"Es una situación que, en la práctica, puede estar sujeta a presiones del Gobierno"
Cuando en noviembre del año pasado el Consejo Regional aprobó, en el proceso de traspaso de competencias desde el Gobierno central, que el gobernador regional pueda asumir la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, Rodrigo Mundaca recordó las posibilidades que le abría su nueva posición, pese a saber que en más de una oportunidad chocaría con los seremis y que, probablemente, su definición en la resolución de conflictos medioambientales no primaría.
Lo que le importaba, aseguró, era no repetir la historia de "intendentes que votaron a favor de Los Rulos o de otras decisiones que mandataba el Ejecutivo". "Eso no va a ocurrir, porque este gobernador no será digitado desde Santiago", le advertía a La Moneda.
Sin embargo, nueve meses después, la Contraloría General de la República puso fin a sus anhelos, despojándolo del rol que le habían entregado. El argumento que dieron fue que los gobernadores no pueden recibir competencias desde el Ejecutivo en materia medioambiental.
"cercena una facultad"
- Después de esta decisión que lo despoja de la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental en la región, ¿a quién responsabiliza? ¿A la Contraloría? ¿Al Gobierno por no prever que el traspaso de esta competencia podía fallar?
- Bueno, la verdad es que la opinión fundada la entrega la Contraloría, que es el órgano que vela por la fiscalización del aparato público y, por tanto, es la que se pronuncia en último término sobre las competencias que nos traspasan. Dicho esto, sin duda, y a propósito que tengo facultades de planificación, presupuestarias, de fomento productivo, y que yo presido los comités regionales de Uso del Borde Costero y de Cambio Climático, me parece una verdadera inconsistencia que se me niegue la posibilidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental en la región y que esta siga en manos de una autoridad designada por el Gobierno central como es la delegada presidencial regional.
- ¿Un paso atrás en el proceso de descentralización?
- La representación que hace la Contraloría, tomando en cuenta que más del 50% de los gobernadores planteamos la necesidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental en regiones, va precisamente en contra del proceso de descentralización en el que estamos involucrados, una decisión que nos cercena una facultad que, inequívocamente, debería estar en manos de la autoridad electa democráticamente.
- Pero la Contraloría decidió otra cosa
- Lo que hace la Contraloría, en la práctica, es ponerse del lado de la continuidad de la Delegación Presidencial Regional. E insisto que esto no se trata de un tema personal, ya que todos los gobernadores opinamos lo mismo sobre esa figura.
- ¿Ve alguna responsabilidad del Ejecutivo en la determinación de la Contraloría?
- Estamos frente a una situación que, en la práctica, muchas veces puede estar sujeta a presiones que pueden provenir del Gobierno central.
- ¿La Asociación de Gobernadores tomará acciones para intentar recuperar esta atribución?
- Es uno de los temas que hay que discutir con la nueva autoridad de Gobierno, ya que con el anterior subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, que hoy día es ministro de Educación, habíamos comentado este tema, señalándonos que se iba a insistir sobre la necesidad de traspasarnos la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Sin embargo, ahora que hay una nueva subdere, desconozco cuál va a ser el criterio que ella va a emplear.
¿rol medioambiental?
El dictamen de la Contraloría, que es criticado por Mundaca por negarle la posibilidad de asumir una de las competencias medioambientales del Gobierno central que más anhela, deja claro que el Presidente de la República podrá transferirle a los gores facultades sólo en algunos temas, como ordenamiento territorial o fomento de la producción, pero no en materias medioambientales.
- Es un argumento que se parece mucho a la tesis que suscribió la UDI al querellarse contra el Gobierno Regional que usted dirige, por dos convenios firmados con organizaciones medioambientales por un total de $800 millones. Precisamente, el abogado gremialista, Pablo Toloza, aseguró que los gores no tienen competencias para transferir recursos para fines medioambientales. ¿Es tan así?
- Mira, existe una ley, la 19.175, que es la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que deja claro que las y los gobernadores tenemos competencias en materia de protección, cuidado y fomento del medioambiente. Eso se contradice inmediatamente con el argumento de la querella. Pero por ahora esperaremos el pronunciamiento de la Fiscalía y de ahí vamos a pasar a la delantera y tomaremos las decisiones que haya que tomar.
- ¿Insiste en su idea de que la querella fue una puesta en escena de políticos de la UDI?
- Sin duda que en la presentación de la querella hay una puesta en escena que es bastante perniciosa. Una puesta en escena que hizo la exdiputada María José Hoffmann, el diputado Juan Antonio Coloma y el abogado Pablo Toloza, para luego enterarnos que ni Coloma ni Hoffmann patrocinan la querella, sino que lo hizo una ciudadana que es una completa desconocida. Finalmente, la UDI hizo el punto político, pero no fueron ellos quienes patrocinaron la querella.
Traspaso lento
- Tanto la determinación de Contraloría que usted cuestiona como la querella se explican, en palabras del exsubsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, en la discusión sobre controversias competenciales. ¿Qué valoración hace del proceso de traspaso de competencias desde el Gobierno?
"La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales deja claro que las y los gobernadores tenemos competencias en materia de protección, cuidado y fomento del medioambiente".
"Finalmente, la UDI hizo el punto político, pero no fueron ellos quienes patrocinaron la querella".
"Me parece una verdadera inconsistencia que se me niegue la posibilidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental y que esta siga en manos de la delegada".
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