Un asunto que desde el inicio del Gobierno resultó complicado para Allende fue el tema de las armas. El MIR y luego los grupos más radicalizados que se desmembraron de la DC eran partidarios de que debería crearse un sistema que le permitiera al pueblo "partidario de la revolución" poseer armas para defenderla. El MIR en este tema estaba más "adelantado", pues hacía años que las poseía y las había usado para llevar a cabo las "expropiaciones" a los bancos, antes de 1970, y a través del GAP había incrementado su arsenal.

El Presidente se resistía a esa petición, pues le parecía peligrosa y además estaba consciente que las FF.AA. reclamaban para ellas tener el monopolio de las armas. Pese a lo anterior, grupos cercanos a la UP eran muy activos en esta materia, especialmente a fines de 1972 y durante 1973. Los cordones industriales existentes en los lugares donde se concentraban grandes empresas en la periferia de Santiago, especialmente el de Vicuña Mackenna, habían llegado a crear una especie de tanqueta en base a los vehículos que poseían horquillas. Les habían instalado en su parte delantera planchas de metal como un modo de resistir el "fuego enemigo" y dar lugar más seguro a los encargados de usar el armamento que poseían. En esta escalada de la operación armas estaba muy presente la Embajada de Cuba y sus principales miembros.

No hay que olvidar que el jefe de la inteligencia cubana en Santiago, Luis Fernández de Oña, era el marido de Beatriz, la hija mayor de Allende. Ella era partidaria que ciertos grupos seleccionados poseyeran armas. La presión sobre La Moneda llegó a tal nivel que en un discurso público el Presidente, como un modo de aquietar las aguas, sostuvo que "si el pueblo requería armas para defender la revolución, las tendría".

Algunos de los medios para ingresar armas al país fueron de conocimiento público. Es así como en sacos que traían azúcar proveniente de Cuba se descubrieron dentro de algunos de ellos ametralladoras cuidadosamente envueltas en nylon. Pero el hecho más significativo a este respecto acaeció el 11 de marzo de 1972.

Ese día, abordo de un avión de Cubana de Aviación proveniente directamente de La Habana, llegó a Santiago el director de Investigaciones, Eduardo Paredes (conocido como el "Coco"), personaje siniestro de absoluta confianza del Presidente. Traía con él doce grandes cajones con "regalos" de Fidel Castro para Allende. Dicha carga se trasladó directamente desde la aeronave a unos vehículos de Investigaciones, sin que tuvieran el aforo previo de Aduana. Los funcionarios de ese Servicio declararon después que la instrucción en tal sentido vino directamente de Paredes, la que se vio reforzada por la presencia en el aeropuerto del propio ministro del Interior, Hernán del Canto, quien ordenó a los Vistas de Aduana proceder como señalaba Paredes.

El asunto, a los pocos días, fue denunciado en el Senado por el senador DC Benjamín Prado, lo que provocó un gran revuelo en la opinión pública. La Cámara de Diputados formó una Comisión Investigadora, la que pidió explicaciones a La Moneda. Sólo después de más de un mes de ser requerida, la Presidencia respondió que los bultos de marras contenían objetos de adorno enviados de regalo por Castro a Allende y a otras autoridades del país. Ofreció que el contralor general de la República podía ir a verificar por sí mismo el contenido de uno de los cajones que se encontraba en Tomás Moro.

El contralor general era el prestigioso abogado Héctor Humeres, quien había llegado a esa posición después de una dilatada y brillante carrera. Era respetado por todos los sectores por su profesionalismo y seriedad. Humeres, en una reunión de Comisión del Senado, en forma privada, confidenció que él por motivo alguno se iba a prestar para la farsa, pues nadie podía garantizarle qué se había introducido en el cajón de marras después de treinta días.

En qué consistieron los "regalos" de Fidel que fueron traídos por el director general de Investigaciones y que merecieron ser recibidos en el aeropuerto por el propio ministro del Interior es un secreto que se mantiene hasta hoy, pero dada la situación del país y los trascendidos de personeros cercanos a La Moneda, no es muy difícil presumir que allí venía armamento.

Otro ámbito del quehacer nacional que adquirió sustantiva notoriedad fue la creación de la denominada "Escuela Nacional Unificada" (ENU). Consistía, de acuerdo a las definiciones del Gobierno, en un proyecto que buscaba darles a todos los niños de Chile igualdad de oportunidades en la educación desde la más tierna infancia. Nadie sería diferenciado, pues todos tendrían las mismas posibilidades y para ello todos seguirían los mismos patrones de enseñanza.

En el fondo, era implantar el método de aprendizaje usado en los países donde se había impuesto el comunismo y que a la larga buscaban crear un ser humano que fuera producto de las directrices legadas por Marx y Lenin. El Gobierno, para promover la ENU, llevó a cabo una campaña televisiva nunca antes vista, usando spots novedosos que eran de fácil comprensión. La idea, estudiada en profundidad, significaba a la larga el término de la educación privada y la implantación forzosa de un método que dejaba fuera la posibilidad de elección para los padres.

El proyecto creó una reacción contraria muy fuerte en las Iglesias, especialmente en la Católica, en las Fuerzas Armadas, que lo veían como una forma de adoctrinar a los niños en un sentido ajeno a los valores y a la tradición chilenos, y en las comunidades extranjeras que poseían sus propios establecimientos de educación. La Iglesia Católica en particular veía el término de su tarea educativa, la que ha sido la base de su actuar histórico.

El 2 de noviembre de 1972 entraron al gabinete las FF.AA. con el general Carlos Prats como ministro del Interior. El entonces ministro de Justicia, Jorge Tapia, pasó al Ministerio de Educación, debiendo hacerse cargo de la ENU. El nuevo secretario de Estado se puso como primera tarea intentar apaciguar a los militares, para lo cual organizó una reunión con un centenar de ellos a fin de dialogar sobre la iniciativa. La unanimidad de las intervenciones de los uniformados habidas allí fueron muy ácidas, especialmente la del contralmirante Ismael Huerta. El ministro salió mal parado de esa cita. Tapia era un hombre joven que había hecho toda su carrera como funcionario del Senado donde trabajábamos en forma cercana.

Éramos amigos, pese a que, como él decía, yo era "beato". Militante del Partido Radical y muy activo y respetado "hermano" en las logias masónicas, era además profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile. Le había expresado mi deseo de postular a ser ayudante de esa cátedra, lo que al final conseguí. Supe después que no había caído muy bien en su logia el haber seleccionado a un "beato". Creo que formamos un buen team y por nuestra cátedra pasaron destacados alumnos que tuvieron después importantes responsabilidades en la vida nacional.

En el momento en que fue designado ministro de Justicia, la cátedra quedó en la práctica a mi cargo, pues él tenía poco tiempo disponible. Yo hacía las clases y una vez a la semana iba a su oficina a informarle del desarrollo del programa. Eso continuó cuando pasó a Educación. Nunca tuvimos un problema.

Considerando todo lo que se ha dicho y lo que se ha escrito con motivo de los 50 años del golpe de Estado, me veo en la necesidad de contar un hecho que nunca antes he narrado. Lo hago porque demuestra la forma caótica de cómo se manejaban las cosas dentro del gobierno de la UP.

Un día apareció en la primera página del segundo cuerpo de El Mercurio de Santiago una información relacionada con la ENU. En la foto ilustrativa aparecía el inicio de un oficio del Ministerio de Educación y la página final de éste donde figuraba la firma del ministro. Era indudablemente la rúbrica de Jorge Tapia. De lo que se leía de la primera página aparecía con todas sus letras que el objetivo final de la ENU consistía en establecer en Chile un sistema educacional igual al que regía en Alemania Oriental. Cuando a los pocos días estuvimos juntos, le indiqué que como amigo no podía dejar de expresarle mi profunda sorpresa ante el hecho que él estuviera en esa posición. Le argumenté que lo conocía como un hombre respetuoso de la democracia y de la libertad y que un sistema educacional como el que imponía Honecker en Alemania era la antítesis de esos valores. Me respondió que él no había firmado ese oficio. Le contesté que conocía perfectamente su firma y que la que estaba en el diario era la de él. Sin mirarme a la cara, me señaló: "Me falsificaron la firma". Como se comprenderá, quedé estupefacto. Al oír su respuesta le repliqué "Si las cosas son así, ¿cómo sigues de ministro? Pienso que como protesta ante aquello deberías renunciar de inmediato o hacer una limpieza a fondo de todos tus asesores". Manteniendo la mirada en el horizonte, me replicó: "Hay cosas que no te puedo contar y que hacen necesario que me mantenga en el cargo". Dentro de los constantes cambio de gabinete, al poco tiempo debió dejar la cartera de Educación.

Dicha historia por primera vez narrada constituye una buena demostración de cómo operaban dentro del gobierno de la UP las diferentes corrientes políticas y cómo no había límites para conseguir lo que cada grupo perseguía. Jorge Tapia pagó cara su experiencia en el Ministerio de Educación, pues después del 11 de septiembre fue prisionero en la Isla Dawson y luego debió salir a un largo exilio. Cuando en Chile volvió la democracia fue designado embajador y de regreso al país se radicó en el norte, donde fue ejecutivo de una importante universidad.