con esta zona en un año clave para las proyecciones y ambiciones de los liderazgos comunales.

Si los cambios de ministros tendrán un correlato a nivel regional es un misterio, pero hasta ahora no se ha visto en el Gobierno ninguna intención por retomar la agenda local, reactivar los proyectos detenidos o imprimir a la gestión una actitud proactiva. Es como si todas las autoridades, desde la delegada presidencial al último seremi, estuvieran esperando algo para ponerse en movimiento, con el riesgo de que cuando lo descubran sea demasiado tarde. El tiempo corre.

La educación es un derecho constitucional difícil de garantizar cuando el sistema que debiese asegurar su buen funcionamiento no ha demostrado tener la experticia para administrar la educación municipal.

Desde que nos enteramos del traspaso a los Servicios Locales de Educación (SLEP) hemos estado al pendiente de su funcionamiento por temor a que la enseñanza municipal de Limache retroceda e involucione. Experiencias en las regiones Metropolitana y de Valparaíso demuestran, lamentablemente, que los SLEP vigentes no son capaces de responder a las necesidades que los procesos y las comunidades escolares requieren.

En octubre del año pasado, solicitamos al ahora exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que pausara la implementación del proceso hasta evaluarlo. Y aunque la transición en Marga Marga quedó suspendida hasta 2025, no hay indicios de un mejoramiento del sistema. En el mes de junio, Ávila recibió un informe con los problemas detectados en el funcionamiento y gestión del SLEP de Valparaíso, el que actualmente administra 54 colegios. Una mesa técnica integrada por autoridades locales, representantes de las comunidades educativas y organizaciones sociales de la educación, expusieron sus necesidades y preocupaciones. ¿Qué hará el Ministerio de Educación con la información recabada? ¿Será contemplada para considerar mejoras? Lo anterior se vislumbra complejo después de que el organismo estatal reconociera que se necesitan 11 mil millones de pesos para superar la crisis financiera y mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos bajo su jurisdicción.

En Limache tenemos incertidumbres: ¿qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras que no puedan ser contratados por los municipios por falta de cupos de planta? ¿Quién va a trasladar al colegio y a las escuelas a los niños y niñas de sectores rurales? ¿De qué manera se vinculará el SLEP con las comunidades educativas? ¿Quién asumirá el costo de sus útiles escolares?

Nos cuesta creer en el SLEP, su desempeño está al debe. La "desmunicipalización" no da garantías y nos parece injusto que el esfuerzo realizado en 10 años de gestión sea en vano. En Limache el 100% de los y las estudiantes del sistema municipal reciben sus útiles y textos escolares sin costo para los apoderados, el 90% de nuestros alumnos y alumnas aprenden a leer en primero básico, los sueldos y las cotizaciones previsionales de profesores y profesoras están al día y sin deudas y en una década la matrícula de alumnos pasó de 2.000 a 4.150. Por esa razón, me atrevo a solicitar que la incorporación a los SLEP sea opcional y que los municipios que demuestren ser eficientes y eficaces en la gestión de la educación municipal puedan seguir haciéndolo. Es injusto condenarlos a todos a las deficiencias del sistema existiendo alternativas de buena gestión y compromiso con niños, niñas y adolescentes. Queremos educación gratuita y de calidad.